Luego de una intensa investigación de la Administración Federación de Ingresos Públicos (AFIP) la Justicia procesó a Lisandro Barbuy, Omar Barbuy y la ciudadana uruguaya Ana María Villanueva, por el delito de contrabando documentado en más de 700 hechos de sobrefacturación de importaciones trianguladas por más de 170 millones de dólares y que permitió fugar al exterior más de 35 millones de dólares.

El procesamiento fue ordenado el Juzgado Federal de Bell Ville, (Córdoba), a cargo del Roque Ramón Rebak.

La investigación tuvo origen en las tareas de análisis del riesgo llevadas a cabo por la Aduana argentina e implementadas durante el año 2011 para la detección de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria respecto a las empresas Barbuy Team SA y Dowel SA, grandes importadores y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país.

La maniobra detectada consistía en la utilización de una empresa “fantasma” creada en la República Oriental del Uruguay que re-facturaba injustificadamente en un 20% el valor de la mercadería que se adquiría en China, con la finalidad de fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía, presentando documentación falsa.

Sobre la documentación secuestrada en Argentina se pudo constatar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido ilícitos aduaneros en la República Oriental del Uruguay. Por ello, gracias al Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del MERCOSUR se denunció la maniobra en Uruguay.

En diciembre de 2011 se realizaron cuatro allanamientos a los domicilios donde deberían funcionar las supuestas firmas comerciales en Montevideo, que fueron llevados a cabo por la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay y con la autorización de la Justicia Nacional de Aduana de Montevideo.

La información secuestrada acreditaría que las supuestas empresas Uruguayas que facturaban por montos millonarios en dólares, en realidad eran simples escritorios vacíos, sin ninguna identificación personal, sin personal a cargo, que presentaban sus libros contables absolutamente en blanco, una fachada o un ropaje de legalidad que en realidad ocultaba que las reales operaciones comerciales (negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería) eran realizados directamente desde Argentina.

Con base en la información recabada y documental secuestrada, se denunciaron más de 700 hechos de contrabando en el país y se estima que la maniobra que involucró importaciones por más de 170 millones de dólares, permitió sobregirar al exterior importes superiores a los 35 millones de dólares.

La utilización con ardid y engaño de personas jurídicas “de cartón” en países de nula o baja tributación, por parte de los grandes grupos económicos concentrados, es una maniobra ilícita compleja cuya desarticulación requiere de la cooperación internacional recíproca.

En este sentido, la AFIP ha desarrollado una estrategia, a partir de su presencia activa en los foros internacionales vinculados con la transparencia fiscal internacional, enmarcada en la necesidad de llevar a la práctica políticas estructurales contra los paraísos fiscales y promover la eficiencia en el intercambio de información, que aseguren un comercio internacional fluido y lícito.