El empresario patagónico Lázaro Báez cosechó una buena noticia de la Justicia en dos de los ejes que lo tienen a maltraer desde hace un par de años: sus vínculos con los hoteles de la familia presidencial Kirchner y el ingreso de $254 millones a los balances de Austral Construcciones que llegaron desde un paraíso fiscal.

El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart concluyó que no correspondía avanzar contra Austral Construcciones y otras empresas de Báez, como tampoco contra dos de sus máximos colaboradores, luego de que la AFIP determinó que los montos exigibles por impuestos impagos por un global de $1,1 millón no superan el monto mínimo exigido por ley, o se abordan figuras penales ajenas a su competencia.

El juez dio entonces por cerrada la pesquisa contra las empresas de Báez y sobreseyó a sus colaboradores Julio Enrique Mendoza y César Gerardo Andrés, y remitió copias del expediente a la Cámara Federal para que sortee el Juzgado que deberá investigar si se registraron maniobras de lavado, entre otras figuras penales, lo que ya lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio, señala La Nación.

López Biscayart, -que durante la presidencia de Néstor Kirchner investigó el "caso Skanska" sobre presuntos sobreprecios en la obra pública- tomó esa decisión el miércoles pasado, pero sólo trascendió ayer, cuando venció el plazo para que apelara la Fiscalía -que no recurrió su fallo-, y colaboradores de Báez se encargaron de difundirlo.

Según verificó López Biscayart, los inspectores de la AFIP objetaron las declaraciones impositivas que presentaron varias empresas de Báez durante los últimos años en relación con los convenios que firmaron con los hoteles de la familia presidencial, y verificaron que Austral Construcciones operó con otro "proveedor apócrifo" de facturas, "Conde Marketing SRL".

Así, la AFIP le reclamó más de $516.000 por deudas en IVA y Ganancias durante 2011 y 2012 a Austral, y le impugnó créditos fiscales por otros $105.000 entre 2010 y 2011, más unos intereses resarcitorios sobre u$s8 millones que debió exteriorizar en 2011, pero lo hizo al año siguiente. Es decir, un piso de 621.000 pesos.

A esas impugnaciones, los sabuesos tributarios sumaron objeciones a otras empresas de Báez involucradas con los hoteles de la familia Kirchner, como La Estación, Don Francisco; Kank y Costilla, la constructora Loscalzo y del Curto SRL.

Ante esos reclamos tributarios, Báez optó por pagar, aunque se reservó la opción de reclamarle luego a la AFIP porque lo considera injusto, según informaron sus colaboradores. "Teniendo en cuenta los montos involucrados, así como las características técnicas no dolosas de los ajustes detectados", indicaron, "las sociedades que representamos han procedido a aceptar en disconformidad los ajustes (lo que implica la expresa reserva del derecho de repetición), habiendo cancelado los importes resultantes con más los intereses resarcitorios correspondientes".

En ese contexto, López Biscayart dio por impropia la vía penal, ya que la ley, recordó, "exige que el monto evadido supere los $400.000 por tributo y por ejercicio anual, aun cuando se tratara de tributos instantáneos o de periodo inferior a un año".

Del mismo modo, López Biscayart consideró que Austral no cometió un delito tributario cuando declaró el ingreso de $254 millones provenientes de la sociedad J+J Holding NV, que se encuentra inactiva desde 1989, según consta en el Registro Público de Comercio de Curazao.

Así, con competencia funcional sólo en lo Penal Tributario, López Biscayart consideró "agotada la investigación" en su fuero, ya que remarcó que "no podría reprocharse ningún ilícito desde la perspectiva del Régimen Penal Tributario y Previsional".