En la Argentina, las imágenes de artículos faltantes en góndolas se han transformado en uno de los símbolos más fuertes de los problemas que está atravesando el Gobierno K en esta última etapa.

Las conferencias de prensa de los funcionarios señalando ataques especulativos, las continuas desmentidas oficiales sobre escasez de bienes del exterior y las críticas de empresarios de varias ramas de actividad dejan al descubierto los desaciertos que viene acarreando el sistema de administración del comercio a partir del 2008.

En realidad, todo este contexto es parte de una crisis estructural que complica a gran parte del universo de firmas importadoras y que responde a tres causas principales: 

1. Los problemas burocráticos, debido a la gran cantidad de "papelerío" que debe gestionar la Secretaría de Comercio Interior y al nuevo papel del Banco Central como organismo decisorio al momento de autorizar divisas para el pago de importaciones.

2. La falta de dólares, que derivó en una multiplicidad de trabas para ingresar bienes y que obligó a las grandes empresas a apalancar sus operaciones con crédito de proveedores o casas matrices.

3.El atraso cambiario, que obligó al Ejecutivo a sostener y, en algunos casos, a reforzar el "cerrojo" para proteger a sectores sensibles.

iProfesional dialogó con una gran cantidad de ejecutivos de empresas que manifestaron sus preocupaciones y resumieron la actual problemática en estos tres puntos clave: 

1. Excesiva burocraciaEn diálogo con iProfesional, Miguel Ponce, ex gerente de la Cámara de Importadores y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI , señaló que la principal dificultad es el doble "torniquete" que hoy pesa sobre el sector importador y que le quita previsibilidad al negocio.

Sucede que, hasta mediados de 2014, la única cartera que tenía voz y voto para decidir qué empresa podía realizar una operación aduanera era Comercio Interior, una función "heredada" de Guillermo Moreno.

El problema es que, tras la eclosión de la crisis con los holdouts (momento en que se agudizó la obsesión oficial por el cuidado de las reservas), fue el BCRA el que comenzó a frenar el giro de divisas para el pago a proveedores y casas matrices.

"Antes, tener las Declaraciones Juradas que autorizaba el secretario Augusto Costa era suficiente para poder importar. Ahora, en cambio, para avanzar con operaciones por más de u$s150.000, también es necesario tener el visto bueno del Banco Central", afirmó Ponce.

Hay un problema, y es que nunca se llegó a sistematizar el procesamiento de los permisos en Comercio Interior.

Apenas Moreno dejó su cargo, Costa llegó con la promesa de "profesionalizar" la gestión.

Ponce reconoció que desde que este último funcionario asumiera su puesto, "bajó un poco la aleatoriedad" y se dejaron de exigir requisitos ilógicos, como que cada empresa exporte por el mismo valor que necesitaba importar.

Sin embargo, advirtió que todavía hay un problema de "congestión" en el titánico procesamiento de entre 6.000 y 8.000 Declaraciones Juradas que cada día se presentan en Comercio Interior. 

"Es necesario adoptar criterios de mayor automaticidad para que no se frene el ingreso de productos que no son fabricados en el país o que son claves para realizar procesos industriales", afirmó Ponce.

Tras una reunión con Capitanich, el presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), Diego Pérez Santisteban, aseguró que la Secretaría de Comercio recién ahora está desarrollando un sistema integral online que permitirá automatizar esos casi 8.000 pedidos diarios.

La cantidad de técnicos que actualmente asisten a Augusto Costa en el procesamiento de la información no es un dato público. En el sector importador hay quienes afirman que son 25 personas, el mismo número que tenía el equipo de Moreno. Otros, aseguran que en el último año se duplicó.

"Aunque sean cien, no es suficiente para gestionar las importaciones que se requieren para todo un país", opinó de manera concluyente el presidente de una cámara de electrónica, que pidió estricto off the record.

Sucede que las Declaraciones Juradas de Importación apenas son una parte del "paquete" burocrático que debe superar cada una de las firmas que quiera realizar una compra a otro país.

Para este año, las compañías están obligadas a presentar su "Plan de inversión, empleo, producción y comercio exterior 2015". Se trata de un archivo Excel en el que deben volcar una amplísima variedad de datos. Sin ese documento aprobado por el propio Costa, las empresas no podrán operar.

Este documento está conformado por cinco solapas. La primera de ellas es un instructivo para su correcto llenado. En la segunda, deberán consignar la siguiente información:  

•Ventas internas desde 2011 y las proyectadas para este año e, incluso, hasta 2016.

•Cantidad de empleados desde 2011 y los que se mantendrán en plantilla hasta diciembre de 2015.

•Principales productos divididos por facturación.

•Exportaciones e importaciones de bienes y servicios realizadas desde 2011 y las planificadas hasta el 2016.

•Inversiones ya efectuadas y las proyectadas para este año y el próximo.

•Información sobre cómo se financió la empresa y por cuánto planea hacerlo de ahora en más.

•También, hay que consignar datos sobre el origen del capital de la firma y si pertenece a un grupo económico, indicando el número de CUIT correspondiente.

A continuación, un extracto de la segunda solapa del Excel que deben completar las empresas importadoras:

Solapa 3: se deberán detallar las operaciones de exportación e importación y completar con la proyección de cada trimestre, con datos desagregados por producto (ver imagen). 

Solapa 4: cada empresa deberá describir detalladamente su proyecto de inversión y la justificación de la variación del monto importado año tras año, informando por qué sucedió esto.

Como si esto fuese poco, para este año, el Gobierno incorporó un nuevo cuadro denominado "Impacto de la inversión productiva", donde las firmas deberan contar cómo repercutieron los desembolsos realizados en la producción de mercadería.

Solapa 5: cada firma deberá volcar datos referidos al personal estable y contratado, así como especificar futuras incorporaciones, indicando además, niveles de estudio y si son egresados de Ingeniería o de otras ciencias. También, se deberá incluir la cantidad de empleados que trabajan en áreas de investigación y desarrollo.

Si alguno de los datos volcados por las empresas no convence o genera dudas, entonces Comercio Interior puede convocar a los directivos o dueños para una revisión.

Según Ponce, la gran cantidad de información que debe incluirse para poder hacer una operación, a lo que se suma el gran caudal de Declaraciones Juradas que se acumulan diariamente, es una de las grandes dificultades que enfrenta el Gobierno a la hora de gestionar permisos. 

Además, aseguró que, a fines de diciembre, cuando las empresas informaron el monto que pretendían importar a lo largo de 2015, en muchos casos los funcionarios autorizaron apenas una parte de cada solicitud. 

2. Falta de divisasPonce afirmó que la madre de todos los problemas está en la escasez de dólares que acarrea desde hace tiempo el Gobierno y que se agravara tras la crisis con los holdouts. 

Más allá del debate por cuán "maquilladas" están, lo cierto es que los u$s31.000 millones en reservas que actualmente tiene el BCRA alcanzan para cubrir apenas 5 meses de importaciones.

Para ponerlo en perspectiva, este nivel es tres veces menor que el que se registraba en 2009 y resulta cuatro veces más bajo que la "autonomía" de la que hoy goza Brasil (ver cuadro).

En un contexto de alta emisión, y ante las necesidades de disminuir las tensiones cambiarias, el Gobierno decidió limitar -a partir del primer trimestre del año pasado- la entrega de divisas a grandes importadores, obligándolos a que consigan crédito de sus casas matrices y proveedores.

El resultado es una deuda cercana a los u$s5.500 millones. De ese total, según Ponce, u$s2.500 millones corresponden a la industria automotriz.

Esto llevó a que en octubre pasado, sin tanto revuelo mediático, tuviera lugar un hecho incluso más grave que el generado por la escasez de tampones, debido a sus implicancias: Renault y General Motors decidieron prohibir todas las exportaciones desde Brasil hacia la Argentina por las restricciones al giro de divisas. 

La consecuencia fue que se desplomara el ingreso de modelos muy populares en el país: de la Duster, por ejemplo, en 2014 entraron 21.000 unidades menos que en 2013 (derrumbe del 80%) y del Sandero, unas 15.000 menos (-70%), sólo por nombrar algunos casos.

Esto provocó una fuerte caída en los niveles de stock y contribuyó a derrumbar las ventas de vehículos.

Pero las restricciones no sólo fueron de 0Km. Ponce recordó que "en noviembre, en las terminales había 9.500 vehículos sin terminar por falta de partes y piezas" y que "en diciembre, esa cifra ya se había elevado hasta los 12.500".

Este dato, que le pegaba en los talones al relato de la reindustrialización, obligó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a realizar una desmentida pública. Pese al retruque oficial, el año pasado este sector cerró con el nivel más bajo de producción en cinco años. 

La industria electrónica fueguina, que provee casi 100% de los teléfonos y televisores que se venden localmente, también fue víctima de la falta de dólares: el BCRA no les autorizó en 2014 unos u$s1.000 millones. Y todavía no tienen certezas de cuándo podrán girar esas divisas para cancelar importaciones.

El "remedio" que encontró el Gobierno fue implementar un sistema de cupos: actualmente está otorgando unos u$s180 millones mensuales para las empresas de Tierra del Fuego y u$s150 millones para las automotrices, cifras que representan un tercio de lo que realmente necesitan para operar con normalidad.

Sin embargo, los faltantes no quedaron allí: Ponce afirmó que, a lo largo del último año, hubo largas demoras en el ingreso de agroquímicos, fertilizantes, insumos para producir herbicidas, repuestos y piezas para maquinaria agrícola, neumáticos para tractores y camiones, herramientas para la industria forestal, aceites industriales, barricas para la industria vitivinícola, corchos, tapones especiales, materiales para la construcción, vacunas, remedios y hasta jeringas plásticas y agujas.

El hecho de que se esté afectando el ingreso de insumos y bienes para la industria y de productos tan sensibles como fármacos y vacunas, deja en evidencia las urgencias del Gobierno por frenar el mayor volumen posible de importaciones para así cuidar dólares y, además, pone al descubierto las limitaciones que tiene un organismo como la Secretaría de Comercio Interior para intentar controlar la avalancha de pedidos que realizan las empresas.

3. Atraso cambiario

La variable cambiaria viene condicionando desde hace años la política industrial de la administración kirchnerista y puso en constante zona de riesgo a los sectores menos competitivos, como la industria textil, la del calzado, la juguetera o la electrónica. 

El atraso del tipo de cambio, que se hizo sentir con fuerza en 2013, provocó (entre otras cosas) un boom de ventas de autos importados e impulsó a que miles de turistas viajaran al exterior y "microimportaran" todo tipo de dispositivos tecnológicos.

Además, la Argentina pasó a tener los salarios más elevados del vecindario, medidos en divisas, poniendo a la industria nacional en desventaja a la hora de competir en el mundo.

Este problema fue una de las causas que llevó al Gobierno a devaluar cerca de un 20% a inicios del 2014. Sucede que un dólar caro actúa como un "regulador" de las importaciones, dado que las hace más costosas en moneda local.

Sin embargo, la suba de costos ya diluyó todos esos beneficios: el tipo de cambio real contra el billete verde hoy está en niveles similares a los de diciembre de 2013, mientras que la relación con la moneda brasileña y con los principales signos monetarios de las economías con que las que comercia la Argentina, hoy tiene el peor registro de toda la era K (ver cuadro). 

Este problema se vio exacerbado en un contexto en el que el dólar se fortalece en el mundo y el resto de las divisas se debilitan, excepto, claro, el peso argentino, dado que el Gobierno busca mantenerlo quieto para no fogonear la inflación y no afectar el nivel de consumo.

La consecuencia de esta política se ve reflejada en crecientes problemas para exportar y en la necesidad por parte del Ejecutivo de poner más trabas para desalentar las importaciones.

"No es un producto en particular, es todo el sistema", resumió Santisteban, dejando al descubierto las dificultades que atraviesa la actual administración en este fin de ciclo.