En su eterna fijación por ganar "batallas culturales", el kirchnerismo se ha propuesto un nuevo objetivo: instalar en la sociedad la idea de que la caída del salario real y el estancamiento de la inversión no son culpa suya sino de la mezquindad y falta de visión de los empresarios.

Esta estrategia ha sido adoptada tras haber constatado que, a la hora de sentarse a negociar paritarias, los sindicatos no están dirigiendo su malestar hacia las empresas sino más bien al Gobierno, al que acusan de socavar su poder adquisitivo mediante el Impuesto a las Ganancias.Hasta ahora, el Ejecutivo ha llevado las de perder. La masividad del último paro sindical y las actitudes adoptadas por los gremios -que han puesto más énfasis en el reclamo contra el impuesto que en el pedido de ajuste salarial- han minado su argumento tradicional sobre este tema.

De manera que desde filas oficiales ya no se insiste tanto con el argumento de que quienes se quejan por este impopular gravamen es apenas una élite de asalariados de ingresos altos.

Más bien, ahora se trata de animar a que los sindicatos canalicen su enojo hacia las empresas.

El síntoma más notorio de esta situación es la alarma de los dirigentes empresariales ante una eventual "privatización" del costo de ese tributo. 

Es decir, que el alivio en el bolsillo de los asalariados quede en manos de los empleadores -vía el otorgamiento de aumentos de sueldos más elevados- y no del fisco.

Héctor Méndez y Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial, fueron quienes elevaron la preocupación sobre este tema, luego de constatar que son varios los gremios que ahora piden a la contraparte empresarial un plus de incremento para compensar la porción que irá a parar a las arcas de la AFIP.

Fue así que aquellos reclamos que originalmente se ubicaban en torno del 30% empezaron a deslizarse a cifras cercanas al 40%.

Es la forma de garantizar que -una vez descontado el impuesto- el dinero neto adicional que quede en el bolsillo del trabajador sea del 30%, tal como se había pedido en primera instancia.

En este esquema, los asalariados cumplen su objetivo de lograr que el incremento nominal sea, además, una mejora real en términos de poder adquisitivo y, al mismo tiempo, el Gobierno también gana, ya que mantiene su objetivo de impulsar una recuperación del consumo sin que ello le implique tener que resignar recaudación.

Claro que esta "fórmula" está muy lejos de entrar en la categoría "win-win", ya que tiene un claro perdedor: el sector empresarial, que pasa a cumplir un rol de subsidiador de un impuesto al salario. "Recalculando" el reclamo a empresas

Hay un problema para el cumplimiento de este nuevo plan K: los indicadores económicos, a contramano del tono optimista de los discursos de Cristina Kirchner, no dejan de traer malas noticias.

El mismo día en que la Presidenta anunció una inversión de Nissan-Renault, se difundió el dato de una nueva caída de 10% en la producción de autos.

Una semana más tarde, Cristina volvió a destacar el buen clima de negocios del país, con la puesta en marcha de la fabricación de un nuevo modelo Honda. Pocas horas después, el Estudio Ferreres informaba su índice de actividad industrial, que marcaba otra vez una baja de casi el 2%.

Los dirigentes de la UIA -que se quejaron sobre la imposibilidad de hacerse cargo de un impuesto ajeno- difundieron en forma simultánea un informe en el que destacaban las previsiones de caída de la industria y un estancamiento de las economías regionales.No parece ser el mejor momento como para que el Ejecutivo se queje sobre la rentabilidad excesiva de las empresas.

Una encuesta de PWC realizada entre pequeñas y medianas compañías reveló que seis de cada diez no prevén mejorar este año sus ganancias. Incluso, un 29% de los ejecutivos consultados está resignado a que empeoren.

A la hora de señalar el principal problema para la sustentabilidad de su negocio, un rotundo 73% mencionó el incremento del costo laboral y la mitad de las compañías relevadas manifiestan que están padeciendo los efectos negativos de la presión impositiva.

Aun así, el kirchnerismo sigue recurriendo a la estrategia de demonizar a los empresarios.

El mismo día del paro contra el Impuesto a las Ganancias, Artemio López, uno de los más influyentes analistas afines al oficialismo, atribuyó la caída del poder adquisitivo de los sueldos más altos a la voracidad empresarial.

López llega a esta conclusión tras observar que el achatamiento de la pirámide salarial se produce "en el mismo instante en el que los balances empresarios muestran un notable ascenso en la rentabilidad".

En consecuencia sugirió a la dirigencia sindical "dirigir sus críticas y reclamos a la patronal empresaria, desplazando la creciente y muchas veces arbitraria centralidad que tiene el Estado en sus demandas, modelando un comportamiento anti estatista típico de sindicatos atravesados por la ideología neoliberal".

Por cierto, no podría decirse que los gremialistas hayan tomado tal recomendación al pie de la letra, habida cuenta de que se sigue considerando la convocatoria a un paro general de 36 horas.

Sin embargo, esa hostilidad ya no es exclusiva hacia el Gobierno, dado que también se les exige a las cámaras empresariales que hagan su aporte para aliviar el peso del gravamen. 

Fue en ese contexto en el que Cristina Kirchner dio su argumento sobre el momento actual: los empresarios deben asumir un recorte en su margen de ganancia, de manera de incrementar tanto el nivel salarial como la tasa de inversión, sin trasladar esos mayores costos a sus precios.

"Para aumentar la inversión hay que reducir un cachitito las ganancias. La inversión tienen que ponerla los empresarios acá, pero nada de achicar la demanda. Porque achicar la demanda es muy simple, es achicar los salarios", fue la comentada frase de la Presidenta, al anunciar la puesta en marcha de un nuevo proyecto automotor.La hora de "ponerse" compulsivamente

Lo que Cristina deja entrever es que sigue aferrada a una de sus "ideas-fuerza" de los últimos tiempos: los empresarios no quieren arriesgar su capital.

Y, por eso, para evitar que la economía se enfríe, es el Estado que -para decirlo en palabras de la Presidenta- "tiene que ponerla, porque los privados no la ponen".

En otras palabras, el Gobierno no da lugar al argumento en el sentido opuesto, es decir que si "no la ponen" es, precisamente, por el peso de la presión impositiva.

Entonces, el Impuesto a las Ganancias (que ya explica casi uno de casa cuatro pesos de la recaudación total) que -según estima la consultora Finsoport- ya asciende al 6,7% del PBI, no cuenta con altas chances de que sea revisado por el Ejecutivo.

Por el contrario, la Presidenta dejó en claro que ya se ha transformado en uno de los pilares del "modelo", dado que de lo que ingresa por Ganancias depende el mantenimiento de planes de asistencia social y, además, la inversión pública.

Esas dosis creciente de "relato" son necesarias a modo de compensación ante la ola de datos sobre el incremento de la presión impositiva sobre los asalariados.

Un estudio del economista Matías Tombolini apunta que en 2003 hacían falta 10 salarios mínimos para ser alcanzado por el gravamen. En cambio, en la actualidad se paga el tributo con apenas 3,2 sueldos mínimos.

"Si eso no es aumento de la presión sobre el salario, entonces ¿qué es?", se pregunta el economista.

Como si esto fuese poco, hay más factores que empeoran la situación. Los analistas señalan que es justamente esa elevada carga impositiva la que conspira contra el crecimiento del consumo y de la economía. Un argumento absolutamente opuesto al que sostiene la Presidenta.La puja distributiva, al rojo

En definitiva, detrás de la polémica por el Impuesto a las Ganancias y la presión para que las empresas asuman el costo del tributo, lo que asoma es uno de los clásicos de la política argentina: la pelea por transferirle a otro el costo del ajuste.

Eso que, en la jerga de los economistas, se conoce como "puja distributiva".

La propia Presidenta ha explicado con claridad su punto de vista al respecto: no es posible generar el progreso social sin "tocar intereses".

"Quiero que me expliquen cómo hago para sacar plata de un lado y no sacársela al otro, porque en economía cuando vos le das a uno es porque le dejaste de dar a otro, no hay ninguna otra posibilidad", había dicho Cristina hace dos años en un recordado discurso ante dirigentes empresariales.

Bajo esta lógica, resultaría imposible cualquier alivio impositivo, a no ser que se encuentre un candidato a "ponerse con la plata".

El problema es que, para muchos analistas, ya está agotado el margen de los que "se ponen".

"El sistema está hecho para complicarle la vida a la gente y exprimirla como un limón", afirma el economista Roberto Cachanosky, quien se queja de que, en la campaña electoral "se escuchan todo tipo de propuestas para aumentar la recaudación pero no para bajar el gasto público".

Lo curioso es que los economistas suelen coincidir con una de las premisas de Cristina: no se puede aliviar la carga tributaria sin que se genere un desfinanciamiento.

Pero discrepan radicalmente en la segunda parte del pensamiento de la Presidenta: la solución no es avanzar en una espiral impositiva, sino recortar gasto público para permitir que los privados inviertan más."Hace falta bajar impuestos. Una porción del desfinanciamiento se recupera por mayor actividad y consecuentemente mayor recaudación de IVA, Ganancias, etc. Pero también va a hacer falta endeudamiento", argumenta Nadin Argañaraz, director del Instituto de Análisis Fiscal.

Mientras que Enrique Szewach pone el dedo en la llaga: el alivio que esperan todos los que pagan Ganancias deberá tener la contraparte de aceptar pagar tarifas más caras.

"Si los impuestos al trabajo tienen que bajar y sobre los impuestos al capital no hay mucho espacio para ser ‘creativo', no queda más remedio que mirar el gasto público. Es decir, el ingreso de aquellos privados que reciben subsidios económicos", afirma.

Pero claro, eso no puede plantearse en medio de una campaña electoral. Es por eso que, ante la evidencia de que se agotaron los "colchones" que antes posibilitaban el reparto, surge esta nueva fase del modelo: la "privatización" de los impuestos.