Los fondos buitre no se toman ni un minuto de descanso en su afán de encontrar nuevas "víctimas" para su "accionar depredatorio".

Tal es así que ya se dirigen en vuelo rasante hacia el Viejo Continente.

Grecia es ahora el país en el que encuentran un lugar propicio para "anidar", en medio de un crucial referéndum al que apelaron sus autoridades para que sea el propio pueblo el que le diga "no" al ajuste.

Esto, en medio de un contexto plagado de incertidumbre y luego de que la nación helénica recibiera una pésima noticia: la oficialización de su defalult, declarado por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF).

Tal la decisión fue tomada luego de no haber hecho frente a un vencimiento de 1.600 millones de euros ante el FMI.

El titular del FEEF, Klaus Regling, no ocultó sus temores por todo lo que está sucediendo, luego de que le fueran otorgados a esa nación préstamos por casi 150.000 millones de euros.

"La falta de pago es motivo de profunda preocupación, pues rompe el compromiso adquirido por Grecia y abre la puerta a graves consecuencias para la economía y para su pueblo", advirtió el funcionario.

Estas declaraciones fueron formuladas luego de haber expirado el segundo programa de ayuda y de que el Gobierno de Alexis dijera "no" a las reformas y ajustes propuestos por países europeos que forman parte del euro.

Lo cierto es que hoy en día, las autoridades griegas se quedaron prácticamente solas: ya no puede contar con el respaldo europeo, tras el incumplimiento en el pago de su compromiso para con el FMI y, para peor, la mayor parte de los acreedores privados se niegan a otorgarles nuevos créditos.

Ante esta situación, que combina falta de financiamiento con una enorme crisis fiscal, Grecia carece de ingresos suficientes para financiar sus gastos corrientes y el panorama que se avecina es tétrico.

El día del juicio final

Más allá del resultado del referéndum, en la agenda de todos los involucrados está resaltada una fecha clave: 20 de julio.

Ese día, puede convertirse en el de "juicio final", ya que vence el plazo para cancelarle al Banco Central Europeo (BCE) nada menos que 3.500 millones de euros que le fueran otorgados a modo de préstamo para inyectarle liquidez al sistema bancario.

"El mayor peligro para Atenas es justamente ese, el no poder pagar esa deuda con la entidad", asegura el experto Matt O'Brien, cuyas expresiones fueron vertidas en el '"Washington Post'.

Es que el BCE juega un rol decisivo ya que, a diferencia del FMI, compró bonos soberanos a gran escala para "tirarle un salvavidas" a Grecia. Y no tiene chances de cumplir con ese compromiso si no es con ayuda de sus propios acreedores.

¿Cuál es el principal riesgo? El no poder cumplir sería injustificable para dicha entidad (BCE) pues acabaría financiando al Estado griego de forma permanente, algo que prohíben los estatutos de la entidad.

Según O'Brien, "si Atenas no es capaz de hacer frente a su deuda, dejará de recibir ayuda para su sector bancario y entonces sólo le quedarían dos opciones: o pedirle más crédito a los propios acreedores o imprimir su propio dinero que, a su vez, significaría la salida de Grecia de la zona euro".

Por eso es tan importante el 20 de julio. De no mediar un entendimiento, la nación helénica reeditaría en los tribunales la larga batalla en la que se vio envuelta la Argentina por su enfrentamiento con los fondos buitre.

Es de esperar entonces que, llegada esa instancia, los holdouts pongan en marcha el proceso que vienen aplicando desde 1990 en países de prácticamente todos los continentes.

Lo cierto es que los buitres ya están dando muestra de que están revoloteando sobre su nueva "presa". Prueba de ello son las fuertes compras de bonos soberanos en las que han avanzado.

Trascendió que varios de los fondos más activos, con Elliot a la cabeza, ya sumaron a su cartera cerca de 4.000 millones de euros.

Esa cifra, aunque parezca chica en comparación con el total adeudado, es lo suficientemente grande para transformarse a futuro en un serio escollo ante cualquier intento de restructuración.

¿Qué pasa con los acreedores privados? Si bien el peso es menor, el país debe cuidarse de no entrar en mora, porque esto lo dejaría fuera del mercado de capitales por muchos años, más allá de que las agencias le rebajarían la nota de sus títulos a la categoría de "default" o "default selectivo".

De ser así, el BCE se vería obligado a cerrar las líneas de créditos de emergencia.

¿Qué pasaría entonces? Se produce lo que se conoce como "cross default" o incumplimiento cruzado, es decir que tenedores de otros bonos griegos exijan el pago antes del vencimiento.

Por el lado de los buitres, la estrategia que ya están pergeñando sería similar a la aplicada con la Argentina: aguardar a que el país declare su cesación de pago ante inversores privados que lo lleve a proponer un nuevo canje atado a un porcentaje de quita.

A partir de ese momento, estarán en condiciones de comenzar a litigar por el incumplimiento de sus obligaciones y a exigir el pago del monto total de sus bonos más intereses, además de las correspondientes penalidades.

Algunos expertos en renegociar deudas soberanas tienen la mira puesta en determinar si la estructura de la deuda griega y la existencia de algunas cláusulas "anti buitres" pueden llegar a ser suficientes para que el país quede a 100% resguardado.

Las diferencias con Argentina

A diferencia de los bonos griegos, los argentinos no contaban con la protección de determinadas cláusulas. Y esto fue clave para impulsar las demandas que confluyeron en lo que se denominó el "juicio del siglo".

En el caso actual, los inversores que quieran quedar al margen de cualquier reestructuración que pretenda hacer la nación helénica y recuperar más de su dinero, primero tendrían que destrabar las cláusulas denominadas de "acción colectiva" (CAC).

Buena parte de ellas están incorporadas en las condiciones de emisión de los bonos reestructurados en 2012 por cerca de 33.000 millones de euros y también aplican sobre los cerca de 6.000 millones en títulos emitidos el año pasado al 2017 y 2019.

Para lograr desactivarlas, se requiere que los inversores que mantengan al menos dos tercios de los papeles en circulación emitan su voto y que un 75% apoye la moción.

Eso implica que los holdouts tendrían que juntar una participación de cerca de 5.500 millones de euros en todos los bonos, en vez de un porcentaje menor en sólo uno de ellos, para tener posibilidades de éxito.

"Hay cierto riesgo de demandas por parte de los holdouts, pero nada como lo de Argentina", señala Starla Griffin, abogada y miembro del Grupo de Expertos en Reestructuración de Deuda Soberana.

Los dos bonos griegos emitidos en 2014 también tienen cláusulas de acción colectivas, pero son distintas: dan derecho a un voto por cada bono, lo que implica que los inversores necesitan menos dinero para armar un "bloqueo".

Luego del fallo del tribunal neoyorkino a cargo del Juez Thomas Griesa, que empujó a Argentina al default el año pasado, el FMI pidió que los CAC exigieran sólo una votación en todos los bonos afectados en vez de que se realizaran múltiples votaciones por cada uno.

"Este tipo de requerimientos le dificultan las cosas a los holdouts, aunque las CAC lejos están de ser invulnerables. Se pueden bloquear una reestructuración con mayoría grande y diversa", dijo Dania Thomas, catedrática de Derecho de los Negocios de la Universidad de Glasgow.

La relación entre los holdouts y Grecia no es nueva pero tampoco demasiado tirante, al menos hasta el momento, ya que si bien Atenas aún debe cerca de 4.000 millones de euros en bonos antiguos no reestructurados, hasta ahora ha cumplido con los pagos.

Christian Leathley, un abogado especialista en arbitrajes internacionales dijo que si los inversores no logran alcanzar el porcentaje exigido para bloquear cualquier reestructuración futura, igualmente podrían abrir procesos contra el emisor soberano bajo un tratado de inversión bilateral aplicable, tal como hizo su firma contra la Argentina ante las cortes estadounidenses.

Grecia ha firmado cerca de 40 de esos tratados con otros países -incluyendo a Alemania.

En el peor de los escenarios, los fondos buitre estarían en condiciones de entablar una demanda que superaría holgadamente a la que le iniciaron a la Argentina, dado que el monto puede elevarse a €300.000 millones.