Si faltaba una señal para que el Gobierno tomara nota del cambio de clima, esta semana terminó de encenderse la última bombilla colorada, con la generalización de los reclamos salariales y la rebelión en marcha dentro de los gremios más oficialistas, que desplazaron a los buitres del centro de la escena escogido por la Presidenta para dar su gran batalla política de cara a las elecciones.

En un gesto de indisciplina, el gremio telefónico, uno de los que se ha mantenido aliado a la Casa Rosada, avisó que ejecutará la cláusula gatillo existente en su acuerdo salarial para reabrir la paritaria medio año antes de su vencimiento, contradiciendo las órdenes oficiales y alimentado uno de los fantasmas más temidos por los empresarios.

La justificación de los telefónicos es otra bofetada a los funcionarios K: alegan un aumento de precios y un malestar en sus representados. Así reconocen que la suba del 30% firmada en junio fue neutralizada por la inflación.

"Hay una inflación que ya ha absorbido los aumentos salariales establecidos para este año, y esto tiene que ser compensado con una remuneración, es un reclamo genuino de los trabajadores", señalaron desde uno de los sindicatos.

Hasta ahora las autoridades se oponían con firmeza a otorgar bonos de fin de año, reabrir acuerdos salariales y realizar cambios en Ganancias.

Sin embargo, en los últimos días, ante la proliferación de frentes abiertos y la amenaza inclusive de un paro general en los propios pagos de Cristina Kirchner, los funcionarios tuvieron que lanzar un plan de contención.

Como parte de las nuevas directivas, el Ejecutivo abrió mesas de negociación y en más de un caso habilitó la posibilidad de que empresas y gremios acuerden sumas compensatorias de los descuentos de Ganancias. Ese fue el caso de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, Camioneros patagónicos y el de los petroleros, que todavía deben cerrar los últimos detalles.

Pese a todo, la imagen de estabilidad que el oficialismo quería reforzar antes de fin de año enfrentó serios obstáculos: en tan sólo cinco días, hubo cinco paros y el Ministerio de Trabajo debió decretar al menos tres veces la conciliación obligatoria para frenar las protestas.

Con todo, el indicador más alarmante proviene de las propias filas del sindicalismo K. Luego de que la UOM, un gremio clave de la industria alineado al Gobierno, impulsara un paro general en el sur del país y presionara por un bono de fin de año, ahora los telefónicos patearon el tablero con un reclamo que es rechazado de plano por la Rosada.

Por medio de una nota, los gremios de la actividad comunicaron a Telecom y Telefónica que activaban la cláusula planteada en el acta paritaria, por la cual "mediante la voluntad de cualquiera de las partes se declara reabierta la paritaria salarial" y solicitaron una reunión para fin de mes.

Cláusula gatillo

Si bien la opción de reapertura está presente en los acuerdos del sector desde hace tiempo, esta vez la dirigencia sindical decidió recurrir a la misma "debido a la situación de incrementos de precios y los justificados reclamos" de los trabajadores, según indicaron en la nota.

"Venías ganándole a los precios, ahora hay que ver porque algún tipo de corrección de precios va a haber", dijo a iProfesional Claudio Marín, secretario adjunto de Foetra, el principal sindicato de telefónicos, y secretario gremial de la CTA encabezada por Hugo Yasky.

En junio, la mesa de unidad sindical que agrupa a jerárquicos (Upjet), supervisores (Fopstta) y empleados de base (representados por las federaciones Foessitra y Fatel), había acordado con las empresas del sector un aumento del 18% en julio y 12% en enero del año próximo.

El arreglo llevó el salario básico inicial a $4.100 (con adicionales y sumas en negro, $8.245) pero no fue bien recibido por las bases de Foetra (Fatel) que sorprendieron a su conducción kirchnerista en una asamblea, donde rechazaron la propuesta por 1.100 votos contra 400, al considerar que en el año sólo iban a percibir sólo una suba del 18%, mientras que la inflación anual estimada por privados alcanzaría el 40%.

La negativa al acuerdo fue impulsada por la oposición, liderada por agrupaciones de izquierda, y sectores vinculados a la CTA de Pablo Micheli y la CGT de Hugo Moyano, que en las elecciones de julio, obtuvieron un 38% de los votos frente a la lista Azul y Blanca, encabezada por el secretario general de los telefónicos, Osvaldo Iaradola, que ganó con el 62 por ciento.

Dilema sindicalLa cúpula de Foetra es un caso atípico y tal vez por ello uno de los sindicatos preferidos por La Cámpora. A diferencia de la mayor parte del gremialismo oficialista, que comulga con el peronismo ortodoxo y por lo bajo rechaza muchas de las banderas K, los dirigentes telefónicos son progresistas de pura cepa, con militancia pasada en el Peronismo de Base y Montoneros, y vínculos con el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) de Moyano en los ´90, cuando enfrentaron las privatización de ENTEL.

En la actualidad, el nexo con Andrés "Cuervo" Larroque es tan aceitado que su agrupación ha utilizado en varias ocasiones las instalaciones del mayor sindicato de telefónicos, que tiene cerca de 16.000 afiliados e integra el núcleo privilegiado de organizaciones oficialistas escogidas por el Ministerio de Trabajo para participar de sus programas de capacitación y formación sindical, que incluyen asistencia técnica y financiera.

En tanto, Iaradola y sus seguidores formaron parte del lanzamiento del satélite ARSAT, participaron en la elaboración de la Ley de Telecomunicaciones y levantan la candidatura del entreríano Sergio Urribarri.

No obstante, la revitalización de los reclamos registrada en los últimos días a nivel nacional, incluso en sectores identificados con el Gobierno, terminó de convencer a la dirigencia telefónica de reabrir la discusión salarial.

"La realidad del poder adquisitivo no distingue posiciones políticas y golpea por igual a todos nuestros compañeros", reconocieron los sindicalistas defensores del "proyecto nacional y popular".

Habrá que ver ahora cómo resuelven la disyuntiva en la que se encuentran, tal como ellos la describen, de "jugar al límite, entre responder a lo que la gente necesita y no hacer al juego a los formadores de precios".