La Cámara Civil abrió las puertas para que los reclamos contra las prótesis mamarias PIP, que causaron daños de gran envergadura a miles de mujeres en todo el mundo, tramiten ante los tribunales argentinos como una "acción colectiva" o "acción de clase", lo que supone que una resolución judicial tiene un alcance general para todas las personas o miembros de un grupo que se vean afectados en un mismo derecho.

La Sala B de la Cámara, integrada por los jueces Mauricio Mizrahi, Claudio Ramos Feijóo y Omar Díaz Solimine, intervino así en la causa en la que la abogada y damnificada Virginia Luna encabezó un colectivo de 800 mujeres que reclamó a Poly Implant Prothese (PIP) por los daños que sufrieron como consecuencia de sus prótesis. Esa causa se tramita en el juzgado de primera instancia nacional en lo civil N° 97, a cargo del juez subrogante Maximiliano Caia.

La Cámara intervino porque el fallo de primera instancia del juez Caia desestimó la demanda colectiva y derivó a reclamos individuales por cada uno de los miembros, es decir cientos de juicios, todos por separado y desparramados en los más de 100 juzgados civiles sólo en la Ciudad de Buenos Aires, y con la posibilidad de obtener sentencias contradictorias.

La resolución no admite explícitamente la acción colectiva, sino que abre las puertas y señala el camino para que el juez Caia la implemente. En Argentina se calcula que unas 15.000 mujeres tienen las siliconas PIP.

"Existe un hecho único que es la adulteración de las prótesis PIP que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales de mujeres argentinas portadoras de estas prótesis", insistieron las afectadas cuando apelaron el fallo. Y argumentaron: "La pretensión está enfocada en los efectos comunes para toda la clase de afectados, ya que se busca establecer la responsabilidad general sobre el hecho único en cuestión".

Ahora, la Cámara defendió la acción colectiva y determinó que "es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la Justicia de su titular".