La ola de protestas que recorrió Brasil el domingo puso en negro sobre blanco la indignación por las revelaciones de la descomunal estafa a Petrobras, mientras la economía languidece mes tras mes.

Y por primera vez, el blanco excluyente de todos los dardos fue la presidenta Dilma Rousseff.

Cerca de 1,7 millones de personas sacaron a las calles, hasta hace no mucho patrimonio del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), ese descontento que no le ha dado tregua a la mandataria desde el inicio de su segundo período en enero.

Además de las manifestaciones multitudinarias de este fin de semana, Rousseff debió soportar sólo en marzo abucheos en su propia cara cuando ingresaba a un foro empresarial en Sao Paulo, cacerolazos durante su discurso por el Día de la Mujer y también este domingo de noche, cuando dos de sus ministros daban una respuesta oficial a las marchas. Y ya hay una nueva protesta programada para el 12 de abril.

Popular al inicio de su primer mandato, cuando hizo una "limpieza" de su gabinete despidiendo a media docena de ministros acusados de corrupción, hoy se critica a Rousseff su falta de "cintura política" para gestionar una crisis que es alimentada a raudales por el escándalo en la petrolera estatal, que lanza fragmentos en la alianza gobernante y se acerca cada vez más de la fuerza oficialista.

"La elección del 2014 fue muy apretada y como esa diferencia fue muy pequeña (3,3%), parte de la sociedad ve una menor legitimidad en la victoria. Hay una frustración muy grande desde ese momento electoral, que se potenció con la corrupción y se acumuló sobre el deterioro de la situación económica", dijo a la AFP Michael Mohallem, politólogo y profesor de la Fundación Getulio Vargas en Rio de Janeiro.

"Lo importante ahora es que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial armen una agenda que se ocupe de los reclamos de la gente: corrupción, mayor participación ciudadana y financiación de los partidos políticos", añadió.

La resaca que dejaron las protestas incluye también el factor incertidumbre. Muchos mostraron su angustia por "el futuro" del país en una movilización convocada desde las redes sociales, que no tuvo liderazgo ni agenda política pero superó las expectativas de un gobierno que debió armar un mini gabinete para la ocasión.

Presión en alza

Los que salieron a trajinar las calles de Brasil estaban unidos por el fastidio ante la corrupción en la petrolera, hasta hace poco el orgullo local, pero también reivindicaban pedidos diversos: un juicio de destitución de la presidenta, la salida de jueces de la Corte Suprema y hasta una intervención de las Fuerzas Armadas.

La mayoría de los datos indican que no hay ambiente ni elementos en Brasil para un "impeachment" (destitución), pero el analista político André Cesar dice que no es momento de desechar ninguna opción.

"La opinión pública entró en el juego. Y ese es el dato más importante. Mostró la cara. El gobierno tendrá que analizar a fondo a partir de mañana qué es lo que esto significa", dijo a la AFP.

Al descontento de quienes no votaron al PT se suma el de muchos simpatizantes del gobierno descontentos con el ajuste en curso para ordenar las cuentas públicas, controlar la inflación y retomar el ansiado crecimiento.

Nada fácil cuando alguno de los exdirectivos de Petrobras confesó haber desviado 100 millones de dólares a sus cuentas personales en Suiza.

"El gobierno va a tener que cambiar la política económica. Va a tener que digerir esto y tomar medidas más drásticas de austeridad económica. Y tendrá que enfrentar también la cuestión de la corrupción", dijo a la AFP Alexandre Barros, de la consultora Early Warning Political Risk, con sede en Brasilia.

El retrato actual de Brasil no está exento de frases fuertes.

Ricardo Kotscho, exsecretario de prensa de Luiz Inácio Lula da Silva, el fundador del PT y antecesor de Rousseff (2003-2010), escribió en su blog en la noche del domingo: "Quedó en claro en el día de hoy que está terminando otro ciclo político en Brasil (...) El gobierno de Dilma agotó su munición y ya no sabe qué más hacer para calmar a las masas".

Rousseff enviará al Congreso un nuevo paquete anticorrupción que impida el aporte financiero de las empresas privadas a los partidos políticos y sus campañas como una primera reacción -tardía, según sus críticos- al enojo social.

Un enojo que para el analista André Cesar fue "un mensaje para la clase política, pero en lo inmediato solo para Dilma".