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Guerra judicial al rojo: Bonadio ya tiene las declaraciones de los Kirchner y el Gobierno contraataca con denuncias

El Ejecutivo continúa sumando víctimas. Ahora denunció a una ex funcionaria de la IGJ y ex asesora de Stolbizer por ocultamiento de información
29/11/2014 - 09:00hs
Guerra judicial al rojo: Bonadio ya tiene las declaraciones de los Kirchner y el Gobierno contraataca con denuncias

La guerra judicial entre el Gobierno y los funcionarios políticos de la oposición que lo están denunciando por corrupción sigue tomando temperatura y cobrándose víctimas.

La última- por parte del Ejecutivo- fue la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez y ex asesora de Margarita Stolbizer, quien fue denunciada por ocultamiento de documentación en la investigación de la causa Ciccone.

Martínez, alega haber sido víctima de una operación en la que su testimonio en el caso Ciccone fue fraguado a modo de venganza política por su participación como testigo y perito en la investigación por Hotesur.

En el marco de la ofensiva del Gobierno contra los que investigan a Hotesur, Alak la acusa por cómo se extraviaron -dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply.

Alak acompañó copias de algunos tramos de los tres sumarios internos de la IGJ para averiguar qué ocurrió con esos legajos y quiénes fueron los responsables. Esas copias que aportó Alak incluyen varias "inconsistencias".

Entre otras, la foliatura "no es correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y testimonios y se mezclaron los testimonios, hasta el punto de aparecer alguno del sumario sobre The Old Fund en el de London Supply", indicó el diario La Nación.

Surge, además, que los instructores del sumario decidieron avanzar sobre Martínez -que fue desplazada de la IGJ- y el jefe del Archivo, Guillermo Agüero, pero obviaron los testimonios a su favor.

La ex titular de la IGJ habló de la denuncia a través de Twitter y aseguró que los sumarios fueron adulterados. Además dijo no creer que la raíz de la denuncia haya sido su declaración en la causa de Hotesur.

Esta noticia se conoció al mismo tiempo que la oposición se anotaba un punto a favor con la aceptación de la Administración Federal de Justicia (AFIP) de entregarle al juez Claudio Bonadio las declaraciones juradas de todos los integrantes de la familia Kirchner y Lázaro Béz para ser utilizadas en la investigación.

El pedido de información permite deducir que Bonadio investigará las relaciones entre la empresa Hotesur, propiedad de la familia presidencial, y el grupo empresario de Báez. Y que el caso avanzará más allá de las irregularidades que cometió Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por la falta de presentación de balances.

En 2013, el diario La Nación reveló que el empresario alquilaba habitaciones de los hoteles de los Kirchner que no eran ocupadas. Y que Valle Mitre, la gerenciadora de hoteles de Báez, le pagó a la familia Kirchner 14,5 millones de pesos entre 2010 y 2011, por los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces.

Pero el propio Bonadio, ha sido objeto de dos denuncias, una ante la Justicia y otra ante el Consejo de la Magistratura, en cargos que van desde enriquecimiento ilícito y vínculos comerciales que no se competen con su función como juez.

El lavado en la mira Esto ocurre en el medio del ruido causado por la publicación que realizó la AFIP de un listado con presuntos evasores que habrían depositado dinero en cuentas del banco HSBC de Suiza sin declarar.

Sumado a esto, lo que contribuyó a enrarecer más el clima fue el hecho de que varios de los integrantes de ese listado hayan desmentido categóricamente tener cuentas en el exterior, entre estos salieron a desmentirlo el propio presidente del HSBC en la Argentina, el diputado Alfonso Prat Gay y altos gerentes de Cablevisión.

Además, hubo trascendidos periodísticos que apuntan a que entre los miembros de esa lista cuya identidad no fue revelada figuran funcionarios del propio Gobierno, cosa que complica más al oficialismo, que no deja de parar denuncias.

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