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La Cámara Federal de Tucumán aceptó por “pérdida de objetividad” el pedido de la defensa del saliente jefe del Ejército y apartó a Gustavo Gómez
30/06/2015 - 14:14hs

La Cámara Federal de Tucumán apartó al fiscal general ante ese tribunal, Gustavo Gómez, quien intervenía en la causa contra el saliente jefe del Ejército, teniente general César Milani, por la desaparición del soldado Alberto Ledo en 1976.

Según consignó la agencia DyN, el tribunal tucumano consideró que el fiscal "perdió objetividad" para seguir interviniendo en la investigación, ya que adelantó su opinión en las entrevistas que concedió a diversos medios de comunicación. Gómez tenía que ratificar o no el pedido de indagatoria de Milani.

En primera instancia el fiscal Carlos Brito pidió la indagatoria del saliente jefe del Ejército pero el juez Daniel Bejas no hizo lugar a esa solicitud. Luego, la defensa de Milani pidió el apartamiento de Gómez.

"Voy a evaluar si interpongo recurso de Casación contra este fallo. Entramos en feria la próxima semana, pienso que esto se va a posponer para agosto", sostuvo el fiscal en diálogo con el canal de cable Todo Noticias.

Milani, investigado por su responsabilidad en la dictadura militar y con una causa a cuestas por presunto enriquecimiento ilícito, dejó ayer su cargo. "A todos aquellos que intentaron con ataques mediáticos y sistemáticos a través de calumnias e injurias que no cumpliéramos con la misión, se equivocaron. A ellos, mi desprecio por su accionar", sostuvo durante la ceremonia en la que asumió su reemplazante al frente del Ejército, Ricardo Cundom.

La Presidenta fue la gran ausente del acto de recambio de autoridades en el Ejército, en el Regimiento I de Infantería Patricios, en Palermo. La tensión se palpaba entre los presentes, sobre todo en el ministro de Defensa, Agustín Rossi , que mantuvo un gesto serio durante las palabras de Milani.

Esta vez, Cristina Kirchner evitó mostrarse con el hombre al que defendió durante dos años frente a la presión de representantes de organismos de derechos humanos, incluido el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que habían reclamado su renuncia.

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