Las primeras pruebas de la causa Hotesur -empresa que maneja Alto Calafate, hotel de la Presidenta- complican a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo. 

El jueves pasado, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli allanaron la IGJ en busca del legajo de la firma investigada. Dicha información deberá ser analizada por la Justicia.

La causa Hotesur busca determinar si esa empresa funcionó de modo ilegal gracias a la protección del Gobierno.

Kirchner afirmó en su última declaración de bienes que sus acciones en esa compañía hotelera tenían un valor de $9.367.528,8.

El hotel de Hotesur fue administrado hasta fines del año pasado por el cuestionado empresario Lázaro Báez, investigado en causas de lavado de dinero en Suiza, Uruguay y Argentina. Báez fue acusado de haber contratado habitaciones del Alto Calafate que nunca fueron ocupadas y se sospecha que se habría tratado de una maniobra típica de quienes buscan lavar dinero.

Es por eso que el expediente Hotesur podría abrirse hacia pesquisas de delitos financieros vinculados a la corrupción. Las primeras sospechas de los investigadores de la causa, mientras tanto, empiezan a tener un respaldo probatorio.

En el legajo de Hotesur que estaba en la IGJ se confirma que en todos los trámites que la compañía realizó ante ese organismo registró como sede a un domicilio en el que en realidad no hay nada: Lavalle 975 piso cuatro departamento cinco. Esas oficinas fueron allanadas el jueves pasado y estaban vacías y en alquiler, consigna Clarín. Un abogado aseguró ser el dueño del lugar desde hace cuatro años, y descartó tener alguna vinculación con el hotel presidencial. Los Kirchner declararon haber comprado el Alto Calafate en 2008.

Pero en abril de 2012, por ejemplo, Hotesur presentó ante la IGJ su declaración jurada de actualización de datos: en ese trámite se lee que la firma volvió a inscribir como sede a Lavalle 975. Las sociedades comerciales tienen la obligación de informar la dirección de su sede activa. La IGJ supo que algo pasaba en ese domicilio porque a fines del 2013 intimó a Hotesur por sus incumplimientos pero la carta volvió rebotada. No hubo acciones estatales para ver qué había pasado.

A todo esto se suman otras novedades sobre el hotel presidencial. Según la documentación de la IGJ, la firma adeuda sus balances del 2011, 2012 y 2013. El último estado contable presentado es el de los años 2009-2010.

Esos papeles, cruciales para conocer las finanzas del hotel de los Kirchner, no llevan la firma avalatoria de contadores. No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación.

La aprobación de esos balances de Hotesur fue realizada, según declaró la compañía, en una asamblea del 2011. En el acta que reproduciría ese encuentro figura que estuvo presente el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, y que aprobó esos ejercicios contables, aunque no está su firma en ese papel. Ese documento afirma que la reunión de la cúpula de Hotesur se hizo en la oficina hoy fantasma de Lavalle 975. 

¿Máximo estuvo en Lavalle 975 y aprobó esos estados contables? Es probable que la Justicia busque respuestas a ese interrogante. Los documentos de Hotesur muestran que al menos al 2011 sus acciones estaban bajo control de la "sucesión" de Néstor Kirchner.

La Presidenta declaró que su parte de Hotesur vale $ 9.367.528,8. Y dijo que tiene una deuda con la empresa por $4.683.848,68.

El jueves pasado, la supuesta sede la empresa fue allanada, pero los Kirchner no hicieron declaraciones. El oficialismo embestió contra el juez Bonadio, al que acusa de estar haciendo "golpismo".

Voz oficialHasta ahora, el Gobierno no desmintió con documentación respaldatoria la información sobre el sospechoso funcionamiento de Hotesur.

Sin embargo, la escasa e incompleta documentación obrante dentro de la IGJ sobre la sociedad anónima de la familia Kirchner contradice la versión que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El funcionario, en su conferencia de prensa del viernes, habló de "hostigamiento judicial" y de "golpismo activo del Poder Judicial", términos que fueron duramente criticados.

"Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria", afirmó Capitanich, quien planteó que "la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente".

Según informó la IGJ mediante un comunicado, y el jefe de Gabinete repitió dos veces durante su conferencia de prensa, "Hotesur SA se encuentra entre las sociedades activas que han presentado la declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis".