La diputada kirchnerista, Diana Conti, impulsó en la Cámara baja un proyecto que busca otorgarle a los travestis un subsidio de alrededor de $8.000 para resarcir a quienes fueron víctimas de violencia institucional por su identidad de género.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo acérrimo de organizaciones que defienden la diversidad sexual, busca compensar a los transexuales y travestis ante la violación de sus derechos fundamentales.

Se trata de un subsidio mensual equivalente a la "remuneración mensual asignada a la categoría D nivel 0, planta permanente sin tramo -Agrupamiento General- del escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público", que se acercaría a 7500 pesos.

En caso de existir violencia sexual, la pensión aumentaría un 30 por ciento. En tanto -según indica el proyecto- la solicitud del beneficio "se hará ante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación". El dinero proveerá de las arcas del Tesoro Nacional, según se especifica.

Según señala Perfil.com, el abogado Emiliano Litardo, activista legal de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) y uno de los promotores del proyecto, explicó: "La reparación hoy va más allá de lo económico, supone también reparar a personas que fueron atormentadas en sus cuerpos por optar por una identidad de género que no era la esperada en ese momento".

Entre los impulsores del proyecto (que ya fue girado a las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Presupuesto) figuran ALITT, Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex), Futuro Transgenérico y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación.

Por su parte, la legisladora porteña por el Frente para la Victoria, María Rachid, presentó un proyecto similar en la Legislatura de la Ciudad en 2012. "Tiene que ver con un conjunto de propuestas que hemos presentado, que incluye este tema del subsidio", aclaró la legisladora por Radio Mitre, y añadió que su espacio ha "propuesto lo mismo para otros grupos vulnerados por la discriminación."

"Estamos hablando de una población que tiene un promedio de vida de 40 años", continuó Rachid, y resaltó que muchos de ellos han sido excluidos de sus familias, del sistema de salud y de la educación básica.

"Estamos hablando de menos de 100 personas en la Ciudad", remarcó, y sentenció: "Estas personas el Estado debe ayudarlas y reparar tantos años de violencia, no solamente de las personas trans, las personas con discapacidad, las personas que han vivido situaciones muy traumáticas."