Los activos dolarizados son un imán para los ahorristas en tiempos de alta incertidumbre. El ministro Axel Kicillof lo descubrió en las últimas semanas y parece haberse transformado en el más fervoroso partidario de estos verdaderos "seguros de cambio" como forma de mantener las aguas calmas en el plano financiero. 

Por eso, el Gobierno realizó a fines de octubre su primera emisión de un bono a dos años (el Bonad 2016) pagadero en pesos, pero ajustable por tipo de cambio oficial, que logró una demanda sostenida en el mercado.

Ahora el Ejecutivo anunció una nueva colocación (el Bonad 2018), por lo que se estaría totalizando el equivalente a u$s2.000 millones en estos títulos con vencimiento en 2016 y 2018.

Según Jorge Vasconcelos, economista del IERAL, de la Fundación Mediterránea, "el Gobierno apunta a lograr varios objetivos a la vez con esta política de financiamiento."

El analista sustenta esta afirmación en que el Ejecutivo "desalienta la ampliación de la brecha cambiaria, reduce las presiones inflacionarias -por la menor demanda de pesos al Banco Central-, otorga un seguro de cambio a los importadores que no han podido cancelar sus obligaciones y le quita presión a la necesidad de llegar a un acuerdo con los holdouts apenas arranque el 2015."

Llega la fiesta de bonos atados al dólar

Es de esperar que, ante la falta de crédito externo, este mecanismo de lanzar títulos atados a la suba del tipo de cambio se multiplique en los próximos meses. "Se está aumentando la deuda pública con vencimientos de muy corto plazo. Además, al ser los bonos indexados al tipo de cambio oficial, estos compromisos pueden llegar a ser muy caros si el próximo Gobierno decide unificar el mercado de cambios", enfatiza Vasconcelos.

En esto coincide el economista Carlos Melconian, que advierte sobre los riesgos de avanzar en un festival de bonos como solución a los problemas de fondo de la economía. 

"Para bajar el blue, a la administración kirchnerista se le dio ahora por regalar dólares a $8,50, a partir de la emisión de bonos atados a la suba del tipo de cambio", afirma.

"Esto es algo muy preocupante, porque el "balurdo" lo heredará el próximo Gobierno, ya que estos títulos deberán pagarse en dos años. La medicina de regalar papelitos a $8,50 es una anormalidad que recaerá en la próxima gestión", completa.

Por el Bonad 2016, el Gobierno consiguió el equivalente a u$s983 millones ($8.345 millones), algo que festejó ampliamente porque el plan original era colocar u$s500 millones y la demanda superó las previsiones.

La administración K quedó tan conforme con el resultado que se animó a una segunda parte. Días atrás se confirmó el lanzamiento del nuevo bono "dólar linked", esta vez por un monto potencial de u$s1.000 millones.

La estrategia va en línea con dos grandes objetivos que se fijó el ministro Kicillof: restar liquidez del mercado y, simultáneamente, mejorar la posición de reservas del Banco Central.

En una primera etapa, la administración colocó este papel entre los bancos y compañías de seguros.

Estas compañías suelen ser reacias a dejar sus portafolios de inversión con demasiados activos en pesos, dado que eso las expone demasiado al riesgo de la desvalorización.

Es por este motivo que el Gobierno, para compensarlos por esa presión a tomar un título en moneda local, les otorgó este título com seguro de cambio.

Al mismo tiempo, las conversaciones entre los exportadores de cereales y los funcionarios del equipo económico sirvieron para poner sobre la mesa la posibilidad de ofrecerles bonos dólar linked.

El objeto es claro: incentivar a que en estos meses de bajos ingresos de divisas haya una mayor liquidación de "sojadólares".

Todo sea por bancar el gasto Nac&PopPara Vasconcelos, a lo largo de los últimos años el Ejecutivo ha recurrido a múltiples mecanismos de financiamiento para "bancar" el elevado gasto público.

"Primero avanzó en una fortísima suba de la presión impositiva. Después en la estatización de los activos de las AFJP. Luego, en el uso intenso de las reservas del Banco Central, junto con el explosivo aumento de la emisión monetaria", explica el economista.

Y agrega: "Como los fallos de la justicia estadounidense impidieron volver a emitir bonos en el exterior -y ante el agotamiento de aquellos instrumentos-, ahora se abre paso a la colocación de deuda interna pagadera en pesos. Pero no se recurre a títulos que abonen una tasa de interés fija, porque no tendrían suficiente demanda."

Esto hace que el instrumento elegido por el Gobierno sea bajo el formato de dólar-linked (como la serie del Bonad), porque ajusta por la evolución del tipo de cambio oficial.

Así, según Vasconcelos, "puede aspirar a tener volúmenes importantes de nueva deuda dolarizada, aunque pagadera en moneda local."

"Se trata de una muy buena opción para los ahorristas, que encuentran alguien del otro lado del mostrador dispuesto a endeudarse con una cláusula que pocos elegirían; después de todo pagan los contribuyentes, no los funcionarios", sostiene.

En su visión, si el próximo Gobierno decide unificar los mercados cambiarios, "la cotización oficial subirá para acomodarse en un andarivel intermedio en la brecha que hoy la separa del blue".

El analista de la Fundación Mediterránea recuerda que, en otros tiempos los mecanismos de financiamiento del Estado eran objeto de acalorados debates parlamentarios a la hora de aprobarse el presupuesto de cada año.

"Ahora ese hábito se ha perdido. Sin ir más lejos, el sustento legal del Bonad se apoya en la ley de Presupuesto de...2007", advierte. Endeudamiento interno "mata" el externo

"Puede alegarse que el nivel de endeudamiento del sector público no es tan elevado y que, por ende, el Gobierno puede darse este lujo. Sin embargo, la cuenta actual no es tan holgada, aún sin computar el monto que podría agregarse por los nuevos bonos ajustables por el tipo de cambio oficial", subraya Vasconcelos.

Según sus cálculos, el stock de deuda pública equivale al 37% del Producto Bruto Interno (PBI). Aunque aclara que algunos analistas computan un índice menor, porque excluyen los instrumentos que están en manos de la ANSES.

Considera que ese cálculo es un autoengaño, porque los compromisos con los futuros jubilados deberán ser cumplidos por parte del sector público, con igual o más razón que si fueran acreedores privados. 

"A los 37 puntos del PBI actuales hay que agregarles los juicios perdidos pero no cancelados con los actuales jubilados por las diferencias en las actualizaciones de sus haberes. A ello adicionarse el arreglo al que eventualmente se llegue con los llamados ‘fondos buitre' y con todos los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010", sostiene.

Si se contemplan estos compromisos, la deuda pública podría engrosarse unos 15 puntos.

"Sumando lo contabilizado y las deudas pendientes se llegaría a una cifra en torno a 52% del PBI para la deuda pública nacional", remarca el analista.

A esa cifra habría que adicionarle los compromisos de cortísimo plazo del Banco Central (Lebac y Nobac), que la elevarían unos cinco puntos.

"Con esto 

El mundo no juega tan a favor de Argentina

"El riesgo de un nuevo festival de bonos, esta vez de la mano de los Bonad, tiene que ver, justamente, con el rojo cada vez más agudo de las cuentas públicas, que no muestra ningún signo de reversión. Cubrir el déficit con deuda interna implica derivar ahorros privados a gasto público", sentencia.

Para Vasconcelos, el aumento del endeudamiento por vía de ese tipo de instrumentos puede aplacar algunas de las tensiones más inmediatas del mercado financiero, pero tiene altos costos derivados de la cláusula de ajuste y por los plazos cortos de vencimiento.

En su visión, "las condiciones externas para la Argentina ya no son las que permitieron años de fuerte crecimiento del PBI. Las importaciones de los países que son nuestros principales socios comerciales se expanden a menor ritmo y la cotización de los productos agrícolas ha recortado una fracción significativa respecto de sus picos."

Al igual que Vasconcelos, varios analistas creen que el nuevo contexto obliga a un profundo replanteo de los objetivos e instrumentos de política económica, de modo ampliar el horizonte para las decisiones de inversión.

"Sin embargo, lo que tenemos a la vista es una sucesión de impulsos de corto plazo y, la mayoría de ellos, a contramano de lo que se necesita en función del largo plazo", finaliza Vasconcelos.