El ministro de Economía, Axel Kicillof, recibió buenas noticias del exterior, pues el pedido argentino de atacar los problemas que ocasionan los fondos buitres en las reestructuraciones de las deudas soberanas está siendo analizando por los organimos internacionales.

En efecto, la presidencia del Grupo de los 20 (países desarrollados y emergentes más influyentes del mundo) y el Club de París (las principales naciones acreedoras) organizaron la segunda edición del "París Forum", en el que discutieron el futuro de las deudas soberanas. De la reunión también participaron el Fondo Monetario Internacional, miembros de la Unión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y el Banco de Ajustes Internacionales.

Ángel Gurria, secretario general de la OCDE (organización que agrupa a las naciones más desarrolladas) remarcó la importancia de encontrar un marco contractual para las deudas soberanas, permitiendo el uso de mecanismos de mercado que aseguren el financiamiento de las naciones y permitan lidiar con situaciones en las que se registren incumplimientos.

Cabe recordar que esta temática fue tratada por la delegación argentina que encabezó el ministro Kicillof.

Se señala también que los miembros del G20 "acogieron con beneplácito el trabajo internacional en el fortalecimiento de las acciones de pari passu y colectivas".

Según Ambito, los líderes del G-20 solicitaron que sus ministros de finanzas y autoridades monetarias discutan los progresos realizados sobre éste y otros asuntos relacionados.

Los participantes en el foro de París convinieron en que sería útil compartir regularmente la experiencia técnica sobre enfoques para la resolución colectiva de las crisis de deuda soberana.

Los participantes también estuvieron de acuerdo en que el Club de París y el Foro de París sigan desempeñando un papel clave la coordinación positiva entre los acreedores y los deudores.

Hubo coincidencia en cuanto a que la diversificación de las fuentes de financiamiento, incluyendo emisiones de bonos internacionales, conlleva beneficios para el desarrollo de los países emergentes y, en particular, para financiar la inversión pública productiva.

Aunque también conlleva riesgos para la sostenibilidad de la deuda y en términos de la exposición a los tipos de cambio y los riesgos de refinanciación. "Las acciones de política por lo tanto deben centrarse en el desarrollo sostenible, la inversión pública y el fomento de la capacidad de gestión de la deuda", concluye el documento.