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Ofensiva contra empresas: tras caso P&G, sancionan a General Electric, una malterí­a de AmBev y Monteverde

Ofensiva contra empresas: tras caso P&G, sancionan a General Electric, una malterí­a de AmBev y Monteverde
05/11/2014 - 10:15hs
Ofensiva contra empresas: tras caso P&G, sancionan a General Electric, una malterí­a de AmBev y Monteverde

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reiteró esta miércoles su pedido al Congreso para que se cree una comisión bicameral que "estudie la acción especulativa de grupos económicos, sean financieros o comerciales, que ejercen activamente lo que se denomina "terrorismo económico".

Al brindar su último informe del año ante la Cámara de Diputados, Capitanich apuntó además de a la ya suspendida P&G, a la reconocida General Electric, la Maltería Pampa S.A. - propiedad de uno de los principales accionistas brasileños más importantes de la cervecería Quilmes- y Monte Verde S.A., planta que Laboratorios Raffo posee en San Juan.

El jefe de ministros denunció a General Electric por "sobrefacturación de importaciones", algo que -dijo- "implica mayor egreso de dólares e incremento de la estructura de costos para generar un impacto del balance fiscal".

En tanto, advirtió que Monteverde incurrió en "subfacturación en exportaciones", provocando un "menor ingreso de dólares al país y un aumento de dólares en filial de destino".

Según detalló, "el 100 por ciento de las operaciones con Perú se facturan a un tercio de su valor", con un saldo de más de "16 millones de dólares".

Minutos más tarde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió un comunicado en el que el administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, con referencia a la denuncia del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich sobre empresas que habrían cometido maniobras fraudulentas, señaló que "son casos que se están investigando en sede administrativa, intercambiando información con administraciones tributarias y aduaneras de otros países, siguiendo los protocolos técnicos de los acuerdos suscriptos por la AFIP en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Organización Mundial de Aduanas (OMA)".

"Una vez concluida la tarea profesional de investigación por los técnicos de la AFIP - agregó Echegaray - y en la medida que el resultado de esas investigaciones arroje el impulso de una causa en sede judicial, procederemos a dar la información pública como se ha hecho recientemente en el caso de Procter & Gamble".¿Quién es quién?

Las tres firmas sancionadas este miércoles tienen una amplia trayectoria e importancia en el país, en cada uno de los rubros a los que pertenecen:

  • General Electric Argentina posee 94 años de trayectoria, 2.000 empleados y 5 plantas, donde participa en la construcción de infraestructura básica en diversos sectores, como iluminación, generación eléctrica, transporte aéreo y ferroviario, salud, tratamiento de agua, petróleo y gas y equipamiento para la industria. Sus establecimientos están ubicados en Buenos Aires (Pilar), provincia de Chubut (dos plantas), y cuenta con otras dos manufacturas en Join Venture con la marca Mabe (socio estratégico de GE Home & Business Solutions), en Buenos Aires y San Luis.
  • Maltería Pampa SA es una empresa perteneciente al grupo AMBEV, constituida en 1987, que cuenta con dos plantas industriales en Argentina y Uruguay.Es una de las principales importadoras y exportadoras de malta de la región. De hecho, es la segunda comercializadora a nivel local, con una capacidad de 180.000 toneladas, luego de Cervecería y Maltería Quilmes SA, que tiene un potencial de 200.000 toneladas, según la Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Posee alrededor de 180 empleados y la facturación estimada para el 2014 es de unos 20 millones de pesos.
  • Monteverde, de Laboratorios Raffo, se dedica a fabricar todo tipo de medicamentos, entre los que se destacan analgésicos, antibióticos y también medicinas oncológicas. Cubre el territorio nacional y exporta a diversos paísesPosee una planta en la provincia de San Juan, en la que invirtió 36 millones de dólares en su reciente ampliación. Es considerado un laboratorio de alta complejidad y trabajan allí más de 600 personas.

Claves de una operación ilícita

Durante años, la maniobra más común fue la de "subfacturar" compras al exterior.

Es decir, fijar en los registros de Aduana un precio menor al real para así pagar menos aranceles e impuestos y poder obtener un mayor margen de rentabilidad al momento de comercializar el producto en el mercado interno.

Sin embargo, a partir de la aplicación del cepo y del surgimiento del dólar blue, y conforme crecieron las restricciones para hacerse de divisas por el canal formal -que les impidió a las firmas girar utilidades o pagar a proveedores-, se dio el fenómeno inverso, es decir, declarar operaciones de importación por un monto mayor al real.

Mediante este mecanismo, las compañías se hacen de un "plus" con el que, o cancelan compromisos financieros contraídos con casas matrices o bancos del exterior, o bien cubren deudas asumidas con las fábricas que losabastecen con materias primas o insumos.

En el caso de Procter & Gamble, la AFIP denunció que detectaron unas 2.600 operaciones irregulares por las cuales ingresaron máquinas de afeitar, shampoo y pañales a precios sobrefacturados, dado que la compañía incluyó en el valor declarado en Aduana regalías y gastos de publicidad y administración, algo que no está permitido.

Para el organismo de control, al "inflar" el precio de estos artículos -provenientes de Brasil, pero facturados a través de un trader ubicado en Suiza- la compañía "fugó divisas al exterior" de manera ilegal.

Si bien la empresa realizó su descargo y negó que haya realizado maniobras fraudulentas, el titular de la AFIP dejó en claro que el siguiente paso será recuperar esos dólares para engrosar las reservas.

"El objetivo principal es que P&G reintegre al BCRA las divisas fugadas y que pague las sanciones aduaneras", declaró Echegaray.

El titular del organismo informó que se decidió suspender provisoriamente a la firma del registro de operadores decomercio exterior, al tiempo que se le bloqueó la CUIT, lo que le impide gestionar dólares ante el Banco Central.

Intranquilidad entre importadoresFuentes de la AFIP destacaron a iProfesional que, en el marco de esta investigación, "por el momento, Procter & Gamble es la única que fue suspendida del registro de operadores". 

Pero está claro que, con más de 1.000 empresas sospechadas de realizar maniobras ilícitas, en los próximos días habrá más novedades.

En el sector importador no ocultaron su preocupación. En este sentido, un referente de la actividad, que aceptó dialogar bajo estricto off the record, reconoció que "estamos mirando este caso con mucha inquietud".

"Es probable que, ante la imposibilidad de girar divisas o al no poder contar con más dólares para el pago de importaciones, algunas empresas hayan recurrido a estas maniobras. Pero también es cierto que tememos que, detrás de esto, exista una cuestión política". 

"No hay que olvidarse que la primera compañía involucrada es de origen estadounidense, justamente, el país con el que el Gobierno está enfrentado por la crisis con los holdouts", sostuvo el directivo consultado.

En tanto, el gerente de una cámara de electrónica, que también pidió reserva de identidad, al tratarse de un tema tan sensible, reconoció que "en el rubro tecnológico hay fuertes sospechas de que en los últimos meses se potenció lasobrefacturación debido, básicamente, a que se incrementaron las restricciones para contar con divisas".

En efecto, a medida que se fueron deteriorando las reservas y ante las perspectivas de que las mismas podrían perforar el piso de los u$s20.000 millones para diciembre, el Banco Central dejó de habilitar dólares a grandes compañías para el pago de compromisos en el exterior.

Se estima que, al día de hoy, la entidad que conduce Alejandro Vanoli dejó de entregar dólares para cubrir operaciones de importación por entre u$s5.500 y u$s6.000 millones.

De ese total, el 50% correspondería a compras realizadas por automotrices; un 25%, a fabricantes de electrónica, en tanto que el resto se reparte entre empresas de retail, alimenticias y textiles, entre otros rubros.

A esta cifra habría que sumarle otros u$s500 millones que no pudieron girar las líneas aéreas, lo que motivó que algunas compañías decidieran limitar los servicios que ofrecen en la Argentina.

Paralelamente, el Gobierno también decidió "cuotificar" la entrega de dólares para cancelar compromisos en el exterior. Además, los montos que se habilitan -aseguran desde cada rama de actividad- son muy inferiores a los querealmente necesitan para poder abastecerse con materias primas y componentes.

No sólo eso: el Gobierno también se mantuvo inflexible respecto del giro de utilidades a las casas matrices. De hecho, desde el Ministerio de Economía les pidieron a las empresas radicadas en el país que fueran las centraleslas que les ampliaran el "crédito" para poder seguir operando.

Para Gabriel Caamaño Gómez, economista del Estudio Ledesma, al fijar tantas limitaciones, lo que se terminan generando son muchos incentivos para realizar este tipo de maniobras.

"Hay empresas que buscan la forma de sacar más dólares de los que realmente les autorizan para poder cancelar deudas con sus proveedores girar ganancias a sus países de origen", sostuvo el experto. 

En este marco, el señaló que "con las casas matrices, esto se logra ´inflando´ los precios de referencia", es decir, el valor que se declara a un producto determinado ante la Aduana en aquellas operaciones que sonrealizadas dentro de la propia compañía. 

En el caso de los proveedores del exterior, "el importador en la Argentina también arregla un precio más elevado para así obtener un monto de dólares superior de parte del BCRA y enviarlo fuera del país. En cualquiera de los dos casos, la firma necesita un ´socio´ para realizar estas maniobras".

Fernando Baer, director de la consultora Bconomics, estimó que en 2013 fueron susceptibles de sobrefacturación importaciones por un monto cercano a los u$s12.000 millones. Y destacó que, este año, los incentivos para avanzar con estas operaciones ilícitas se profundizaron.

"Tras la devaluación de enero, la brecha no superaba el 30%. Pero luego, el gap se terminó ampliando y llegó a estar por encima del 70%, para ubicarse en la actualidad levemente arriba del 60%, que igualmente es un nivel muy elevado", destacó el analista.

Según Baer, "cuando se tiene un bien escaso, como es el dólar al precio oficial, y la única forma de acceder a él es a través de las importaciones, pero en el medio hay trabas y perspectivas de una futura depreciación del peso, entonces crecen los incentivos para realizar estas maniobras". 

En este contexto en el que el Gobierno busca cuidar reservas reforzar la recaudación, P&G ha sido el primer nombre en hacerse público. Con mil casos bajo estudio, en los próximos días aparecerán nuevos nombres que sacudirán la agenda empresaria.

Qué dice la leyDe acuerdo a los especialistas, el terrorismo económico es llevado a cabo por actores internacionales no estatales. Puede englobar acciones coordinadas y sofisticadas o desestabilizadoras masivas, con el fin de irrumpir en la estabilidad económica de un estado, un grupo de estados o una sociedad.

En ese sentido, el Congreso sancionó en 2011 una serie de leyes en materia penal económica, que tienden a tutelar el orden económico y financiero y combaten el terrorismo. Son las leyes 26.733 y 26.734.

De acuerdo a estas normas, serán considerados como delitos de terrorismo los actos que sean "cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población" u obligue a gobierno nacional o extranjeros "a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

En cuanto a la temática bursátil crea cinco nuevos delitos:

- El uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa.

- La captación fraudulenta de ahorros públicos.

- El cohecho financiero.

- La manipulación de valores negociables.

- La captación de ahorros.

El nuevo artículo 309 establece penas de prisión, multa e inhabilitación especial para quienes realizaren actividades de intermediación financiera sin autorización de la autoridad competente, o captaren ahorros del público en el mercado de valores o prestaren servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables sin autorización del regulador respectivo.

De acuerdo a la norma, cuando esos hechos delictivos hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad, conjunta o alternativamente, multas de dos a diez veces el valor de los bienes objeto del delito, suspensión total o parcial de actividades, suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales, cancelación de personería y/o publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.

Estas reformas reflejan recomendaciones que recibió la República Argentina de parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado al desarrollo y establecimiento de políticas a nivel nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. 

Por otra parte, en materia de mercados, estas modificaciones legislativas castigan penalmente a algunas conductas que hasta fines del 2011 sólo eran consideradas infracciones administrativas a cargo de la Comisión Nacional de Valores (CNV).