Esta semana, Cristina Kirchner anunciaría el aumento de las jubilaciones y pensiones, que fija la ley de movilidad y que se cobrará a partir de septiembre. El porcentaje exacto dependerá de los datos del INDEC, del Ministerio de Trabajo y de la ANSES sobre la evolución de los salarios y el número de beneficiarios del sistema, que se difunden la próxima semana, pero que ya fueron adelantados a la Casa Rosada. El año pasado, el anuncio oficial se hizo el 31 de julio. Se estima que el incremento rondaría entre el 13% y el 15 por ciento.

El anuncio sería a sólo días de las PASO nacionales en las que comenzará a dirimirse su sucesión. Por eso, algunos opositores y constitucionalistas advierten que la Presidenta debería omitir este tipo de actos, ya que rige la veda. En 2011, Cristina había anunciado una suba similar para jubilados a menos de dos semanas de que ella misma peleara por su reelección.

De confirmarse el porcentaje de suba en torno al 15%, el haber mínimo previsional –que cobra más de la mitad de los jubilados y pensionados–, pasará de los $3.821 actuales a entre $4.300 y $4.400. Y las pensiones no contributivas de $2.675 a entre $3.000 y $3.100 mensuales. En tanto, como en marzo las jubilaciones aumentaron el 18,26%, la suba acumulada de los últimos 12 meses superará el 33%, en línea con los aumentos de las paritarias logrados por la mayoría de los gremios, y muy superior al reciente ajuste del salario mínimo (28,5% en dos cuotas).

El impacto electoral del anuncio es claro: caería justo días antes de las PASO nacionales. Y el reajuste beneficia a más de 6,3 millones de jubilados y pensionados, y a 1,5 millón de pensiones no contributivas y ex veteranos de Malvinas. El argumento oficial para dar este tipo de noticias, aun con la veda ya vigente, es que se trata de anuncios previstos por ley; en este caso, el de la movilidad jubilatoria. De todos modos, incluso con este aumento, la jubilación mínima y las pensiones no contributivas están lejos de cubrir la canasta básica de los adultos-mayores que elabora la Defensoría de la Tercera Edad y que a mayo pasado era de $7.608. Por la inflación, a septiembre esa canasta debe rondar los 8.200 pesos.

“Por estar sometidos al infraconsumo, las distintas organizaciones de jubilados nacionales vienen reclamando un aumento de emergencia de $4.000, extensivo a toda las categorías de forma tal de evitar que se siga achatando la pirámide y llevar las mínimas a un valor de equivalencia con los gastos de la canasta”, le dijo a Clarín el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien agregó que pasado mañana habrá un encuentro con jubilados y los candidatos de los partidos para reclamar “también el 82% móvil y la normalización de los actualmente intervenidos ANSES y PAMI”. El tema de los haberes previsionales forma parte de la campaña.

De acuerdo a la fórmula de la ley de movilidad aprobada en 2008, las jubilaciones y pensiones tienen dos ajustes al año, en marzo y en septiembre, en base a lo que pasó en los semestres calendarios (enero-junio y julio-diciembre) con índices que combinan el aumento salarial (del INDEC y el Ministerio de Trabajo, denominado Ripte), la de la recaudación tributaria semestral por beneficiario con destino a la ANSES y los ingresos totales anuales de la Seguridad Social.

La suba de las jubilaciones ajusta también en el mismo porcentaje el haber máximo previsional (hoy de $27.998,69), el tope salarial sobre el que se hacen los aportes jubilatorios y de salud (hoy de $43.202,17) y los aportes de los autónomos.

En tanto, las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo, recién tendrán esta movilidad a partir de marzo de 2016, de acuerdo a la ley sancionada días pasados.