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Polémica en la Costanera: denuncian que los restaurantes pagan cánones irrisorios

La zona está en el ojo de la tormenta tras las denuncias por bajos precios mensuales que pagan empresarios para usar ese espacio. La lista de comercios
14/04/2015 - 14:04hs
Polémica en la Costanera: denuncian que los restaurantes pagan cánones irrisorios

Costanera Norte y prácticamente todo el complejo de boliches y restaurantes que operan en este corredor, lindero al Río de la Plata, están en el centro de la polémica

Casi al mismo en el que trascendió la decisión del Gobierno porteño de renovar las concesiones en la zona, se conoció que la mayoría de los comercios pagan sumas irrisorias en concepto de canon, con el agravante de que muchos de ellos funcionan con permisos vencidos.

Esta realidad fue puesta de manifiesto por expertos del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes además precisaron a iProfesional que varios de los comercios violan ordenanzas y normativas que definen a esa área como una superficie de espacios verdes.

Entre los boliches y restaurantes señalados que presuntamente estarían desarrollando su actividad fuera de la ley figurarían la disco Pachá, el club nocturno Tequila y los restaurantes Pizza Banana, Siga La Vaca, Gardiner, Aquellos Años, Rodizio Costanera y Bahamas, entre otros.

Jonatan Baldiviezo, abogado y referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, confirmó a este medio que "la mayoría de las concesiones de estos comercios están vencidas, mientras que otras concluyen a fin de año".

El letrado agregó que las irregularidades "salieron a la luz ahora que el macrismo impulsa nuevamente la reprivatización de estos espacios".

Según Baldiviezo, "la mayoría de los permisos de estos comercios provienen de la década del 90, habiendo caducado en 2009. Desde ese entonces, no ha habido información concreta sobre el estado de los contratos".

La reapertura de las licitaciones en Costanera Norte y la disputa en torno a poder garantizarle a esta zona un destino de espacio verde -tal como fijan ordenanzas como la 46.229- derivó en una medida cautelar solicitada por la Asociación Civil Ecología y Desarrollo, por la que pidió suspender las nuevas adjudicaciones.

En concreto, la jueza Patricia López Vergara ordenó al Gobierno de la Ciudad no entregar concesiones con fines gastronómicos, salón de baile y playas de estacionamiento de ocho espacios ubicados sobre la avenida Rafael Obligado.

En otras palabras, vetó transitoriamente la posibilidad de que las firmas con permisos vencidos sean eventualmente beneficiadas con nuevos contratos.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad precisaron a iProfesional que si bien las adjudicaciones han sido bloqueadas, la jueza autorizó a continuar con los procesos licitatorios, hasta tanto se concluyan los estudios pertinentes de impacto ambiental.¿Cánones "baratitos" o simbólicos?

En paralelo a la discusión en torno a la reapertura de licitaciones en Costanera Norte, un punto por demás controvertido -que fue el que encendió la mecha del escándalo- se vincula con el canon mensual que hoy pagan los restaurantes y boliches.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad informaron que los comercios que se hallan en el centro de la polémica estarían abonando desde hace años las siguientes cifras:

•Bahamas: $15.697

•Tequila: $22.800

•Pizza Banana: $27.000

•Siga La Vaca: $32.500

•Aquellos Años: $46.250

•Gardiner: $52.800

•Rodizio: $75.000

•Pachá: $81.250

En tanto, desde el Observatorio señalan que empresas que operan en Costa Salguero, como Telemetrix, abonan mensualmente cerca de $100.000 por las 17 hectáreas y un total de 23 sub-concesiones.

Estas últimas, a su vez, estarían obteniendo un promedio de $1 millón mensuales por la explotación de esas superficies.

Desde el equipo de Pablo Bergel, legislador por el bloque Verde Alameda en la Ciudad de Buenos Aires, aportaron detalles a iProfesional respecto de otras presuntas irregularidades en torno a Costa Salguero.

Una de las firmas que subcontrata con Telemetrix es Centro Costa Salguero S.A., empresa que tiene el control y explotación de los cinco pabellones que conforman el centro de exposiciones.

La polémica por cánones bajos, en algunos casos hasta "simbólicos", alcanza también a Punta Carrasco.

"Actualmente en este espacio funcionan cinco emprendimientos, pese a que la concesión está vencida desde el 4 de mayo de 2013", indicaron desde el entorno de Bergel.

"Los comercios son Eventos Classic, Terrazas del Este, la disco Mandarine Club, el área de eventos Mandarine Park y Casa TUA, un espacio con capacidad para 2.000 personas", añadieron.

"Por todo este usufructo la empresa Punta Carrasco S.A. paga al Gobierno de la Ciudad la exigua suma de $50.000 "y hasta 2008 esa cifra era de $2.340 por mes, menos que lo que abona un kiosco", detallaron a este medio desde el equipo de Pablo Bergel.Las "nuevas" condiciones

En el área de licitaciones de Desarrollo Económico de la Ciudad pueden observarse claramente las condiciones ahora fijadas para los comercios que quieran operar en Costanera Norte.

La variación en los cánones base que deberán pagarse a futuro dejan al descubierto las cifras irrisorias que se manejan en la actualidad

Así por ejemplo, por el predio que ocupa la discoteca Pachá hoy por hoy se abonan $81.250. Sin embargo, en las condiciones de la licitación se establece quel nuevo valor pasará a ser de $195.000, un alza del 140%.

En tanto, por el espacio en el que funciona Pizza Banana el Gobierno fijó un futuro canon de $98.000 mientras que, en la actualidad, la compañía desembolsa un 70% menos ($27.000).

El siguiente documento da cuenta de las cifras:

Respecto de quienes ya están tomando parte del proceso licitatorio, ahora trabado por la Justicia, Baldiviezo fue contundente: "Los pliegos establecen que las actividades para esos predios serán las mismas que las actuales. Es decir, las concesiones se volverán a entregar a las empresas que ya están operando".

"Hoy existen denuncias penales contra los comercios que funcionan con permisos vencidos. De hecho, desde el Gobierno han llegado a decir que hay procesos de desalojo en algunos casos", completó.

De cara a lo que viene, Baldiviezo sostuvo que la medida cautelar que hoy bloquea las nuevas adjudicaciones tiene vigencia hasta que se dicte una sentencia de fondo. De todos modos, la Cámara luego puede echar para atrás cualquier decisión.

"Estamos ante un proceso largo. Porque después del pronunciamiento de la jueza, la Cámara tranquilamente puede demorarse hasta un año en tomar la decisión final", completó.Estado de situación

El proceso abarca ocho predios cuya categoría de urbanización es parque.

El Observatorio del Derecho de la Ciudad sostiene que volver a adjudicar esa superficie es claramente una violación a las leyes vigentes. Sucede que, según la ordenanza 46.229, los parques no pueden concesionarse, venderse ni tampoco se les puede cambiar el uso.

"Deben ser públicos, pero en vez de recuperar los predios para destinarlos a espacios verdes, el Gobierno ha decidido volver a privatizarlos y autorizar actividades que alteran su finalidad", aseguró Baldiviezo.

En virtud de la pérdida de espacios verdes en la Ciudad, en el año 1993 el entonces Concejo Deliberante había sancionado la ya mencionada Ordenanza N° 46.229.

En la misma, se prohibió la concesión o el permiso de toda zona destinada a espacios verdes (Distritos Urbanización Parque). Al mismo tiempo, se fijó una limitación al uso de aquellos lugares destinados a que sean públicos.

"Nada de eso está siendo respetado. Luego de concluidas varias concesiones de inmuebles ubicados en la Costanera Norte en distritos UP, se ha decidido nuevamente privatizar estos predios y autorizar actividades que alteran el carácter de espacios verdes", indicaron desde el Observatorio del Derecho.

Baldiviezo agregó que "hay varias irregularidades. La principal es el tema de las concesiones en sí mismas. La segunda es que las actividades que se van a permitir, ya que el uso que se le va a dar a esos inmuebles no corresponde al destino o zonificación de esos predios, que es de urbanización parque", dijo.

El especialista aseguró que "la tercera ilegalidad no abarca a todos los predios, sino específicamente al que ocupa Rodizio".

"Tanto el Código Civil como la Constitución de la Ciudad establecen que debe existir un Camino de Ribera del Río de la Plata. Antes eran 35 metros y con la modificación del Código Civil quedó en 15. Este lugar no respeta nada de esto", declaró.

"Si uno va por la Ribera se encuentra con un restaurante y para seguir por ese camino se ve obligado a tener que dar la vuelta. Es como si hubiera un comercio en plena calle Bolívar, en San Telmo", ejemplificó.

A través del nuevo proceso en la Costanera Norte y tras el cambio en las cotizaciones, el Gobierno de la Ciudad se asegurará una recaudación cercana al millón de pesos mensual. Una cifra, por cierto, más que tentadora.