Uno de los principales argumentos que utilizó el Gobierno para descalificar el paro del martes consistió en tacharlo de "político" y circunscribir los reclamos a una "elite" de los trabajadores que pagan el Impuesto a las Ganancias. Así las autoridades intentaron deslegitimar una medida que desde su punto de vista dependió exclusivamente de la falta de transportes.

"Si hubiera habido trenes, subte, si no hubiera habido huelga de cortes, hubieran ido todos a trabajar", dijo el martes por la tarde la Presidenta durante un acto en la Matanza.

Sin ocultar su enojo, Cristina Kirchner apuntó contra las centrales obreras disidentes y los 22 gremios del transporte por "presionar al Gobierno" con una huelga que, tal como lo reconoció la mandataria, vació las calles y dejó a la ciudadanía sin colectivos, trenes, subtes, recolección de residuos, ni actividad portuaria, en los principales centros urbanos.

En un intento por reducir el inminente impacto de la protesta, los funcionarios se reunieron el lunes con los empresarios transportistas para que se comprometieran a brindar el servicio durante el paro, en tanto que el gobierno garantizó la presencia de fuerzas de seguridad en las distintas terminales.

Pese a las precauciones, el paro fue más lejos de lo previsto por las autoridades. Fuera del transporte, adhirieron los bancarios, petroleros, judiciales y los empleados públicos nucleados en ATE. Pero la principal diferencia con las protestas anteriores es que esta vez la conflictividad se sintió también en las grandes fábricas y movilizó a sectores insospechados, provocando una división en el seno de la CGT y los gremios aliados al Gobierno.

"Fue una medida con acatamiento masivo no sólo en el transporte sino también en la industria y los servicios. La bronca de los trabajadores le dio fuerza a esta medida, que millones la hacen no sólo por el impuesto al salario sino también contra la inflación, contra el trabajo precario, por paritarias libres y sin techo, contra los despidos y suspensiones, entre las principales demandas", dijo el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, desde un corte en Panamericana.

Así, por ejemplo, los metalúrgicos de Aluar en Puerto Madryn, Chubut, adhirieron en forma contundente a la huelga, con una movilización a la sede local de la AFIP, que fue apoyada por la seccional de la UOM de la Patagonia. A fines del año pasado, los obreros de la planta realizaron dos paros en contra de Ganancias y convocaron a un paro general junto a más de 60 organizaciones, que finalmente se suspendió tras ser recibidos por Nación.

El malestar de las bases ya lo habían anticipado de alguna manera los dirigentes de la CGT oficialista que, en lugar de salir a atacar la medida como lo habían hecho en otras ocasiones, por el contrario la apoyaron. El titular de Uocra, Gerardo Martínez, se expresó a favor del reclamo y el secretario general de la central, Antonio Caló, dio "libertad de acción" a sus afiliados a través de una solicitada.

"Hay que agradecer a Caló que dio libertad de acción, y los metalúrgicos apoyaron masivamente este paro", dijeron el martes los organizadores de la huelga durante una conferencia de prensa.

Para el metalúrgico la situación no es fácil. El titular de la UOM enfrenta un doble problema: por un lado, sabe que en el sector siderúrgico tiene afiliados alcanzados por Ganancias, como es el caso de los obreros de Villa Constitución, San Nicolás y Campana. Pero, al mismo tiempo, la mayoría de los trabajadores de la actividad no llega siquiera al piso para tributar el gravamen ya que, según la propia dirigencia metalúrgica, los salarios son muy bajos, luego de que la paritaria del año pasado les dejara un sabor amargo.

"En las fábricas más grandes prácticamente todos están alcanzados, pero el 90% del gremio no lo paga porque gana poco", resumió un dirigente del Consejo Directivo de la UOM que interpretó el giro de Caló como "un pequeño equilibrio" entre las presiones del Gobierno y el clima de insatisfacción de los trabajadores.

Con todo, la postura ambigua del metalúrgico generó revuelo en la seccional Zarate-Campana, donde la cúpula salió a pronunciarse en contra del paro para evitar la participación de sectores díscolos y preservar sus vínculos con el Gobierno. Sucede que la comisión interna de Siderca (Techint) había propuesto adherir a modo individual en momentos que el clima ya es tenso, tras los 400 despidos registrados a principios de año.

En el sector automotriz, también se sintió el paro pese a que el gremio SMATA se posicionó en contra de la medida. "Seguimos reclamando, pero no vemos que sea oportuno. Es un paro político", dijo a este medio el titular de Smata Córdoba, Omar Dragún.

Sin aval de la dirigencia, la protesta afectó a las plantas de Ford y Toyota, así como a las de FIAT y Renault, que decidieron suspender a su personal en Córdoba.

En tanto, la planta de Volkswagen en Pacheco se vio paralizada por la falta de insumos debido a la interrupción del servicio de logística de las proveedoras Dada y Schenker, afectadas por el sindicato de Camioneros. Y también hubo adhesión en las autopartistas Metalsa, Gestamp y Lear, donde hubo reclamos por despidos y suspensiones.

Otro sector que acusó recibo fue la industria alimenticia. El líder del Sindicato de la Alimentación (STIA) y miembro de la CGT oficialista, Rodolfo Daer, se reposicionó en los últimos días y salió a respaldar el reclamo, presionado por el peso de la izquierda en las fábricas de Kraft, Pepsico y Stani, donde los trabajadores participaron de la convocatoria.

En la zona norte de Buenos Aires, adhirieron además los trabajadores de la fabricante de neumáticos Fate, de las gráficas Worldcolor y la ex Donnelley, de Procter & Gamble, el polo químico de Zárate, a la vez que cientas de otras plantas más pequeñas.

En un balance de la protesta, el titular de la Confenderación Argentina del Transporte, Juan Carlos Schmidt, reconoció el martes que, si bien era difícil cuantificar la adhesión real a la medida, "en varias fábricas se paró la producción aun a pesar de la dirigencia".

Al igual que en otras ocasiones, el Gobierno denunció los innegables vínculos de los organizadores de la huelga con sectores de la oposición. Mientras el camionero Hugo Moyano coquetea con el PRO y el Frente Renovador, el gastronómico Luis Barrionuevo y el titular de los peones rurales Gerónimo Venegas tienen aceitadas relaciones con el duhaldismo.

Pero la extensión de las demandas a gremios oficialistas pusieron en cuestión el argumento de que la protesta respondió únicamente a intereses políticos.

"Hay trabajadores que no aceptan esa actitud de servilismo de sus dirigentes y sin embargo ellos están ahí aplaudiendo, aceptando cualquier cosa, y haciendo lo que el Gobierno les pide", dijo el líder de la CGT opositora, Hugo Moyano, al intentar explicar la repercusión que tuvo la convocatoria en los gremios cercanos al kirchnerismo.