Cuando las compañías eléctricas estaban transitando el peor momento en años, con el riesgo cercano de entrar en un proceso de quiebra y la amenaza de tener que entregar la concesión, el Gobierno les tiró un salvavidas transitorio para mantenerlas a flote durante un tiempo más.

Todo eso, que no resuelve el tema de fondo, quedó plasmado en la resolución 32 de la Secretaría de Energía, que salió publicada en el Boletín Oficial y guiará la marcha del sector eléctrico hasta el próximo gobierno.

El primer punto de la norma, que firma Mariana Matranga por indicación del ministro de Economía, Axel Kicillof, aprueba "un aumento transitorio en los ingresos" para las dos distribuidoras metropolitanas, retroactivo al 1° de febrero.

Los técnicos del sector eléctrico trabajaban para definir cuál sería el porcentaje de aumento en sus recursos, pero aún no habían llegado a ningún cálculo fino.

Los mayores ingresos de las empresas serán a cuenta de un futuro aumento de tarifas que "se lleve a cabo oportunamente".

En otros términos: parece casi imposible que el kirchnerismo se haga cargo de ese trámite, al que siempre en los últimos diez años esquivó pese a que se comprometió a hacerlo a mediados de la década pasada, indicó La Nación.

En línea con el espíritu de los últimos años, los mayores ingresos de las empresas no provendrán de un ajuste de tarifas que deberían pagar los usuarios, sino de transferencias que les hará Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico a partir de fondos que reciba del Estado. Es decir, de subsidios.

También podrán anotar en sus balances como propios los fondos provenientes del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica que, desde hace años, pagan muchos usuarios. Hasta ahora los recibían, pero en sus balances figuraban como un crédito, es decir, como una deuda.

Ambos elementos colaborarán con la mejora en la ecuación económica y financiera de las compañías. 

La resolución reconoce que las empresas atraviesan una situación crítica. Por ejemplo, hace referencia a una nota que el ENRE (el ente regulador del sector) le mandó a Energía el 24 de febrero, donde manifestaba "la necesidad de adecuar la situación económica y financiera de las distribuidoras".