El canciller Héctor Timerman citó este fin de semana pasado a los embajadores de los Estados Unidos, Noah Mamet, y de Israel, Dorit Shavit, para entregarles dos cartas dirigidas al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y al ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, respectivamente.

En la misiva, el funcionario argentino volvió a pedir que se incluya el tema AMIA en las negociaciones que mantienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania con Irán por su plan nuclear y reclama "la no interferencia en los asuntos internos" por parte de los diplomáticos de ambos países.

El canciller señaló además que la Argentina ve con preocupación las divergencias entre EE.UU. e Israel sobre las negociaciones para concluir un acuerdo con Irán por su plan nuclear y se declara a favor de "la resolución pacífica de los conflictos en base a negociaciones entre las partes involucradas".

En ese marco, volvió a pedir la inclusión del tema AMIA en las negociaciones, más allá de que "seguiremos confiando en que el Poder Judicial de Argentina, responsable de su esclarecimiento en virtud de la división de poderes, aplicará la ley sobre los perpetradores de tan horrendo acto criminal".

Tras aclarar que "Argentina no tiene ningún interés estratégico, ni militar, ni de inteligencia y menos de espionaje en la zona de Medio Oriente", el canciller reclamó que "nuestro territorio no sea utilizado para fines de intereses geopolíticos y militares de terceros países".

Timerman criticó la política exterior de ambos gobiernos al afirmar que en Argentina "no hubo un solo caso de venganza" en la persecución de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

"Ningún represor murió en Argentina ni en otro país porque explotó una bomba debajo de su automóvil, o por un misil dirigido a su domicilio o por la intervención militar, decididas cualquiera de estas acciones por el Estado. Tampoco el Estado argentino secuestra gente y las traslada a cárceles clandestinas o campos de detención. Simplemente nos atuvimos a cumplir con las leyes de nuestro país y con el derecho internacional en materia de derechos humanos", afirmó.

Tras insistir en su preocupación por "la creciente frecuencia con que muchos países son utilizados como escenarios en los que otros Estados intervienen para definir disputas en función de sus propios intereses geopolíticos" y por "los mecanismos de propaganda abierta o encubierta para tales fines", insistió en que "el pueblo argentino no tiene que tolerar, y mucho menos sufrir, que su país sea un teatro de operaciones políticas, de inteligencia, o peor aún, de hechos y acciones más graves, por conflictos que le son completamente ajenos a su historia, a su idiosincrasia y a sus costumbres".

Por último, pidió "que el personal diplomático acreditado en nuestro país observe las normas y conductas estipuladas por la Convención de Viena o el derecho local en los casos no regidos por dicho acuerdo internacional en especial sobre la no interferencia en los asuntos internos en las jurisdicciones donde prestan servicio".