En respuesta a las denuncias y al allanamiento efectuado la semana pasada por el juez Claudio Bonadio, la empresa Hotesur emitió un comunicado oficial en el confirma que no presentó la documentación en la IGJ pero aclaró que no tiene deudas en la AFIP.

El texto, que comienza recordando que Bonadio fue "ex secretario de (el ex funcionario menemista) Carlos Corach, admite "fallas formales en los procesos administrativos legales de inscripción del cambio de domicilio" (que pasó de Capital Federal a Santa Cruz) y que se encuentra "en un proceso de normalización" ante la IGJ.

Sin embargo, remarca que los balances de 2011 a 2013 fueron remitidos a la AFIP, dando "cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas".

En el comunicado,la empresa acusó a "medios claramente opositores al gobierno" que publicaron notas "en forma maliciosa, sistemática y coordinada", en consonancia con la maniobra "de un miembro de la oposición partidaria" que denunció ante el juez Claudio Bonadio, quien es "ampliamente conocido por las múltiples denuncias que desde su nombramiento se vienen acumulando".

"Sin ir más lejos -agregó la empresa- hoy tiene más de nueve causas en el Consejo de la Magistratura, algunas vinculadas a hechos acaecidos en la década de los 90 y otros más contemporáneos, es conveniente realizar las siguientes consideraciones".

En primer lugar, el texto enuncia que "Hotesur SA ha efectuado el cumplimiento de todas sus obligaciones contables y fiscales en tiempo y forma. Los estados contables por los ejercicios económicos cerrados al 31/10/2009; 31/10/2010; 31/10/2011; 31/10/2012; y 31/10/2013 han sido confeccionados, auditados y legalizados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos conforme a las disposiciones emergentes de la ley de Sociedades Comerciales y normas contables".

Asimismo, "la sociedad ha dado cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas por dichos períodos. Cumplimentado inclusive, a la fecha, el pago del anticipo del impuesto a las ganancias del año 2014. En pocas palabras, Hotesur SA no adeuda impuestos a la AFIP".

Por otra parte, aclaran que "al momento de la adquisición del paquete accionario de la sociedad, la misma tenía domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho domicilio, se decidió modificar a la Provincia de Santa Cruz por Asamblea de Accionistas realizada en el mes de Marzo de 2010, fecha ésta indubitada ya que el libro de asamblea está firmado por su entonces socio Dr. Néstor Carlos Kirchner. Estando en trámite la cancelación de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"Hotesur S.A. decidió realizar este cambio de jurisdicción, ya que en la Provincia de Santa Cruz es el lugar donde se desarrollan las actividades económicas de la empresa. Asimismo es en ésta Provincia donde la empresa tiene su domicilio fiscal, el cual es de público conocimiento desde la página web de la AFIP", sigue el comunicado.

Además, destacan que "lo que aquí pretenden presentar como delictivo es un trámite de inscripción ante la IGJ. Que es el "domicilio de la sociedad", domicilio que determina la jurisdicción en la cual queda sometida la sociedad, no siendo dicho domicilio donde habrá de funcionar la dirección y administración de la sociedad. Concepto legal que ningún abogado puede ignorar, y menos aún, un juez".

"Resulta más que evidente que nuestro domicilio está en la provincia de Santa Cruz como es de conocimiento general: desde la publicación fotográfica en la página oficial del hotel Alto Calafate, único inmueble propiedad de Hotesur S.A., está ubicado en la provincia de Santa Cruz, como también el domicilio de sus accionistas", afirman según consignó Télam.

"La demora en la formalización de trámites administrativos cuyo incumplimiento podría llegar como máximo a una multa de hasta Pesos tres mil ($3000) conforme ordena la Resolución 267/90 de la Secretaría de Justicia desenmascara la operación de prensa que se ha montado por esto, y lo que es peor, revela groseramente la actitud desmedida de un juez federal que manda a allanar dos organismos del estado por este supuesto incumplimiento. Confirmando lo que constituye una operación mediática-judicial con la infaltable complicidad de sectores de la oposición partidaria y vaya a saber con que otra apoyatura externa, contra la Presidenta y sus hijos".

"En síntesis -afirma la empresa- resulta absurdo que fallas formales en los procesos administrativos legales de inscripción del cambio de domicilio de una sociedad, dentro del propio país, la quieran transformar en materia de sospechas y de denuncias".

Por otro lado, Hotesur comunica que está "en un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable ante IGJ de los períodos 2011, 2012 y 2013, aclarando también que dicha documentación fue presentada en tiempo y forma ante otro organismo del estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI. Inclusive con copias de nuestros estados contables auditados, certificados y legalizados.

Por ende no hay una maniobra de ocultamiento de nuestra situación económica y financiera, toda vez que si hubiera existido la misma, entonces no se habrían presentado en ningún organismo, cosa que no fue así".

Por último, comunicado afirma que "se demuestra la real malicia de la operación mediática-judicial cuando se pone en duda la deuda que declara la Dra. Cristina Fernández de Kirchner con Hotesur S.A., que corresponde a su participación como parte de la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, en su condición de cónyuge supérstite.

Resulta insólito que ésta práctica legítima, legal y habitual en cualquier sociedad de familia, donde sus accionistas retiran a cuenta de dividendos los fondos obtenidos, quiera ser presentada como una maniobra delictiva".

La causaLas primeras pruebas de la causa Hotesur -empresa que maneja Alto Calafate, hotel de la Presidenta- complican a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo. 

El jueves pasado, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli allanaron la IGJ en busca del legajo de la firma investigada. Dicha información deberá ser analizada por la Justicia.

La causa Hotesur busca determinar si esa empresa funcionó de modo ilegal gracias a la protección del Gobierno.

Kirchner afirmó en su última declaración de bienes que sus acciones en esa compañía hotelera tenían un valor de $9.367.528,8.

El hotel de Hotesur fue administrado hasta fines del año pasado por el cuestionado empresario Lázaro Báez, investigado en causas de lavado de dinero en Suiza, Uruguay y Argentina. Báez fue acusado de haber contratado habitaciones del Alto Calafate que nunca fueron ocupadas y se sospecha que se habría tratado de una maniobra típica de quienes buscan lavar dinero.

Es por eso que el expediente Hotesur podría abrirse hacia pesquisas de delitos financieros vinculados a la corrupción. Las primeras sospechas de los investigadores de la causa, mientras tanto, empiezan a tener un respaldo probatorio.

En el legajo de Hotesur que estaba en la IGJ se confirma que en todos los trámites que la compañía realizó ante ese organismo registró como sede a un domicilio en el que en realidad no hay nada: Lavalle 975 piso cuatro departamento cinco. Esas oficinas fueron allanadas el jueves pasado y estaban vacías y en alquiler, consigna Clarín. Un abogado aseguró ser el dueño del lugar desde hace cuatro años, y descartó tener alguna vinculación con el hotel presidencial. Los Kirchner declararon haber comprado el Alto Calafate en 2008.

Pero en abril de 2012, por ejemplo, Hotesur presentó ante la IGJ su declaración jurada de actualización de datos: en ese trámite se lee que la firma volvió a inscribir como sede a Lavalle 975. Las sociedades comerciales tienen la obligación de informar la dirección de su sede activa. La IGJ supo que algo pasaba en ese domicilio porque a fines del 2013 intimó a Hotesur por sus incumplimientos pero la carta volvió rebotada. No hubo acciones estatales para ver qué había pasado.

A todo esto se suman otras novedades sobre el hotel presidencial. Según la documentación de la IGJ, la firmaadeuda sus balances del 2011, 2012 y 2013. El último estado contable presentado es el de los años 2009-2010.

Esos papeles, cruciales para conocer las finanzas del hotel de los Kirchner, no llevan la firma avalatoria de contadores. No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación.

La aprobación de esos balances de Hotesur fue realizada, según declaró la compañía, en una asamblea del 2011. En el acta que reproduciría ese encuentro figura que estuvo presente el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, y que aprobó esos ejercicios contables, aunque no está su firma en ese papel. Ese documento afirma que la reunión de la cúpula de Hotesur se hizo en la oficina hoy fantasma de Lavalle 975. 

¿Máximo estuvo en Lavalle 975 y aprobó esos estados contables? Es probable que la Justicia busque respuestas a ese interrogante. Los documentos de Hotesur muestran que al menos al 2011 sus acciones estaban bajo control de la "sucesión" de Néstor Kirchner.

La Presidenta declaró que su parte de Hotesur vale $ 9.367.528,8. Y dijo que tiene una deuda con la empresa por $4.683.848,68.

El jueves pasado, la supuesta sede la empresa fue allanada, pero los Kirchner no hicieron declaraciones. El oficialismo embestió contra el juez Bonadio, al que acusa de estar haciendo "golpismo".