El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, condenó este viernes el acuartelamiento iniciado por policías de Santa Cruz por un reclamo salarial, ya que "incurren en un delito de sedición" que "debe ser severamente castigado", y calificó de "apología del delito" afirmar que este tipo de situaciones puede extenderse a otros distritos, como ocurrió el año pasado.

"Cualquier cuestión asociada al autoacuartelamiento es un delito", manifestó durante su habitual conferencia de prensa, sobre el conflicto iniciado ayer por grupos de policías en Caleta Olivia y Río Gallegos.

El funcionario kirchnerista dijo que existe la "comunicación correspondiente entre el Estado nacional y la Provincia" a raíz de la protesta policial y recordó la "posibilidad de convocatoria a un comité de crisis", tal como contempla la ley, pero no mencionó si la Nación había adoptado medidas de asistencia.

Capitanich recordó las rebeliones policiales de diciembre de 2013 que terminaron con una ola de saqueos en todo el país, violencia y muerte. Aseguró que fueron parte de "una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la República y la democracia".

"Esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe ser salvaguardar la seguridad publica", señaló el chaqueño.

El ministro indicó que en Caleta Olivia se rebelaron 260 uniformados "sobre el total de casi 5.000" que tiene la fuerza de seguridad en Santa Cruz, pero advirtió que estas acciones requieren de una "acción tanto preventiva como correctiva de los gobiernos provinciales".

Por último, denunció que hay sectores que tienen una "tendencia a construir apología del delito sistemático" cuando se afirma que "en diciembre va a ocurrir tal cosa", en referencia a posibles hechos de violencia.

Por lo tanto, indicó el funcionario, "es menester la acción tanto preventiva como correctiva por parte de los gobiernos provinciales" al recordar que "la potestad no delegada de las provincias instruye la seguridad pública".

A diferencia del año pasado, cuando la Casa Rosada desoyó los pedidos del gobernador cordobés Juan Manuel de la Sota para que se enviara la Gendarmería a la provincia que sufría el primer acuartelamiento del país, esta vez el gobierno nacional reaccionó a tiempo y mandó las fuerzas de seguridad a Santa Cruz.