El conflicto se dirime en medio de una multiplicidad de asuntos espinosos y grandes intereses que involucran a actores "peso pesado".

Tal es así que el desenlace puede marcar un antes y un después en un negocio multimillonario en la Argentina. Nada menos que el de la producción de soja, con todo lo que ello implica.

Frente a una cosecha del orden de las 60 millones de toneladas para el presente período -que este año le generará al país casi u$s16.000 millones- la discusión en torno al control del insumo básico para la producción enfrenta a los más poderosos de la escena agrícola local.

Así, desde entidades de Gobierno como el Ministerio de Agricultura a empresas privadas de la talla de Monsanto, pasando por productores y acopiadores, e incluso organismos como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), se multiplican las ofensivas para fijar un pago específico por la semilla.

La disputa parte de un intento del gigante estadounidense de agroquímicos y transgénicos (cultivos modificados genéticamente para resistir la aplicación de plaguicidas, como el ultra cuestionado glifosato) por imponer el cobro de regalías, metodología que ya utiliza en su país de origen.Monsanto, que es la desarrolladora de casi toda la biotecnología aplicada a la soja que se siembra en la Argentina y que luego llega a los productores a través de semilleras (como Don Mario o Nidera), procura ajustar sus ingresos de cara a la imposición masificada de su último producto: la variedad "Intacta".

La compañía introdujo su primera semilla transgénica en 1996, en lo que fue su producto RR -"Roundup Ready"-, que incorporaba resistencia al glifosato de la misma firma.

Luego de seducir a productores de todo el país con estos productos genéticamente modificados, la compañía se focalizó en la obtención de regalías por la tecnología aplicada a los cultivos.

Sin embargo, cuando Monsanto quiso exigir "su parte", fue demasiado tarde: nunca se le reconoció la patente de la RR en la Argentina, por lo que no pudo obtener ingresos derivados de su invención.

Fue así que, a modo de compensación, la firma focalizó su negocio en la comercialización de agroquímicos y sumó ganancias multimillonarias a través de las ventas posteriores de las semilleras.Recaudación "Intacta"

Ahora, con la llegada de "Intacta", la firma no quiere volver a pasar por lo mismo.

En forma previa a hacerse con el reconocimiento de la patente, comenzó a negociar acuerdos con los exportadores con el objeto de revisar todos los cargamentos de soja que salgan de la Argentina para así detectar el uso de biotecnología no abonada.

En otras palabras, la empresa buscó establecer un control privado sobre los envíos al mundo con el fin de poder cobrar -de modo compulsivo- su innovación, en caso de dar con este tipo de cargamentos que contengan semillas comercializadas de modo ilegal. Esto último, a razón de 14 dólares por tonelada.

"Monsanto es una multinacional que actúa como si quisiese reemplazar al Estado. Acordó con los exportadores con la idea de que luego éstos presionen a los acopiadores, para así poder recaudar más de los productores".

"Quiere empezar a cobrar por todo lo perdido en los años 90", sostuvo a iProfesional un especialista en agronegocios que pidió no ser mencionado.

Si bien los principales exportadores se mantuvieron en sintonía con Monsanto, este movimiento de la empresa originó en los últimos días un rechazo generalizado entre los acopiadores.

Estos no aceptan operar como "agentes de retención" de una compañía multinacional. Además, se han enervado los ánimos entre los productores que no convalidan las modificaciones en las condiciones de adquisición o pago de semillas.

"El sistema que propone Monsanto nos obligaría a retener dinero del productor que no es nuestro, sin ningún marco legal", declararon a principios de mayo directivos de la Federación de Acopiadores.Gobierno en acción

Dada la importancia del tema y el multimillonario negocio en juego, a la mesa de discusión se sumó el propio Gobierno.

Si bien mantiene un vínculo aceitado con la corporación -sobre todo desde el inicio del segundo mandato de Cristina Kirchner-, el Ejecutivo emitirá un decreto (DNU) para que la biotecnología se pague directamente en la compra de la semilla y no vía el cobro de regalías a través de acuerdos entre privados.

También se anunció la creación de un registro que permitirá determinar "qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de 'bolsa blanca'", término con el que se denomina al producto no certificado o fiscalizado.

El Gobierno precisó también que "el DNU excluirá del pago a los pequeños agricultores".

En tanto, anticipó que se conformará "un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país, a través del cobro de un canon tecnológico"."Monsanto podrá cobrar por los millones que invirtió para desarrollar los transgénicos y, al mismo tiempo, la bolsa de semillas ya incluirá el pago por la innovación de la empresa, lo que derivará en un aumento de ese insumo", sostuvo un dirigente rural.

Gustavo Grobocopatel, líder de un grupo que sustenta buena parte de su facturación en el acopio de granos, celebró la intervención oficial.

Ante la consulta de iProfesional, sostuvo que "el Estado y la comunidad de negocios deben hacer un gran esfuerzo para regularizar la comercialización de semillas, de manera tal que no se afecten los derechos de los productores ni de otros actores de la cadena"."Cobrar directamente (en la semilla) me parece el mejor sistema, siempre que paguen todos. Creo que el espíritu de la medida del Gobierno es este", aseguró Grobocopatel.Bolsa ilegal

Por supuesto, la decisión de imponer controles a las exportaciones de soja como pretende Monsanto no responde sólo a la disponibilidad de una patente reconocida.

También apunta a garantizarse el flujo de regalías que hoy pierde por efecto de la venta ilegal de semillas.

En la Argentina, cuatro de cada cinco bolsas se comercializa de forma no certificada.

En otras palabras, prácticamente el 80% corresponde a productos sin declarar, conocidos en el ámbito rural como "bolsa blanca".

El tema está en que, según Monsanto, las "bolsas blancas" cuentan en su gran mayoría con biotecnología desarrollada por la compañía. Desarrollos que son comercializados por los mismos productores a sus pares al final de cada cosecha.

"Esto hay que compararlo con la aparición de la grabadora de discos compactos. De un original se hacían varias copias. En el agro pasó algo parecido. Alguien compra semillas con invención de Monsanto y luego las multiplica. Así arman las ‘bolsas blancas'", destacaron fuentes de la Federación de Acopiadores.

"¿Qué busca la empresa? Rastrear su desarrollo en el producto final, tal como lo hace en Estados Unidos. Como no puede asegurarse el cobro por toda la venta, entonces busca las regalías directamente en el embarque", completaron.

¿En qué consiste el procedimiento? En una serie de testeos para conocer la estructura de ADN de lo cosechado, que portan detalles sobre si la biotecnología presente en los porotos de soja se corresponde con las técnicas de genética que utiliza Monsanto.

"La empresa dice que de esta forma recupera las inversiones que hace para hacer más transgénicos. Quiere consolidarse como dueña del insumo básico. Cobrar por todo", expresó un acopiador.Monsanto tiene la palabraiProfesional se contactó con fuentes de la empresa a fin de conocer la posición de la firma, tanto ante el decreto gubernamental que será publicado como frente a la crítica de los productores.

Desde el área de Asuntos Corporativos de la compañía sostuvieron que "la discusión sobre las semillas afecta a toda la industria, no sólo a Monsanto".

Afirmaron que el pago de regalías debe ajustarse "no por pedido nuestro sino también por el resto de las empresas que también hacen biotecnología en la Argentina".

"Para la soja RR, la tecnología se dio de forma gratuita. Nunca tuvimos la patente en el país, por lo que en el 2008 directamente nos olvidamos de la disputa por las regalías. Ahora contamos con otra patente, la de Intacta, y no queremos que nos pase lo mismo que con la RR", enfatizaron.

Durante la gestión de Néstor Kirchner al frente del Ejecutivo nacional, Monsanto intentó por todos los medios cobrar por su tecnología RR aplicada a la soja.

Ante la decisión del Gobierno de no hacer lugar a su reclamo, la compañía inició una campaña de presión sobre los destinos comerciales de la oleaginosa local alrededor del mundo.

De este modo logró que países europeos directamente incauten los cargamentos de harina de soja provenientes de Argentina.