Salarios y elecciones pueden formar una combinación explosiva. Y en estos días, esa fórmula está empezando a tomar temperatura, mientras las paritarias se demoran y empiezan a evidenciarse cambios en las estrategias de negociaciones.

El Gobierno sabe que una recuperación del poder adquisitivo le resulta funcional a su campaña pero, al mismo tiempo, debe cuidar que no haya "excesos" que fogoneen la inflación.

Los sindicatos, por su parte, tienen en claro que este es el momento para plantear sus exigencias. El gremio de los maestros es un buen ejemplo de esto, dado que logró un incremento de hasta el 36% además de una suma extra durante el verano, sin que se dispare un conflicto. 

Paralelamente, el reclamo por un alivio en el Impuesto a las Ganancias está a la orden del día: el sindicato de camioneros puso este tema al tope de sus reclamos de cara a la huelga del martes, mientras candidatos de la oposición echan leña al fuego asegurando que, si llegan al poder, eliminarán de raíz el polémico tributo. 

En este contexto, las negociaciones salariales actualmente se dirimen en un escenario distinto al de otros años. Sucede que, a diferencia de lo ocurrido en períodos previos, ahora no se perfila ningún gremio "grande" que pueda firmar un acuerdo que funcione como "referencia" para establecer un "techo" avalado por el Gobierno.

Pese a que tanto el INDEC como las consultoras privadas registran una desaceleración de la inflación, ni los sindicatos ni las empresas se animan a cerrar un porcentaje de aumento definitivo, a raíz de la incertidumbre que depara un año electoral. 

Es así que los analistas ya hacen referencia a una nueva tendencia: los gremialistas, incluidos los más cercanos a la Casa Rosada, prefieren pactar sumas no remunerativas por un período de tiempo acotado, con la expectativa de definir más adelante subas superiores a la pauta oficial.

Así lo atestiguan las tratativas en curso de los metalúrgicos y petroleros para extender los montos acordados durante el verano. Esto va en línea con los acuerdos trimestrales sellados por bancarios, choferes de colectivo y ferroviarios.

En todos estos casos, las partes volverán a la mesa de discusión en las próximas semanas para resolver si fijan una cifra para el resto del año o si vuelven a elegir incrementos temporales hasta tanto se aclare el panorama, en momentos en que los gremios del transporte y las centrales opositoras se preparan para un paro general.

"Nadie se atreve a anticipar cuál va a ser el índice de inflación. Las sumas no remunerativas no son la opción ideal pero ante todo hay que defender el poder de compra", explicó a iProfesional el moyanista Juan Carlos Schmidt, titular de la Confederación Argentina de Transporte (CAT) y uno de los organizadores de la huelga.

El antecedente que dejó el 2014 no es positivo. Muchos de los gremios que habían acordado aumentos para todo el año luego se vieron forzados a pedir un plus salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo que fue de entre 5 y 10 puntos porcentuales, debido a la devaluación, la inflación y la falta de actualización del mínimo no imponible.

Ahora, el Gobierno deberá decidir si habilita estas "mini paritarias" que, si bien en términos nominales parecen enmarcarse dentro de los límites de la pauta inflacionaria oficial, le acarrean el riesgo de no propiciar un escenario de "previsibilidad". 

Para despejar dudas, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dio algunas pistas sobre la estrategia oficial al apuntar que "con más volumen de consumo y producción y una rentabilidad acotada (por parte de las empresas), se permitirá con las paritarias libres sostener la capacidad adquisitiva del salario".

No obstante, advirtió que "no hay ninguna razón que justifique" un reclamo por parte de los sindicatos que ronde el 40% anual el presente año.

Por elcontrario, aseguró que, teniendo presente que el 2014 las paritarias cerraron en un promedio del 31,5%, en este 2015 las negociaciones colectivas deberán moverse entre el "20 y el 25 por ciento".

Sin embargo, la expectativa de los gremios difiere de la visión oficial. Las demandas de los sindicatos parten de un piso del 30% y llegan hasta un máximo del 45%.

Para lograr sus pedidos, no descartan arreglar porcentajes cercanos a los propiciados por el Gobierno, pero junto con sumas no remunerativas que, en los hechos, terminarían elevando las mejoras bastante por encima del techo oficial.

Lo que vienePor estas horas, todas las miradas recaen sobre la Asociación Bancaria, una entidad cercana al Gobierno, que ya inició conversaciones para renegociar salarios, tras acordar una suma "puente" para el primer trimestre, consistente en $2.200 remunerativos para cada mes, más $3.000 no remunerativos solamente en febrero.

Tal como fuentes cercanas a la negociación adelantaron a iProfesional, el gremio liderado por el radical Sergio Palacios, podría ser uno de los primeros en el sector privado en romper el clima de indefinición y sentar una referencia para el resto de las actividades, al exigir un aumento para todo el año que superaría en algunos puntos el 31% obtenido en 2014.

"Va a ser un porcentaje retroactivo a enero", dijeron desde el sindicato, que llevará a la mesa el informe de bancos del BCRA del 2014, según el cual el rubro registró ganancias extraordinarias por casi $46.000 millones, un 57% más que en 2013.

El cierre de un porcentaje anual por parte de los bancarios le serviría al Gobierno para empezar a orientar las paritarias. Sin embargo, la discusión podría tensarse por el malestar que se palpa en las bases de las principales entidades del sector.

Los empleados del Banco Provincia reclaman un incremento del 40%, mientras que los del Banco Nación ejercen una presión creciente para obtener una compensación por Ganancias, un beneficio que sólo otorgan el Provincia y el Ciudad, pese a que el tributo alcanza al 60% de los bancarios.

Con el respaldo del diputado Héctor Recalde, el sindicato presentó hace cuatro años un proyecto de ley que eliminaba la cuarta categoría, pero, como tantos otros, nunca prosperó. Por ello, ahora adherirá a la medida de fuerza convocada para el 31, como anticiparon desde la entidad, de modo tal de calmar la insatisfacción de sus afiliados.

Se trata del dilema que enfrentan las organizaciones sindicales afectadas por la política económica oficial que no quieren romper filas con el Gobierno: enfrentarse al Ejecutivo para defender el poder adquisitivo o aceptar los lineamientos oficiales para ser reconocidas por las autoridades en desmedro de su capacidad de representación gremial.

Para salir del aprieto, el líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, propuso extender hasta junio las sumas no remunerativas de $2.000 que recibieron en enero, febrero y marzo. El titular de la CGT oficialista elevó el pedido a las cámaras del sector, luego de que el año pasado obtuviera una suba del 29% que fue vista como "insuficiente" por los metalúrgicos.

El sindicato evitó asumir el rol de otros años en los que, a falta de Hugo Moyano, firmaba incrementos para los 12 meses en línea con la pauta oficial y que, junto a los acuerdos de otros sectores como estatales, construcción y comercio, servía como guía para el conjunto de la actividad económica.

La modalidad de negociar sumas "puente" podría ser replicada por los petroleros, que estudian prolongar los montos no remunerativos acordados en el primer trimestre, que sirvieron para descomprimir la huelga general que decretaron los gremios patagónicos a fines del año pasado, en reclamo de una compensación por la inflación y Ganancias.

Otro de los sectores que deberá apurar una decisión sobre cómo continuar sus negociaciones son los choferes de colectivo (UTA) encabezados por Roberto Fernández, uno de los sectores que convocan a la huelga y que meses atrás amagaron con pedir hasta un 50% de aumento.

"Vamos a arrancar con un piso del 30%", anticiparon.

Los empleados de comercio, el mayor gremio del país, ya arrancó conversaciones informales y aspira a una suba del 30% en dos tramos, junto con tres pagos de $1.200 por única vez. Es una fórmula que podrían seguir los sindicatos alineados al oficialismo, consistente en porcentajes cercanos a la pauta oficial, con sumas que les agrega unos puntos más.

En tanto, los aceiteros ya adelantaron un pedido de aumento del 42% para llevar el básico a $14.000. 

Entre los pocos gremios que ya acordaron se encuentran los maestros de Capital (34%), los de provincia de Buenos Aires (casi 40%), estatales bonaerenses nucleados en UPCN (31%) y los médicos y profesionales de la salud de la Provincia (37%). 

GananciasPese a las expectativas creadas en la CGT oficialista, el ministro de Economía Axel Kicillof dejó en claro que el Gobierno no tiene previsto modificar el tributo y minimizó el impacto del mismo al señalar que sólo "afecta a un 11% de los trabajadores".

Sin embargo, los gremios prevén que las negociaciones van a estar condicionadas por Ganancias y en sus pedidos ya calculan unos puntos de más para compensar la pérdida que les ocasiona "el impuesto al salario".

De no mediar una actualización, los trabajadores alcanzados por el gravamen que reciban un aumento sufrirán este año mayores descuentos.

Para los especialistas, Ganancias tiene una influencia directa sobre las paritarias. Según un informe del IARAF, el aumento que debería obtenerse en la negociación para que los trabajadores que deban tributar el impuesto a las Ganancias obtengan un incremento de bolsillo de, por ejemplo un 30%, debería ascender a porcentajes de hasta el 46% en el caso de que no se modifiquen los parámetros del tributo.

Por ello, un cambio en este sentido, será el principal reclamo del paro convocado para este martes.