El presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Carlos Ocariz, denunció que 33 de los 77 intendentes opositores que fueron electos el 8 de diciembre de 2013 -en el último comicio en su tipo- tienen procesos judiciales en su contra. La cifra equivale a casi el 43% del grupo de autoridades locales opositoras en el país.

El dato se dio a conocer tras el arresto del alcalde mayor de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, concretado el último jueves.

En general, los alcaldes han sido acusados por delitos ligados a "supuesta difamación agravada", por no haber reprimido protestas populares o bien porque no han recolectado inmediatamente y sin dilaciones la basura y desechos acumulados en su jurisdicción, como le ocurrió al mismo Ocariz en octubre de 2014.

"Pareciera ser parte de la política oficial contra los que piensan distinto. Todos tenemos un arma apuntándonos en la cabeza", manifestó Ocariz en declaraciones consignadas por Clarín.

Acerca del estatus de estos procesos, el alcalde mencionó que la mayoría está a la espera de decisión, con excepción de Enzo Scarano, ex alcalde de San Diego (Estado de Carabobo), quien fue liberado luego de cumplir sentencia de prisión por 10 meses. Scarano fue detenido en marzo de 2014 durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y acusado de desacatar un fallo judicial que le dictaba remover cualquier obstáculo en las calles. Por su parte, Daniel Ceballos, quien había ganado la Alcaldía de San Cristóbal, continúa privado de libertad por no cumplir la orden de eliminar las barricadas y mantener el tránsito en orden.

Los datos se conocen horas después del arresto del alcalde mayor de Caracas -el mayor distrito electoral del país- bajo la acusación de haber participado de un supuesto complot nacional e internacional para derrocar al gobierno.

Ledezma, junto con la ex legisladora Corina Machado y el encarcelado ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, firmaron la semana pasada un llamado a los venezolanos -publicado por el diario El Nacional- en el que llaman a la formación de "un gobierno de transición" ante la grave situación económica que no deja de agravarse en el país con sequía de dólares, una inflación anual de 68% por ciento, desabastecimiento de productos esenciales y una reciente devalución de 95%, en promedio, que afecta básicamente a los bolsillos de menor poder adquisitivo.

Este domingo, el abogado de Ledezma, Omar Estacio, informó que la Fiscalía cuenta con una declaración obtenida bajo tortura del teniente coronel (retirado), José Gustavo Arocha Pérez, quien incriminó de presunta conspiración a Ledezma. El alcalde enfrenta cargos con penas de hasta 28 años de prisión, dijo el letrado, según consignó Clarín.

Ledezma fue detenido el jueves pasado por un centenar de agentes del Sebin, la policía política del régimen, que irrumpió de manera brutal a su despacho y se lo llevó de manera violenta sin orden de aprehensión, según testigos del procedimiento. El sábado, Ledezma fue trasladado a Ramo Verde, la misma cárcel militar donde se encuentran -entre otros detenidos- los ex alcaldes de Chacao, Leopoldo López, y de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos desde hace un año. También el ex ministro de la Defensa, el general Raúl Baduel, desde hace cinco años.

Ayer, el Foro Penal Venezolano -una organización de juristas muy respetada- reveló que en lo que va de este año un total de 151 personas fueron detenidas por participar en protestas contra el gobierno, por encontrarse cerca de alguna manifestación, por cubrir periodísticamente una protesta e incluso por prestar asistencia a manifestantes. El Foro indicó que de ese grupo 87 recibieron medidas cautelares de presentación periódica, dos personas fueron privadas de libertad y 34 fueron liberadas sin ser presentadas ante un juez.

"Todos estamos en peligro", afirmó Machado ante la eventualidad de ser detenida por el gobierno. La ex legisladora sostuvo que las cifras del Foro y el arresto de Ledezma muestra la intención del gobierno de cercar a la oposición a través de un aumento global de la represión. "Esto, que fue introducido por Hugo Chávez, es reforzado por Maduro: los cuerpos policiales comenzaron a actuar por órdenes del jefe del Estado, sin autorización de la Fiscalía General o si que medie un oficio de un tribunal".