El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires separó de ese cuerpo al juez Benjamín Sal Largués (a la izquierda en la foto), uno de los dos magistrados del Tribunal de Casación penal bonaerense que redujo la condena al violador de un niño, donde desempeñaba una función administrativa.

Fuentes del Consejo, presidido por uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Eduardo Néstor de Lazzari, informaron a DyN que la decisión fue adoptada tras conocerse el fallo firmado por Sal Llargués y el magistrado Horacio Piombo.

"Tenía un cargo administrativo, hacía exámenes que se les toma a los postulantes a cargos en el Poder Judicial", explicaron las fuentes consultadas, y manifestaron que la decisión, conocida hoy, fue adoptada ayer.

El organismo está integrado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, magistrados, abogados y académicos.

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS), con sede en Bahía Blanca, también prescindió de los servicios como docente de Sal Llargués "en repudio al fallo", expresó en un comunicado.

La medida, reportada este jueves por el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, fue justificada por la facultad en un comunicado, en el cual sostuvo que "resulta preocupante que magistrados que, a su vez, son profesores universitarios, interpreten la conducta de un niño víctima de un abuso sexual como una elección libre acerca desu sexualidad".

La Facultad manifestó su "preocupación" porque los magistrados "evalúan la aplicación de los agravantes y atenuantes del tipo penal de acuerdo con una supuesta orientación sexual de la víctima menor de edad" y sostuvo que "la decisión de los camaristas vulneró los derechos del niño víctima".

Estudiantes y organizaciones sociales y políticas, en tanto, levantaron la toma del decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, tras lograr el compromiso de las autoridades de esa casa de estudios para analizar el 2 de junio la desafectación de los dos jueces que redujeron la pena al violador de un niño.

El compromiso fue reflejado en una nota firmada en representación de la universidad por el secretario general, Leonardo González, el prosecretario general Patricio Llorente, y la directora general de Derechos Humanos, Verónica Cruz.