Una de las características más ignoradas de las redes inalámbricas es el hecho de que la parte donde carecen de infraestructura es la pertinente a la interfaz aérea, o sea el espacio entre la antena y el dispositivo con el que se comunica. 

La parte posterior a la antena recibe poca prensa pero es sumamente importante pues es la que permite a las tecnologías de banda ancha proveer las velocidades que promete. 

Cada antena tiene una conexión que la conecta con la red dorsal de fibra óptica de su mercado, permitiendo que el tráfico bidireccional que maneja llegue a su destinatario final. 

La mayoría de estas conexiones –conocidas como “backhaul”– son por medio de redes cableadas, como cobre o fibra óptica. 

La llegada de tecnologías de banda ancha móvil a velocidades que superan los 20 Mbps tiene como consecuencia necesaria la evolución de las conexiones de "backhaul" de las redes inalámbricas. 

Mientras que para servicios 2G una conexión E1/T1 era suficiente, en la actualidad estaríamos hablando de conexiones de fibra o VDSL2. 

Esta nueva realidad tiene como consecuencia que, independientemente de la innovación tecnológica que desee hacer el operador móvil con el despliegue de LTE, si las conexiones de “backhaul” no pueden soportar las altas velocidades que viabiliza esta tecnología, el resultado es una conexión similar a la que se obtiene con tecnologías anteriores.

Bolivia, por ejemplo, un lugar donde la baja calidad del “backhaul” hace que las antenas LTE apenas ofrezcan velocidades esperadas de un despliegue 3G.

Como se puede observar, es sumamente importante que los gobiernos de la región viabilicen el otorgamiento de permisos para el despliegue de redes móviles que contemplen la colocación de una antena y también la instalación de las tecnologías cableadas necesarias para que la red móvil pueda operar. 

Teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los mercados de América latina estas autorizaciones se entregan a nivel municipal, existe el peligro de que los despliegues de banda ancha móvil puedan ser retrasados artificialmente por burocracia o falta de información, mayormente en zonas rurales o apartadas que, irónicamente, son las que más precisan la llegada de tecnologías como LTE. 

Si el interés de las autoridades de regulación es continuar fomentando la llegada de nuevas tecnologías para que los despliegues en sus mercados coincidan con los de países desarrollados, es importante fomentar la actualización de las redes cableadas. 

En la actualidad, el único lugar de América latina y el Caribe que reúne todas las condiciones para recibir una red LTE-A con cobertura nacional total es Barbados en el Caribe oriental. 

Sólo basta por decir que más del 85% de los hogares de esta isla pueden acceder a servicios de banda ancha de 1 Gbps, algo que no alcanzan aún muchos países desarrollados. 

El resto de los mercados de la región reúne condiciones propicias para el despliegue a corto plazo de LTE-A en localidades limitadas de sus principales centros urbanos.

Esta realidad parece asomarse un panorama sombrío a la tan mencionada llegada de 5G, que en la actualidad se espera tenga su primera red comercial después de 2020. 

Esta fecha coincide con los períodos de cerca de diez años que caracterizan la llegada de una nueva generación inalámbrica: GSM en 1992 (2G), UMTS en 2001 (3G) y LTE en 2009 (4G). 

Por lo pronto, 2016 será un año clave, pues es cuando se espera que sea definido el estándar de lo que será conocido como 5G a mediano plazo.

La importancia de contar con un sistema que responda a las necesidades del mercado llevó a 4G Américas a publicar, en octubre del año pasado, un documento que recomienda quince tecnologías que considera deben ser incorporadas al estándar que se termine aceptando para 5G.

La asociación visualiza a 5G como todo un ecosistema y no simplemente como una mejora en las velocidades de transmisión de datos, como ha ocurrido en el pasado con generaciones previas de tecnologías inalámbricas.  

Si uno mira como conjunto las recomendaciones de 4G Américas para 5G, rápidamente llega a la conclusión de que todas las tecnologías sugeridas se centran en incrementar la eficiencia en el uso de espectro RF y buscar maneras más eficientes de descargar tráfico. 

Este último aspecto es sumamente importante si se consideran las expectativas para las conexiones entre máquinas, conocidas como M2M (machine-to-machine). 

La consultora Machina Research estima que para 2023 América latina contará con más de 160 millones de conexiones por redes móviles sin interacción humana, es decir, M2M. 

El crecimiento en número de enlaces junto con la proximidad en la definición del estándar impulsó a 4G Américas a dialogar con organizaciones enfocadas en otras regiones del mundo, para establecer un consenso sobre qué tecnologías deben ser parte del ecosistema que será definido como 5G. 

Este esfuerzo ya rindió sus primeros frutos con la firma de un memorando de entendimiento entre 4G Américas y la Asociación de Infraestructura 5G de Cooperación Público Privada (5G-PPP), que busca establecer un diálogo más cercano para compartir las posturas de la región sobre lo que debe ser 5G con las de los diferentes mercados europeos. 

El objetivo es llegar a un consenso que nos acerque a la elección de un estándar global de 5G que sirva para acelerar la adopción de esta tecnología.

José Otero

Director de 4G Américas para América Latina y el Caribe.