El FIFA Gate sigue destapando actividades ilícitas, coimeros, coimeados y millonarios montos sospechados.

El escándalo involucra a varios miembros del organismo que rige al fútbol a nivel mundial y es de tal magnitud que cada día que pasa salen a la luz nuevas denuncias por pagos de sobornos, lavado de dinero y evasión.

En principio, todos los acusados -muchos de los cuales ya fueron detenidos en Suiza- tendrán oportunidad de plantear sus estrategias de defensa que, por cierto, serán bastante robustas ya que no son ningunos improvisados. 

El mundo se vio sacudido cuando las autoridades se presentaron vestidas de civil en un hotel de Zurich para detener, sin previo aviso, a varios dirigentes de la FIFA que se encontraban reunidos en esa ciudad.

El motivo del encuentro era nada menos que la elección del presidente del organismo, en una disputa en la que competían Joseph Blatter y el jordano Ali bin al Hussein. El primero, que busca su quinto mandato, inicialmente no forma parte de la lista de acusados. 

Toda la investigación del FIFA Gate está a cargo de una fiscalía estadounidense porque alega que los delitos se cometieron en ese país utilizando su sistema bancario.

Además, argumenta que parte de las escandalosas coimas y manipulación de adjudicaciones fueron convenidas en la CONCACAF (que agrupa a las federaciones de fútbol del Caribe y Norteamérica) con sede en Miami.

De acuerdo con los investigadores, durante el allanamiento se obtuvo gran cantidad de evidencia y contaron con la inestimable colaboración de un dirigente arrepentido.

En este contexto, tres argentinos aparecen involucrados: los empresarios Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Alejo Jinkis.La maniobra"Todos podemos resultar heridos por esto. Todos podemos quedar presos", decía tiempo atrás Burzaco, en el marco de la conferencia en la que se anunciaba que la Copa América 2016 se iba a disputar en los Estados Unidos.

El empresario hacía referencia a al esquema de presuntas coimas pagadas por la empresa Datisa para asegurarse los derechos televisivos y comerciales de cuatro Copas América: Chile 2015, Estados Unidos 2016, 2019 y 2023.

El pacto entre Datisa y Conmebol sería por u$s110 millones.

Ese monto - destinado a sobornos- habría sido transferido "de cuentas en Suiza -controladas por Datisa- hacia registros bancarios de los ejecutivos de Conmebol alrededor del mundo", señala el expediente.

Por su parte, los otros acusados - Hugo y Mariano Jinkis- habrían abierto una cuenta a nombre de una sociedad -vinculada con el Grupo Full Play - "casualmente" en el mismo banco en el que tenía sus depósitos Datisa.Burzaco también aparecería involucrado con maniobras y manejo de fondos vinculados con los derechos de la Copa América disputada en 2011 en Argentina.

El empresario era el presidente de Torneos y Competencias. Además, habría sido quien pactó pagos con un brasileño.

Este último, de nombre José Hawilla, (uno de los arrepentidos) había convenido entregarle millones de dólares a la AFA por cada edición de la Copa América con una condición: que la Selección Argentina jugase con su equipo titular.El rol de la Justicia argentinaEn principio, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó, a pedido de la Embajada de Estados Unidos, la captura y extradición de los tres.

¿Por qué convalidó que los argentinos acusados puedan ser juzgados en los Estados Unidos? porque el magistrado tuvo en cuenta que fueron maniobras pluralmente delictivas, con millonarios montos en juego y, además, que hubo un importante lapso de tiempo transcurrido entre la planificación de los hechos y su implementación en diferentes países. 

Según consideró, esa sumatoria de circunstancias "aconsejan preservar los intereses del país que solicita la extradición, por cuyo interés el Ministerio Público debe velar mediante el arresto provisorio de los imputados".

Como si esto fuese poco, también rechazó los pedidos de exención de prisión que habían presentado los abogados de los implicados. 

De Giorgi era el que estaba de turno cuando llegó el pedido de detención internacional. Así, tras resolver las cuestiones urgentes -entre ellas la exención de prisión- envió la causa a la Cámara Federal que por sorteo designó al juez federal Claudio Bonadio. 

Será él, entonces, quien deberá en definitiva realizar el juicio de extradición para los imputados, que será oral y sólo será apelable ante la Corte Suprema de Justicia.

Según trascendió, Burzaco se encontraría en el exterior intentando volver a la Argentina.

De ser capturado en suelo europeo podría ser extraditado de inmediato a los Estados Unidos si el juez competente (que sería el del país en el que se encuentre emplazado el aeropuerto o lugar de detención) así lo dispone.

Sobre llovido, la AFIPEn medio del escándalo judicial, intervino la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El ente recaudador que conduce Ricardo Echegaray apuntó contra Burzaco (gerente de la empresa Torneos) y los Jinkis (integrantes de la firma Full Play) por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.

Además, solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza.

La denuncia -que recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo de Diego García Berro- también apuntó a embargar los bienes de los acusados.

Cómo es el proceso de extradición en Argentina En principio, el accionar de la AFIP puede "paradójicamente" terminar ayudando a los implicados en el FIFA Gate.

Esto es así ya que toda denuncia realizada en la Argentina contra personas que cuenten con pedido de extradición impide que las mismas puedan ser trasladadas a otros países durante todo el tiempo que dure el proceso judicial. 

Se inicia con el pedido del país que lo solicita -en este caso los Estados Unidos- que debe librar una orden de captura internacional (aceptada por INTERPOL) y además formular un exhorto a la Argentina.

El proceso se acelera si entre los dos países hay un acuerdo previamente firmado.

Los tratados, si bien son parecidos entre sí, pueden tener alguna particularidad que los distinga, como por ejemplo, los plazos de ejecución. 

Estados Unidos ya tiene uno rubricado con la Argentina. De este modo, cuando el pedido de extradición llega lo recibe el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe controlar que estén cumplidas las formalidades para antes de enviarlo a un juez federal de turno.

Este último es el que se encarga de ordenar la detención preventiva y comenzar el proceso de extradición.

A partir de aquí, pueden darse dos situaciones: que el imputado lo acepte o que lo rechace.

• Si presta conformidad, el juez lo envía al país que lo requiere tras el chequeo del cumplimiento de los requisitos formales. 

• Si, por el contrario, la rechaza, se inicia el llamado "juicio de extradición". 

En este último caso, el país requirente tiene un plazo de 30 días para enviar documentación y los argumentos para "convencer" al juez argentino. El proceso puede continuar con un juicio oral. La decisión final puede ser apelada. 

Los abogados consultados por este medio recuerdan un aspecto clave: el magistrado argentino debe controlar que los delitos del país requirente sean delitos también aquí, y que los hechos no estén prescriptos.

Una vez cumplimentados estos pasos, el juez puede dictar sentencia haciendo lugar o rechazando la extradición.

Después de la vía judicial, todavía queda un punto no menor: la decisión final que tome Estado argentino. Es que, como soberano, puede convalidar o echar por tierra el proceso.

Es decir, el Gobierno es el que tiene la última palabra.

Pese

A raíz de ello, puede no dar lugar a su pedido y hasta concederle asilo político al acusado. 

La ley RICO y las penas previstas

Fernando Gamiz, director de Fraudes, Investigaciones y disputas de BDO Argentina, explicó a iProfesional que en este caso Estados Unidos aplica la ley RICO, que castellanizada se traduciría como “Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales”.

Esta norma fue promulgada en 1970 con el objetivo de combatir a la mafia y permitir a los fiscales conectar todas las actividades ilegales, permitiendo condenar a los jefes detrás de los crímenes. Posteriormente empezó a ser aplicada al mundo de los negocios.

Según destaca Gamiz, "para ciertos jueces los actos deben significar una amenaza contínua de la actividad criminal. Es decir, que haya persistencia de los mismos por más de un año y riesgo de repetición indefinida”.

En el caso del FIFA Gate, la investigación lleva tres años. De acuerdo con quienes llevaron a cabo esa tarea, todo comenzó con las sospechas de pago de sobornos por derechos de televización a las que se sumaron maniobras tendientes a favorecer la elección de un país determinado como sede de la Copa del Mundo.

En este caso, están bajo la lupa la elección de Rusia y Qatar como anfitriones de los torneos de 2018 y 2022. Además, se presume que se utilizó el mismo mecanismo ilegal para la competencia desarrollada en Sudáfrica en 2010.

La ley RICO "prevé condenas de hasta 20 años de prisión, excepto que algunas de las actividades motivo de la acusación contemple penas mayores", agregó el directivo de BDO.

En este punto, Gamiz señaló que “el condenado debe también ceder los bienes derivados de la actividad ilegal. Además, está sujeto a pagar hasta tres veces el monto de los daños causados, incluyendo el costo de los abogados y multas de hasta u$s25.000”.

¿El Gobierno Argentino convalida la extradición?En principio, el Ejecutivo hizo saber a través del canciller Héctor Timerman que no habrá impedimentos para que los involucrados sean entregados a la Justicia del país norteamericano, debido a que rige un acuerdo bilateral.

"La Argentina actuó exactamente como lo tiene que hacer en estos casos, aplicando el protocolo de procedimientos. Nosotros tenemos un convenio bilateral de extradición con EE.UU.", recalcó.

"Hay gente que decía que no extraditamos argentinos y eso es mentira. Lo que no hacemos es defensa por nacionalidad, sino por situación específica", remarcó Timerman. 

Y concluyó: "Si finalmente son arrestados y el juez considera que deben ser enviados a Estados Unidos para ser juzgados, no habrá ningún impedimento por parte de nuestro Gobierno".