La expresión "muerte política" fue una de las que más se utilizó para referirse al impactante deceso del fiscal Alberto Nisman, que pretendía llevar a juicio a la presidenta Cristina Kirchner y a su canciller Héctor Timerman por presunto encubrimiento a los acusados del atentado contra la AMIA.

De hecho, la conmoción que están viviendo los argentinos por estas horas sólo es comparable a la ocurrida tras muertes de fuerte contenido político, como la del reportero gráfico José Luis Cabezas en 1997 y la del empresario Alfredo Yabrán, en 1998. El segundo, acusado de prácticas mafiosas, era el principal sospechoso de haber instigado el asesinato del primero, y apareció muerto, en aparente suicidio, tras profugarse de la Justicia.

Como en aquellos casos, la noticia de la muerte eclipsó por completo el resto de los temas, concitó la totalidad de la atención mediática y generó, durante mucho tiempo, la sensación de un clima enrarecido.

Resulta inevitable, en casos como este, pensar en términos políticos. Más allá de la consternación por la tragedia, el primer punto a dilucidar es "quién gana y quién pierde". Y lo obvio es que si alguien queda muy negativamente impactado es el Gobierno, empezando por la presidenta Cristina Kirchner.

Es por eso que, en estos momentos, la mayor pelea que se está librando es la batalla mediática para determinar quién queda, ante la opinión pública, como víctima y quién como victimario.

La apuesta del kirchnerismo es la de plantear que hubo dos víctimas: una fue el propio Nisman, usado como un "títere" por espías de la SIDE y el multimedios Clarín; la otra es el Gobierno, atacado por una "corporación mediático-judicial".

En otras palabras, la muerte de Nisman se transformó en el nuevo eje central del "relato" y en el principal objetivo de la guerra semántica que libran los hacedores del discurso oficial.

La carta de Cristina Kirchner (acceder haciendo clic en este link) expone esa visión en detalle: el Gobierno kirchnerista fue uno de los que más esfuerzo hizo por aclarar la autoría del atentado de la AMIA. Y la acusación de Nisman tiene un claro objetivo de desestabilización política.

Pero, sobre todo, lo que plantea la Presidenta es que Nisman, lejos de ser protagonista, fue un pequeño engranaje y fue utilizado por fuerzas que luego se volvieron contra él.

Por cierto que el "contrarrelato" apunta en el sentido absolutamente opuesto y no se limita a caracterizar el momento actual como una marcha atrás en la democracia, sino que prácticamente da por sentado que el Gobierno tiene alguna responsabilidad sobre la tragedia.

Las principales figuras mediáticas del grupo Clarín fueron expresivas al respecto. Como Jorge Lanata, que se despachó con esta frase: "Me resulta muy difícil de creer que Nisman se mató, ¿el tipo antes de declarar se mata? Vamos chicos...".

En el centro de las sospechas

La sensación de que la de Nisman había sido una muerte política estuvo clara desde el comienzo. Ayer, tras el estupor y la consternación inicial, la población reaccionó con un sentido absolutamente político. Para una parte de la ciudadanía, el sentimiento preponderante fue la indignación, que tuvo como blanco a Cristina.

Todavía no se conocía el resultado de la autopsia y las pericias policiales, cuando ya abundaban las teorías y discusiones respecto de si se trataba de un suicidio, de un crimen o de una muerte mediante la práctica mafiosa del "suicidio instigado".

Desde temprano, abundaron las alusiones directas a la responsabilidad del Gobierno en la muerte de Nisman: el polémico hashtag "#CFKasesina" fue "trending topic" en la red social Twitter.

La convocatoria a una marcha de protesta a la plaza de Mayo, con la consigna "Yo soy Nisman", (parafraseando el lema "Je suis Charlie" que se ha popularizado en el mundo), surgió a primera hora, con el propósito explícito de señalar al Gobierno como responsable detrás de la muerte de Nisman.

Contribuyeron a ese clima las críticas al procedimiento policial. El hecho de que, una vez conocida la muerte de Nisman haya sido el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien condujo el operativo en el departamento del fiscal, fue para algunos una prueba contra el kirchnerismo.

Berni se caracteriza por su alto perfil político y no se mantuvo ajeno a la polémica creada por la acusación de Nisman. De hecho, un día antes de conocerse la muerte del fiscal, había dicho que en su presentación en el Congreso, iba a "hacer un papelón".

Para expertos en investigación policial, solamente el juez y la policía científica debían ingresar al departamento de Nisman. Pero allí estuvo Berni, con lo cual de inmediato se generó la suspicacia respecto de cuánta garantía había de que fuera preservada correctamente la documentación que el fiscal iba a presentar como prueba en su comparecencia ante el parlamento.

Para acrecentar el mal clima, tanto el fiscal que investigará la muerte de Nisman como el que tomará a su cargo la investigación por la causa AMIA están considerados como cercanos al kirchnerismo.

El Gobierno contraataca y se victimiza

Lo cierto es que, si alguien quedó de inmediato identificado como "perdedor", políticamente hablando, fue la administración de Cristina Kirchner.

Entre los primeros analistas que señalaron este punto se encuentra el influyente Jorge Asís, quien manifestó: "Esto tiene que ver con alguna línea del Gobierno o es una operación de inteligencia clara contra el Gobierno".

Y destacó que una consecuencia directa de la muerte de Nisman era "la pérdida total de legitimidad moral" del Ejecutivo "a nivel internacional".

En tanto, el politólogo Sergio Berensztein no descartó que esta situación, lejos de debilitar las actuaciones de la Justicia, puedan implicar una oportunidad de favorecerla.

"Lo que ocurra en adelante depende de cómo reaccionemos como sociedad. Puede salir el poder judicial fortalecido, con transparencia, con una investigación judicial seria", afirmó Berensztein.

En definitiva, la muerte de Nisman cambió por completo la estrategia del kirchnerismo en su enfrentamiento con "la corporación mediática-judicial".

Ayer, tenía previsto tener una jornada de reivindicación política, pero terminó en el centro de las peores sospechas.

Como había dicho la diputada Diana Conti, la determinación era concurrir a esa sesión legislativa "con los tapones de punta". Y la metáfora futbolera implicaba un objetivo que iba mucho más allá de hacerle pasar un papelón a Nisman.

El Gobierno estaba dispuesto a aprovechar la oportunidad para recuperar credibilidad, al tiempo de desacreditar genéricamente todas las denuncias judiciales que afectaban al oficialismo y a la persona de Cristina en particular.

Si, como el Ejecutivo esperaba, lograba tener una desmentida contundente de las acusaciones de Nisman y además podía ser convincente en presentarlo como un instrumento de espías de la Secretaría de Inteligencia, que estaban resentidos tras haber sido desplazados por la Presidenta, entonces podría generar un clima que tiñera de duda a cualquier acusación contra Cristina y sus funcionarios.

Tanta confianza se tenía el Gobierno que pidió que la audiencia fuera pública, a pesar de que Nisman había adelantado que aportaría nuevas pruebas, incluyendo escuchas telefónicas.

Y lo cierto es que la denuncia del fiscal aparecía, en lo previo, con muchos puntos flojos, algo de lo cual los funcionarios y comunicadores afines al kirchnerismo se habían ocupado de desarrollar con detalle en las jornadas previas.

Nisman había argumentado que el presunto pacto entre Cristina y el gobierno de Irán determinaría que se dieran de baja las alertas de Interpol contra los iraníes acusados. Pero eso nunca ocurrió.

También era raro el argumento de que la impunidad sería negociada a cambio de comercio por petróleo y cereales. No resulta muy verosímil, porque Argentina no es un gran importador de crudo ni necesita con desesperación la apertura de nuevos mercados agrícolas. En todo caso, el comercio bilateral con Irán no registró cambios en los últimos tres años.

Y, por supuesto, nunca fue concretada la supuesta "causa trucha" para acusar a una célula de "fachos locales" como perpetradores del atentado de 1994.

La pelea por adueñarse de Nisman

Pero ahora todo ha cambiado. De pronto, la acusación parece haber recobrado credibilidad. Hasta las organizaciones de la colectividad judía que se habían mostrado cautas ante la denuncia, dicen ahora que la muerte del fiscal equivale a "una segunda explosión de la AMIA".

Y Nisman se transformó, súbitamente, en un símbolo de la justicia independiente, que se anima a avanzar contra el poder, aun cuando haya presiones que puedan poner en riesgo su propia vida.

Para los anti K, a partir de ahora, Nisman pasa a representar todo lo que se supone que el Gobierno quiso impedir. Es decir, pasa a ser un símbolo de la búsqueda de la verdad aun en temas espinosos y del avance contra la corrupción.

Raro, porque hasta hace poco tiempo pocos sabían quién era Nisman, y en todo caso su nombre estaba vinculado a uno de los tantos funcionarios del Poder Judicial que habían sido funcionales al kirchnerismo en su intento de intervencionismo político en la Justicia.

Por caso, Nisman había sido uno de los denunciantes contra la cúpula de la policía metropolitana, en una acusación que tenía, sobre todo, el objeto de desprestigiar políticamente al jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Y, además, encarnaba como pocos a la connivencia entre la Justicia y los "servicios" de la SIDE.

En ese sentido, muchos veían en el fiscal a uno más de los funcionarios que, después de haber convivido con el poder kirchnerista sin animarse a desafiarlo, ahora aparecía subido a la ola de denuncias por corrupción, no tanto por una convicción personal de hacer Justicia sino por un ánimo de supervivencia ante un inminente cambio de signo político tras las elecciones.

Con Nisman muerto y elevado a la categoría de mártir, ahora la pelea es por ver quién se apropia de su imagen.

De momento, el Gobierno tiene una fuerte dificultad, y es que tras una muerte sórdida resulta difícil verlo como una víctima de operaciones político-mediática-judiciales.

La propia Cristina fue la primera en entender esta situación. Por eso ordenó a su bancada legislativa que convocara a una conferencia de prensa, en la cual el oficialismo se afiliaría sin reservas a la hipótesis de que Nisman fue víctima de un suicidio instigado por una organización mafiosa.

Conciente de su debilidad política, la estrategia del Gobierno es ponerse al frente del pedido de justicia por Nisman.