El kichnerismo dejará al próximo gobierno un déficit fiscal de 5% del producto bruto interno (PBI), equivalente a más del doble de la inversión actual en infraestructura.

Así lo revela una investigación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento dado a conocer por La Nación.

El informe estima que, aun con condiciones económicas ideales, internas y externas, la Argentina tendría que esperar por lo menos hasta 2017 para volver a ver un superávit en sus cuentas públicas. 

Los autores del informe, el director del área de Desarrollo Económico del centro de estudios, Lucio Castro, y el ex ministro de Hacienda de Santa Fe e investigador del Cippec Walter Agosto, creen que el nuevo gobierno enfrentará complejas alternativas entre 2016 y 2019 para aumentar el espacio fiscal. Esto implica que, preservando inversiones sociales y económicas esenciales, "las mayores oportunidades" para mejorar los resultados están en una reducción progresiva y segmentada de los subsidios mediante la aplicación de una tarifa social.

"Del lado de los ingresos, la situación deficitaria del Tesoro reduce el margen en el corto plazo de bajar en forma sustancial la elevada presión tributaria", dice la investigación.

De acuerdo con la investigación del Cippec, el gasto consolidado creció casi 15 puntos porcentuales y pasó de más del 30% del PBI en 2006 a más del 44% en 2013. Esta expansión supera en casi 10 puntos a la registrada en América latina. 

La presión tributaria para financiar ese gasto pasó de alrededor del 30% del PBI, casi el promedio de la región, a casi el 40% en diez años y hoy supera en 3 puntos porcentuales a la de los países de la OCDE. Sin embargo, "la calidad de los bienes públicos no experimentó mejoras significativas y la educación está estancada", afirma el estudio. 

De esta manera, la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional entre 2003 y 2013 promedió casi el 5% del PBI. En la actualidad, alcanza el 5,7 por ciento.

El actual déficit se financia con emisión monetaria, "lo que impulsa la tasa de inflación". Por otro lado, describen los especialistas, el uso del tipo de cambio como ancla nominal en un escenario de fuerte suba de precios genera un atraso cambiario, erosiona la balanza externa y presiona a la baja las reservas internacionales del Banco Central.

"Las opciones que tendrá el próximo gobierno, por lo menos en su primer año, son muy limitadas", afirmó Castro. "Estas restricciones son la causa de una economía en recesión, con inflación muy elevada y cero financiamiento. A esto se suma un déficit fiscal financiado por el Banco Central. Esto no se podrá solucionar fácilmente, sobre todo si no se quiere caer en un ajuste fiscal regresivo que toque salarios y jubilaciones", agregó.

"Hay un aumento desmedido del gasto, a pesar de que la Argentina tiene una presión tributaria muy alta, la más elevada de la región", asegura al matutino el economista jefe de FIEL, Daniel Artana. El experto estimó que este año el déficit fiscal total -computando los intereses de la deuda- llegará al 6% del producto bruto interno.

"El 86% del gasto es en gasto corriente. Ahí entra la mayor masa salarial de la Nación y las provincias por el crecimiento del empleo público, el pago de jubilaciones y la gran suba en los subsidios, a pesar de que existe un deterioro importante en la infraestructura", agrega Artana.

"Hay una situación fiscal preocupante. Hay margen para endeudarse, pero no se puede vivir de la deuda; hay que hacer algo con las cuentas públicas", advierte Artana.

"El déficit fiscal es un tema clave no sólo a corto sino también a mediano plazo", señala a La Nación el director de ACM, Maximiliano Castillo. "Hay una presión tributaria récord, un gasto y un déficit récord. Para encontrar estos números hay que ir a 1989", indica el experto, que agrega que el año próximo habrá un saldo negativo de 6% en relación con el PBI.

"Si se suman jubilaciones, salarios y subsidios, eso da un 75% del gasto, y más allá de las cuestiones distributivas, que comparto, la mirada macroeconómica indica que son gastos inflexibles a la baja. Encima, los subsidios están virtualmente indexados a la evolución del tipo de cambio", sostiene el analista.