El Gobierno anunció este lunes que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso para enviar un proyecto para "transparentar" los servicios de inteligencia, por el cual se impulsará la "disolución" de la Secretaría de Inteligencia (SI), a fin de que sea reemplazada por la "Agencia Federal de Inteligencia", con nuevas funciones.

Así lo dio a conocer la Presidenta a través de un extenso mensaje por cadena nacional difundido este lunes por la noche, en el que calificó de "lamentable" la muerte del fiscal Alberto Nisman, apuntó contra el hombre que le prestó el arma como alguien vinculado al Grupo Clarín, defendió la firma del memorándum con Irán y pidió cambios en el Poder Judicial.

Se trató del primer discurso público que ofreció desde su fractura de tobillo a fines de diciembre, ya que hasta el momento se había expresado a través de las redes sociales, en medio de las críticas de la oposición y diferencias en el oficialismo a raíz del fallecimiento del fiscal, que había denunciado al Ejecutivo por encubrimiento en la causa AMIA.

"Debemos comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar un sistema que no ha servido a los intereses nacionales", anunció Cristina Kirchner, sentada en una silla de ruedas con una bota ortopédica, durante su mensaje que duró 59 minutos.

La jefa de Estado agregó que se convocará a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero próximo y que el proyecto establece que la nueva Agencia Federal de Inteligencia estará encabezada por un director y subdirector cuya designación deberá contar con el acuerdo del Senado, entre otras novedades.

Aseguró que ello "era una deuda que tenía la democracia, de todos los que hemos estado gobernando desde 1983" y expresó que "también es necesario que la justicia comience a repensarse" ya que "hemos visto una calesita permanente que intervienen en expedientes judiciales, manejan jueces y que es necesario cortar de cuajo".

Argumentó la Presidenta que con ello "se cambian y se establecen paradigmas totalmente diferentes" y citó que el nuevo organismo tendrá "un marco jurídico en que desarrollará sus actividades de acuerdo a la Constitución nacional y a los tratados internacionales".

Entre los principales puntos de los cambios anunciados, Cristina mencionó que:

• Se hará "inteligencia nacional" con "la reunión y análisis de información referida a hechos y conflictos que afecten la seguridad de la nación y sus habitantes" y citó la "prevención de amenazas internacionales, narcotráfico, tráfico de personas, ciberdelitos y delitos de orden económico y financiero", como asimismo "fija un ámbito concreto frente a ataques externos".

•"Las actvidades de inteligencia estarán limitadas a investigar delitos federales complejos o atentados al orden constitucional".

•No puede haber contacto directo entre funcionarios con agentes de inteligencia y establece asimismo penas de 3 a 10 años para quienes no cumplan con las disposiciones.

"Esta es una reforma muy importante", ponderó la jefa de Estado y añadió que "se establece que la agencia federal será el órgano superior encargado de estas tareas", dijo la Presidenta.

Por otra parte, anunció la decisión de "transferir la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal, en razón de ser el único ministerio extrapoder".

Cristina apeló al lenguaje popular para señalar que lo que se transferirá será el sistema utilizado "cuando se pinchan los teléfonos por orden judicial", conocido en la jerga de Inteligencia como "Ojota".

A una semana de la muerte de Nisman, defendió el Memorando de Entendimiento firmado con la República Islámica de Irán en enero de 2013, defendió la gestión del gobierno desde 2003 a la fecha en la causa AMIA y acusó a ex agentes de inteligencia de promover "desde adentro de las oficinas del Gobierno" denuncias penales contra su persona".

"A mí no me van a intimidad ni extorsionar, no les tengo miedo", dijo y agregó: "No puedo permitir que se tenga sitiada a la democracia con el miedo y la extorsión".

Además, desautorizó en su discurso la denuncia de Nisman que calificó de "absurda" y advirtió que "no hay un solo abogado que pueda creer que eso haya sido escrito por un fiscal".Lagomarsino y el Grupo Clarín

La Presidenta, además, relacionó a Diego Ángel Lagomarsino, quien aseguró haberle prestado su arma al fallecido ex fiscal, con "el Grupo Clarín", por ser hermano de uno de los integrantes del Estudio Jurídico Sáenz Valiente, "socio" del holding mediático.

"Esta persona es un feroz opositor al Gobierno, pudimos ver en su Twitter las groserías, esos insultos dirigidos a la persona de la Presidenta de la República", señaló la jefa de Estado, informó DyN.

"Esta persona, el señor Diego Ángel Lagomarsino, no sólo es un feroz opositor sino el hermano de un integrante del Estudio Sáenz Valiente, socio del Grupo Clarín", remarcó Cristina.

La primera mandataria recordó que Lagomarsino fue "la última persona que vio con vida" a Nisman, que "estuvo con él, habló con él" y que era "de su íntima confianza".

Lagomarsino "fue el que le da su propia arma, una 22 que está registrada como tal en el RENAR (Registro Nacional de Armas)", añadió la Presidenta en su alocución de una hora de duración.

Asimismo, indicó que "Lagomarsino comenzó a tramitar el pasaporte el 14 de enero, cuando se presentó la denuncia" de Nisman contra la Presidenta y contra el canciller Héctor Timerman, pero que "ante los hechos de público conocimiento, se le retuvo el pasaporte y no se le entregó".

Este lunes, la fiscal Viviana Fein imputó formalmente a Lagomarsino por el delito de haberle facilitado al fiscal Nisman el arma Bersa calibre 22 que fue hallada en el departamento de Puerto Madero.

Causa AMIA

En su discurso, la Presidenta reivindicó la política de derechos humanos desde el 2003 a la fecha y defendió las gestiones realizadas por el Gobierno para que avanzara la investigación judicial en la causa por el atentado contra la AMIA en 1994, aunque sin precisar qué pasos se tomarán para sacar la investigación del "estancamiento".

"Nadie puede dudar, con honestidad intelectual, de todo lo que pusimos e hicimos para que la causa siga adelante porque una sociedad no puede vivir sitiada por el miedo y mucho menos por la extorsión", destacó la jefa de Estado.

Tras recordar "los seis años (desde 2007) reclamando a las Naciones Unidas, con apoyo de instituciones judías y familiares de víctimas, reclamándole a la República islámica de Irán cooperación para tomar declaración a imputados", la mandataria expresó: "Esto evidencia la voluntad, como pilar fundamental de nuestro gobierno, de esclarecer" el atentado.

Cristina destacó su interés "personal" para el esclarecimiento del hecho por su "involucramiento desde el primer momento como senadora, luego como diputada y luego, nuevamente, como senadora", tras mencionar que integró la Comisión Bicameral de seguimiento del atentado.

Además, aprovechó la Cadena Nacional para remarcar que por los dos atentados terroristas que sufrió la Argentina, la voladura de la embajada de Israel y la AMIA "no hay ni un solo condenado ni un solo detenido".

La mandataria dijo que la Argentina es un "modelo a imitar en materia de Derechos Humanos en el mundo" por haber llevado adelante juicios de lesa humanidad, de los cuales "hubo 558 condenados, mas de 900 procesados y más de mil y pico de detenidos".

"De los otros dos atentados, voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA, no hay ni un solo condenado ni un solo detenido", criticó la Presidenta.

El contexto del anuncio

La muerte de Nisman puso la cuestión de la Inteligencia sobre el tapete. Desde la oposición hasta el candidato oficialista, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, se pronunciaron en los últimos días a favor de una "reforma" de dichos servicios e incluso se escucharon críticas desde el progresismo a la política de seguridad.

El reclamo de un cambio en la ex SIDE tomó fuerza ante el creciente malestar social que despertó el manejo de la investigación sobre el fallecimiento del fiscal y la postura adoptada por la Presidenta, que pasó de calificar el caso de "suicidio" a un "suicido que no fue suicidio".

"Hoy, con todos estos cambios que se están llevando en el mundo, exige a veces repensar las estructuras y los funcionamientos como se viene haciendo en muchas áreas del Estado", señaló Scioli la semana pasada, luego de que el gobernador Mauricio Macri, se pronunciara de igual modo.

La medida anunciada por la Presidenta también coincide con los pedidos de sectores aliados al kirchnerismo, como es el caso de Horacio Verbitsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

El CELS solicitó la semana pasada "decisiones políticas firmes" al Gobierno y criticó el incumplimiento de "compromisos" por el estancamiento de la causa AMIA.

"La gravedad de los hechos de los últimos días es parte de este proceso viciado que requiere que decisiones políticas firmes vuelvan a poner en el centro a las víctimas del atentado y a las condiciones políticas e institucionales que lo favorecieron. En este sentido es importante reformar la Secretaría de Inteligencia, fortalecer la Unidad Especial de Investigación y fijar fecha de juicio en la causa del encubrimiento", señaló el organismo de DDHH.

En un escrito publicado en su sitio, el CELS añadió que "hace diez años, en marzo de 2005, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos por no haber prevenido los hechos, por la denegación de justicia a causa del encubrimiento y por el incumplimiento del deber de investigarlos".

"En esa oportunidad el Estado se comprometió a informar a la población, investigar los hechos, prevenir su repetición, compensar los daños y reformar la ley de Inteligencia. Estos compromisos no se cumplieron", afirmó el organismo cercano al Gobierno.