Por la decisión de las empresas productoras de leche de no aumentar el precio al que compran la materia prima a los tamberos, esta industria está en la mira de la Secretaría de Comercio. 

Hace dos semanas, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las usinas, los productores derramaron más de 300 mil litros de leche. 

Este martes a las 15 habrá una reunión clave en la Secretaría entre representantes del Centro de Industria Lechera (CIL) y los tamberos de la Asociación de Productores Lecheros de Argentina (APLA), según informó el diario La Nación.

Fuentes del organismo que dirige Augusto Costa, negaron al matutino que se haya amenazado a las empresas con la aplicación de la ley de abastecimiento que sancionó el Gobierno el año pasado, y se limitaron a afirmar que "se está estudiando la distribución de la renta en la cadena" de producción.

Sin embargo, en una empresa del rubro y fuentes de los tamberos confirmaron al diario la amenaza oficial.

El foco del conflicto es la rebaja que las grandes procesadoras como La Serenísima, SanCor o Nestlé, entre otras, quieren aplicar al precio que pagan a los tamberos por la materia prima, una medida inédita para el sector, en medio de una fuerte baja de los precios internacionales de la leche en polvo.

El valor promedio actual es de 3,05 pesos por litro y la intención de las usinas es obtener un recorte de entre diez y veinte centavos, informó La Nación.

"La rebaja que estamos pidiendo en la Argentina a los tamberos es la misma que se llevó adelante en Nueva Zelanda y Uruguay, que son dos competidores nuestros en todos los mercados internacionales", explicaron en una compañía al diario.

Del lado de los tamberos sostienen que no hay margen para aceptar esa propuesta: "El producto no puede soportar una nueva reducción en el precio porque hoy el costo de producir ya supera lo que nos paga la industria y prácticamente estamos pagando para poder producir", afirmó Ariel Albertengo, socio de APLA.

La carta que tiene el Gobierno para lograr torcer la posición de las empresas fabricantes es la ley de regulación de las relaciones de producción y consumo, que fue sancionada en septiembre de 2014 y que reemplazó a la vieja ley de abastecimiento de 1974, recordó La Nación. La nueva legislación faculta a la Secretaría de Comercio a "establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios", entre otras medidas.

En el caso concreto de la problemática que enfrentan los tamberos, otro artículo establece que "se deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, resulte económicamente viable".

Las sanciones que podrían recibir las empresas que incumplan van desde multas de hasta $10 millones a clausura del establecimiento por 90 días, con decomiso de la mercadería.