La Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno nacional en el conflicto que se lleva adelante con un grupo de acreedores que habían aceptado canjear bonos en 2005 y 2010 con quita de intereses.

La decisión del máximo tribunal fue frenar la aplicación del fallo del juez Thomas Griesa que obligaba a la Argentina a pagarle aquí unos u$s10 millones a bonistas extranjeros.

La negativa a la pretensión de los acreedores de los títulos Bonos Externos Globales se sustenta en la violación del orden público al pretender, por medio de esta acción individual, salirse de la restructuración de la deuda soberana, según un cable de la agencia NA.

El fallo fue firmado por los jueces Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, pero no así por el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, ni por Carlos Fayt.

La Corte remitió al precedente "Claren", de marzo pasado; en ese caso, Griesa había condenado a la Argentina a pagar bonos por u$s7,5 millones a la compañía extranjera Claren Corporation.

En este fallo, denominado "Crostelli, Fernando y otros", la Corte señaló que el fondo inversor no puede sustraerse con una sentencia extranjera del "proceso de reestructuración de la deuda pública dispuesto por el Estado Argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional".

La causa trata de una demanda iniciada a partir de la sentencia dictada por Griesa el 19 de noviembre de 2007 en la que el juez neoyorquino ordena a la Argentina pagar en el país unos u$s10.636.731 a los actores en concepto de capital e intereses vencidos de los títulos Bonos Externos Globales 2008, 2010 y 2017 de los que son titulares.