Las autoridades brasileñas informaron el jueves del hallazgo de una trama de fraude fiscal dentro del Ministerio de Finanzas, que podría haber costado unos 19.000 millones de reales (5.960 millones de dólares) a los contribuyentes.

La noticia se supo en medio de un escándalo multimillonario de corrupción en la compañía estatal Petróleo Brasileiro SA, conocida como Petrobras, que provocó una desestabilización social y política en el vecino país por la cual se realizaron ya múltiples marchas, cacerolazos y otras manifestaciones, sobre todo contra la presidenta Dilma Rousseff.

En el último caso, el inspector de la Policía Federal Marlon Cajado dijo que varias empresas sobornaron a miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un organismo del Ministerio de Hacienda que estudia las apelaciones por disputas impositivas, para obtener dictámenes favorables que reducían o condonaban las cantidades adeudadas.

La policía dijo que está pesquisando a 70 compañías, a las que no identificó, según reportó la agencia Reuters.

Miembros de la agencia de apelaciones, al igual que consultores fiscales y abogados sospechosos de actuar como intermediarios en la recepción de sobornos, también están siendo investigados.

Hasta ahora, los expertos han detectado decisiones sospechosas que costaron al estado brasilero 5.000 millones de reales por concepto de evasión fiscal, y están analizando otros casos que podrían elevar el total a 19.000 millones de reales, indicó la agencia impositiva en un comunicado.

Los casos investigados llegaron a la oficina entre 2005 y 2013, mucho antes de que el actual ministro de Hacienda, Joaquim Levy, asumiera el cargo. No obstante, aunque Levy no será responsabilizado, el escándalo podría empeorar el clima político en un momento en que la popularidad del Gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff, se ha hundido por el caso de corrupción en Petrobras y el estancamiento de la economía.

"Nubla más la atmósfera", dijo a Reuters un funcionario del Ministerio de Finanzas que pidió permanecer en el anonimato ante la sensibilidad del asunto. "Nuestra única alternativa es combatir la corrupción", completó.

El jueves la policía irrumpió en las oficinas del CARF en Brasilia, así como las casas y despachos de consultores y abogados acusados de estar implicados en la trama en Brasilia y en los estados de Sao Paulo y Ceará.

Se incautaron documentos y 1,3 millones de reales, pero no hubo arrestos, informó Cajado a la prensa.

Aseguró que compañías industriales, agrícolas, de ingeniería civil y bancos pagaron sobornos de hasta el 10% para

"manipular" los dictámenes en disputas por casos que implicaban entre 1.000 y 3.000 millones de reales en impuestos adeudados.

Los sospechosos se enfrentan a cargos por tráfico de influencias, corrupción, conspiración criminal y lavado de dinero, castigados con penas de hasta 50 años de prisión.

Asimismo, se anunció que se reabrirán los casos de las firmas acusadas de pagar para obtener dictámenes favorables.

Testimonio clave

La ex presidenta de la petrolera estatal brasileña, Maria das Graças Foster, dijo el jueves a un comité investigador del Congreso que ella y otros ejecutivos quedaron sorprendidos por la pesquisa que reveló este plan de sobornos.

La ex ejecutiva admitió que estaba avergonzada de un escándalo de corrupción, pero negó tener conocimiento de los supuestos sobornos generalizados.

Foster, quien renunció a su puesto el 4 de febrero, dijo a una comisión parlamentaria en Brasilia que la compañía no puede ser responsable de las acciones de un pequeño grupo de individuos, que conspiraron criminalmente para trastocar los controles internos.

"Efectivamente estoy muy avergonzada de mirarlos, pero estoy siendo muy sincera", dijo a los investigadores en el Congreso. "Desearía que todo esto fuera una mentira y que nunca hubiera existido ningún soborno", agregó.

La policía y fiscales, utilizando testimonios de ex colegas de Foster y de su predecedor Jose Sergio Gabrielli, dicen que ejecutivos de Petrobras, nombrados por un tema político, conspiraron con compañías de construcción e ingeniería para sobrevalorar contratos. Los pagos extras fueron a parar después a los ejecutivos de Petrobras y a políticos en la forma de sobornos y donaciones a campañas políticas, recordó Reuters.

Gabrielli aseguró que las contribuciones a campañas políticas se realizaron de manera legal y que no tuvo nada que ver con corrupción.

"Debo admitir mi sensación de que todo esto ocurrió fuera de Petrobras, nuestros recursos internos no fueron capaces de investigar esto", afirmó Foster.