El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar durante febrero el proyecto de disolución de la ex SIDE y, en simultáneo, la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, tal como había anticipado el martes último el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Según publicó en el Boletín Oficial, el período parlamentario extraordinario se extenderá del 1 al 28 de febrero, conforme a lo que estipula en el decreto 137, que cuenta con las firmas de Cristina Kirchner y también del propio Capitanich.

En el temario propuesto por el Poder Ejecutivo se destaca el proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia, anunciado el lunes por Cristina mediante cadena nacional tras la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.

Nisman fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero pocos días después de haber denunciado a la presidenta y al canciller Héctor Timerman por "encubrimiento" a Irán en la causa AMIA.

Luego de la muerte, la Casa Rosada puso el ojo sobre ex espías de la SIDE desplazados por el gobierno.

Además de la reforma en el área de inteligencia, en el temario a tratar figuran "Acuerdos para designaciones y promociones" y "Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales".

Claves de la iniciativaNuevo organismo. El proyecto de ley anunciado por la Presidenta el lunes por cadena nacional consiste en la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, organismo que estará cargo de un director y subdirector. Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo, pero requerirán la aprobación del Congreso.

Seguridad nacional. La iniciativa establece que la Agencia Federal de Inteligencia reunirá y analizará hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Tipificará para ello la prevención de amenazas internacionales del terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y el ciberdelito.

Escuchas telefónicas. El proyecto establece la transferencia de la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal, en razón de ser "el único ministerio extrapoder". En los hechos, la norma por tratarse en el Congreso otorga esa facultad a la Procuración General de la Nación, hoy en manos de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó.

Penalidades. Según anticipó la Presidenta en su discurso, en el proyecto se establecen penalidades para quienes no cumplan con la disposiciones vigentes, con penas de 3 a 10 años de prisión, delito no excarcelable. Serán penados los funcionarios que tomen contactos por fuera de los canales institucionales con miembros de la flamante agencia.