La Comisión de Legislación Penal de Diputados emitió dictamen a favor del proyecto que establece sanciones para los casos de abandono de servicio del personal integrante de las fuerzas de seguridad, pese a algunas disidencias del radicalismo y de la Coalición Cívica.

La propuesta elaborada por el senador kirchnerista Aníbal Fernández ya tiene media sanción de la cámara alta y prevé modificaciones al Código Penal para sancionar con multas e inhabilitación, e incluso cárcel al personal de las fuerzas de seguridad que hagan abandono de servicio.

"Hay antecedentes jurisprudenciales de la Corte que dicen claramente que si uno entró a la Policía, acepta las reglas de juego de la Policía. Yo no estoy diciendo que hay que despreciar el reclamo. Hay que dejar los canales abiertos", dijo esta mañana el autor del proyecto que se convertiría en ley el 3 de diciembre, en la primera sesión de la prórroga del período ordinario.

La iniciativa surgió como respuesta a las huelgas policiales que se produjeron en diciembre del año pasado en varias provincias del país y que derivaron en una ola de saqueos.

El diputado Fernando Javkin (Coalición Cívica-ARI) expresó que estaba de acuerdo con enviar una señal política y explicó que, "en función de lo que pasó estamos dispuestos a acompañar", aunque anticipó que el bloque que lidera Elisa Carrió va a "presentar unas disidencias" porque hay "algunas inconsistencias de tipo penal".

El legislador por Santa Fe sostuvo que "merecería un debate más profundo de la figura del abandono de servicio" al tiempo que reclamó "avanzar con el debate de la sindicalización" de la policía para "no discutir en situaciones extorsivas pero si en una discusión razonable".

El radical Manuel Garrido también cargó contra la propuesta impulsada por el oficialismo al apuntar que "no guarda relación entre las penas" y porque se va a "tipificar algo que ya está en el Código Penal". Sin embargo, Garrido confirmó que su bloque va a "acompañar con disidencia parcial".

El sanjuanino Daniel Tomas (Frente para la Victoria) clausuró cualquier tipo de reclamo al remarcar que el proyecto es "preciso" en sus términos y enfatizar que "la Cámara de Diputados está en condiciones de votarlo". Incluso, el oficialista Héctor Recalde sostuvo que "el Congreso no puede estar ajeno" a la situación y resaltó que "este momento es muy oportuno para que demos un mensaje no sólo a la sociedad sino también a las fuerzas de seguridad y a los jueces".

No obstante, la kirchnerista Diana Conti, vicepresidenta de la comisión, aclaró que "el abandono del acto de servicio, no es un simple abandono, sino "a sabiendas del acto injustificado".

El dictamen enviado por el Senado establece "multas de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año" para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires que abandonen su puesto sin autorización.

También fija penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos para aquel personal que tenga a cargo el cuidado de personas o bienes y que "a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de su función".