En vistas de los reclamos salariales crecientes, el Gobierno puso en marcha en las últimas horas una nueva fórmula para contener a los gremios díscolos y proteger la pauta oficial del 27%.

Se trata de un aumento porcentual que no supera la cifra de referencia, pero incluye un adicional vinculado a la rentabilidad del sector, que en los hechos incrementa el aumento real.

De ese modo, las autoridades aspiran a enviar la señal de que todavía tienen bajo control la discusión salarial, pese a la mayor conflictividad laboral por el estancamiento de las paritarias, y además quieren dejar en claro que los aumentos en camino corresponden a ramas particulares, que no son pasibles de ser extendidas al conjunto de la actividad económica.

Con esas premisas en mente, el ministro de Economía, Axel Kicillof, logró un acercamiento los bancarios, que esta semana realizaron una huelga de 48 horas y piden un 30%, junto con un plus compensatorio del gravamen.

El funcionario ofreció unos puntos más que el "techo", pero para los gremios todavía es insuficiente.

"Nos ofrecen un 27,8% y 1,5 puntos por Ganancias, es ridículo", señaló a iProfesional un dirigente de La Bancaria, en cuyo sindicato estiman que el impacto del gravamen se lleva hasta 8 puntos del aumento salarial.

Así las cosas, para los sindicalistas, el nuevo esquema se parece mucho a los acuerdos que firmaron metalúrgicos, empleados de comercio, albañiles, estatales y encargados de edificio.

Tras dos meses de discusión, la semana pasada, el titular de la CGT, Antonio Caló, convalidó la cifra venerada por Economía en Casa Rosada, junto al bloque de gremios oficialistas, a cambio de incluir la elevación de la categoría más baja en la UOM y, en el resto de los casos, sumas fijas que engrosan temporalmente el sueldo en 2 puntos porcentuales.

En un escenario en el que los candidatos se debaten entre el shock y un ajuste gradualista, el plan de Kicillof busca que las negociaciones salariales cumplan el rol de "ancla" de la inflación, una opción más cercana al programa que a cuenta gotas deja trascender el equipo económico de Daniel Scioli, favorable a un incremento decreciente de los sueldos nominales, como lo sugieren desde 2007 los economistas del estudio dirigido por Miguel Bein, asesor del gobernador bonaerense.

El plan de "estabilización" permitiría el Gobierno llegar a octubre, sin tocar el tipo de cambio ni las tarifas públicas, mientras retoma la senda del endeudamiento y mantiene un gasto público elevado, clave para la expansión del consumo dirigido por el Estado, como son las compras de energía, la inversión en obras públicas y el manejo de los planes sociales.

Con el cierre de las paritarias en curso, además, las consultoras esperan un aumento del gasto de las familias, aunque reconocen que será "mediocre".

"Si bien estas medidas tienen su contraparte negativa (los subsidios generan un creciente déficit del sector fiscal, mientras que los incrementos salariales no han recompuesto el poder de compra del año pasado), sirven para mantener anestesiadas las presiones latentes, en los meses previos a las elecciones", indicó la consultora Ecolatina en su último informe sobre actividad económica.

Pero encaminar la economía hacia un clima de menor recesión con salarios moderados no será tarea fácil. Uno de los desafíos que por estas horas preocupa al Ejecutivo es la conflictividad laboral.

A raíz del paro aceitero, se calcula que la industria agroexportadora perdió más de u$s11.000 millones, una suma importante para el Gobierno en momentos que necesita de la liquidación de divisas para sostener la calma cambiaria.

Por otra parte, los empleados del Banco Central realizaron paro toda la semana y podrían continuar con las medidas el lunes, comprometiendo el abastecimiento de cajeros y entidades privadas. La medida de fuerza sólo fue "bien vista" por la AFIP, que registró una reducción en la compra de moneda extranjera para tenencia personal, al alcanzar en mayo u$s442 millones, 52 millones menos que el mes previo.

En tanto, los camioneros liderados por Hugo Moyano ya arrancaron los preparativos de la huelga que realizarán el próximo jueves. Y el 9 de junio, será el segundo paro general en el año convocado por los gremios del transporte, con el Impuesto a las Ganancias y el tope a los salarios, como principales blanco de la protesta. 

La convocatoria no sólo incomoda a la Presidenta, sino también a los gremios alineados al Gobierno. En la Matanza y San Nicolás, los delegados opositores de la UOM amenazan con sumarse a la medida, en rechazo al 27% firmado por Caló.

Según denuncian, en Siderar "viven con $7.000", mientras que en fábricas como Sidersa y Motomel el sueldo de muchos operarios no supera los $5.700, por lo que tienen que compensarlo con horas extra.

Presión gremial

Así las cosas, la aritmética oficial pretende despejar el fantasma del desborde salarial.

Es que, pese a haber logrado que se cerraran las paritarias para 3 millones de trabajadores sin quebrar el "techo", la gran mayoría de los gremios cuyas paritarias venideras reclaman subas del orden del 35% o incluso superiores.

Ese es el caso de camioneros (35%), técnicos de la televisión (35%), cuero y propaganda médica (38%), gastronómicos (40%), y alimentación (43%).

Aunque las cifras despiertan pavor entre los industriales, los pedidos no son utópicos si se tiene en cuenta el 32% de aumento en un solo tramo a partir del 1 de junio, que acaban de cerrar los trabajadores del subte con el Gobierno de Mauricio Macri.

El acuerdo incluye una suma no remunerativa de entre 7.000 y 12.000 pesos, como compensación por la ausencia de acuerdo paritario entre marzo y aquel mes, que eleva el porcentaje final aún más.

En una semana difícil para Kicillof, las intervenciones del ministro sólo lograron tener éxito en el caso de los los docentes de las federaciones universitarias que, a excepción de la opositora Conadu Histórica, firmaron el viernes el acta paritaria por un aumento salarial de 27,4%, con un tramo de 17,4% en junio y de 10% en agosto.

La firma de Fedun, Fagdut (UTN), UDA, Ctera y Conadu, esta última "ad referendum" del plenario sindical del martes, se concretó tras la promesa del gobierno de mejorar algunos puntos con otras variables salariales en la mesa paritaria del jueves próximo, en el ministerio de Educación.

Según pudo averiguar DyN, el Gobierno intentó desdoblar el aumento de los profesores universitarios para que figure que cobrarán el 27%, pero a la vez poder continuar la negociación para alcanzar un 30 o 31% con las variables mencionadas, que se analizarán en la comisión, una propuesta que genera desconfianza en los sectores opositores.

La presión de Casa de Gobierno a los ministros para que se firmara el acta paritaria hizo que se produjeran fuertes enfrentamientos entre algunas federaciones docentes como Conadu y Fagdut, que nuclea a profesores de las 29 regionales de la UTN, que preferían consultar con sus bases en los plenarios sindicales la semana próxima.

Fórmula a prueba

En el caso de los bancarios, los "trucos" de Economía no alcanzaron para convencer a los sindicatos.

La Bancaria presentó el jueves una propuesta ante los ministerios de Trabajo y de Economía con el incremento salarial pretendido para tratar de avanzar en las paritarias de este año, en medio de una compleja negociación que sigue trabada.

Fuentes gremiales indicaron que el documento deberá ser ahora evaluado por el Gobierno. Aunque evitaron dar detalles sobre lo pretendido, el secretario general del gremio, Sergio Palazzo, señaló que el pedido "se basa en un aumento de salarios del 30% y un alivio en el pago del Impuesto a la Ganancias".

El impuesto genera preocupación y rechazo entre los trabajadores del sector, ya que un 60% están alcanzados por el gravamen en las entidades financieras, cuyas ganancias crecieron un 54% en 2014 según los balances presentados al Banco Central.

Kicillof y Tomada, durante la última reunión, solicitaron a la conducción del gremio una propuesta de participación en la rentabilidad del sistema financiero que, con el aumento salarial, permita hallar una solución a los reclamos.

Pero desde el sindicato rechazan atar los salarios a las utilidades y advierten que el adicional debe ser en compensación por Ganancias.

Lejos de haberse resuelto la paritaria, el gremio advirtió que si el Gobierno no acepta la propuesta, evaluará retomar la huelga, lo cual se podría llevar a cabo el 9 de junio, cuando las centrales sindicales opositoras paren a nivel nacional.

Si bien los empleados de las entidades financieras ya volvieron a sus puestos de trabajo, los de la autoridad monetaria resolvieron extender la medida de fuerza hasta el viernes. Durante los cinco días sin actividad en bancos, por el fin de semana largo y la huelga, se registró escasez de dinero en cajeros de numerosas sucursales del país, al tiempo que también hubo demoras en pagos realizados a través de los medios electrónicos.

Alerta para RecaldeLa Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce Juan Pablo Brey, iniciaron el viernes por la tarde un plan de lucha en la empresa Austral y Aerolíneas Argentinas, que conduce Mariano Recalde.

La medida comenzó con asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery, en medio de una reunión entre la comisión directiva y los delegados de las empresas aéreas involucradas, y es en reclamo de viáticos que la empresa reconoce pero no resuelve.

"La instancia de Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo está agotada, y si bien la empresa reconoció la presencia de un error, no han ofrecido una solución concreta y solvente a nuestros genuinos reclamos", sostuvo Juan Pablo Brey.

El dirigente gremial destacó que en todo momento se apostó por el diálogo y la buena voluntad de la empresa pero no encuentran la forma de resolver un problema de larga data.

"Siempre mantenemos nuestra clara postura tratando de mostrar alternativas y ofreciéndonos a la conversación. Tampoco descartamos incrementar las asambleas, al tiempo que lamentamos los inconvenientes que se puedan generar a los pasajeros pero es la empresa la única responsable por este desenlace" argumentó.