Un nuevo capítulo del escándalo de corrupción en Petrobras golpeó de lleno al gobierno de Brasil, desatando una crisis entre la presidenta Dilma Rousseff y sus principales aliados, que puede afectar la aprobación en el Congreso del paquete de ajuste promovido para sanear la debilitada economía.

De acuerdo a El Cronista, el puntapié lo dio el Fiscal General Rodrigo Janot, cuando la noche del martes pidió a la Corte Suprema que investigue a 54 personas -entre las cuales se estima que hay legisladores y ministros en actividad-— sospechadas de haberse favorecido con recursos desviados ilegalmente de la estatal, de acuerdo a una nómina elaborada en base a testimonios brindados por arrepentidos a cambio de una mejora en su situación procesal.

Aunque los nombres no fueron divulgados porque la causa está bajo secreto judicial, la prensa indicó que en la lista de Janot están el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos destacados exponentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del gobierno de Rousseff.

Con la posibilidad cierta de quedar bajo la mira de la justicia, Calheiros dinamitó los puentes con el Palacio do Planalto. Rechazó sorpresivamente la misma noche del martes un decreto dictado por Dilma como parte del ajuste fiscal que debía ser aprobado en el Congreso. La medida quitaba beneficios tributarios a empresarios y en la práctica significaba un aumento de los aportes previsionales sobre los salarios que deben pagar.

La actitud de Calheiros, que dijo desconocer si figuraba en la ‘lista negra’, se interpretó como otra señal del distanciamiento entre Rousseff y su aliado clave en el Parlamento, lo que abrió un abanico de dudas sobre el futuro del plan de ajuste fiscal que el gobierno armó para reequilibrar las finanzas públicas.

El mercado financiero reaccionó al ruido político con una disparada de la cotización del dólar que llegó a rozar los R$ 3 por primera vez desde 2004.

Rápida de reflejos y luego de escuchar las críticas del presidente del Senado, que acusó al gobierno de abusar del uso de decretos, Dilma envió al Congreso el mismo texto en forma de proyecto urgente de ley para su debate en ambas cámaras.

El PMDB es la primera fuerza en el Senado y la segunda en Diputados, detrás del Partido de los Trabajadores (PT), y venía exponiendo en bastidores sus críticas al estilo poco negociador de la mandataria. Pero el devenir de la investigación en torno a Petrobras elevó la temperatura de una crisis que amenaza hacer mucho daño al gobierno de Dilma.

La oposición aplaudió la decisión de Calheiros mientras brasileños convocaban en las redes sociales a una movilización el 15 de marzo para exigir el impeachment de la presidenta, lo que tiene escasas posibilidades de tomar curso en el Legislativo.

Pero la tormenta política debilita a Rousseff, cuya popularidad cayó 19 puntos, a 23% en febrero, en medio de una secuencia de datos económicos negativos, con una inflación proyectada en casi 7,5% y una contracción del PBI de 0,58% para este año.

En ese escenario el aumento de 2% de la producción industrial en enero ante diciembre, que se conoció ayer, aportó una ligera brisa. Fue la expansión más alta en la comparación mensual de los últimos 19 meses, aunque insuficiente para recuperar las pérdidas sufridas en los meses anteriores.

Otro de los que figuraría en la lista de Janot sería el ex presidente Fernando Collor de Melo. El Fiscal General pidió a la Corte que levante la reserva para que puedan conocerse todos los que están en su nómina y así evitar especulaciones.