Si no fuera porque Cristina Kirchner y Daniel Scioli forman parte del mismo espacio político que el domingo intentará ganar las primarias, el gobernador podría jactarse de tener las cuentas públicas ordenadas en la provincia de Buenos Aires.

Por cierto, esto es lo contrario a lo que sucede en el Estado nacional, donde el rojo fiscal treparía este año a 7 puntos del PBI. Nada menos.

Sin embargo, el resultado exitoso en la Provincia tiene un costado vulnerable: se logró a costa de un ajuste en los planes de asistencia social.

El saldo de las cuentas bonaerenses mostró un superávit de $3.353 millones durante 2014, de acuerdo con el relevamiento de la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública). Ese saldo positivo, por cierto, estuvo bien por encima de los $232 millones obtenidos el año anterior.

Esto marca un contraste respecto de lo que se observa en el gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, el candidato del Frente para la Victoria gasta menos de lo que recauda en concepto de impuestos: mientras los recursos crecieron 35,3%, las erogaciones lo hicieron en un 33,8%, un punto y medio por debajo de la expansión de 2013.

En ambos casos, tanto la recaudación como los gastos se expandieron por debajo de la inflación calculada, en promedio, por las consultoras privadas, que para el año pasado fue del 38 por ciento.

El Presupuesto bonaerense es rígido: la mitad de los recursos se destinan a pagar los salarios de los funcionarios públicos.

En este contexto, hubo dos decisiones políticas claras tomadas por Scioli: efectuar un fuerte incremento en las partidas destinadas a los "servicios de seguridad", que aumentaron un 63 por ciento.

Como contrapartida, y con el objetivo de conseguir el resultado positivo de las cuentas fiscales, Scioli aplicó una mejora de tan sólo 14,9% en los gastos de "Promoción y asistencia social". De acuerdo con ASAP, el objetivo de esa partida es atender a la población de mayor vulnerabilidad social.

Sobre un total de recursos de $203.000 millones, la provincia de Buenos Aires repartió $4.320 millones en "asistencia social", el 2,1% del total. El año anterior había destinado el 2,5% del global, lo que implica un recorte real en esas partidas.

En el sentido contrario, los rubros que más participación ganaron fueron: seguridad (+ 63%), vivienda (+ 43%) y la Dirección Superior Ejecutiva, que forma parte de la administración central (+ 72,4%).

Prolijidad obligadaLo cierto es que la prolijidad de Scioli con los números fue, en buena medida, obligada por las circunstancias políticas: durante los ocho años de su mandato, la provincia de Buenos Aires sufrió una discriminación a la hora del reparto impositivo, como parte de la política de "mano dura" que Cristina le dispensó al gobernador.

Así, Scioli debió afrontar cada febrero la huelga docente, que se transformó en un clásico del inicio de año lectivo. Su peor momento fue en 2012, cuando no pudo pagar el aguinaldo.

Ante esa situación, debió realizar un fuerte ajuste impositivo -incluyendo un revalúo de la propiedad rural- y acudir al mercado de capitales a tasas de dos dígitos en dólares.

Fue en esos días que se ganó su fama de "incombustible", porque las encuestas marcaban que la población no le atribuía la culpa de las penurias en la Provincia.

En aquellos días, mientras lo criticaba, el Gobierno central le topeaba a Scioli en $650 millones el Fondo del Conurbano, de manera que la inflación licuaba progresivamente sus recursos.

Un estudio del economista Federico Muñoz indica que "la Provincia recibe apenas un 2% de lo que recauda ese fondo, y ya hay 18 provincias que cobran más".

Según este economista, si ese fondo fuera íntegramente a las arcas bonaerenses, entonces habría recursos para cubrir holgadamente las subas de salarios y los pagos de aguinaldos.

Lo cierto es que, a contrapelo del "federalismo fiscal" que reivindica la Presidenta, los números muestran que es creciente el monto que el Gobierno central maneja discrecionalmente, en comparación con los fondos que coparticipa en forma automática.

Un informe de la fundación Idesa señala que en una década, la presión impositiva aumentó del 18% al 26% del PBI, pero que sólo uno de cada cuatro pesos que ingresaron a las arcas fiscales fueron distribuidos automáticamente a las provincias. Las tres cuartas partes quedaron para el Gobierno central.

Esta situación lleva al planteo de si la "sumisión" de Scioli a la Presidenta fue, en realidad, nada más que una estrategia para no agravar más el ahogo financiero. Una política de supervivencia antes que una adhesión ideológica.

No por casualidad, el gran argumento con el cual el kirchnerismo quiso convencer a Florencio Randazzo de que debía postularse a gobernador era que contaría con un sustancial incremento de fondos automáticos para la Provincia, lo cual lo liberaría de la situación incómoda en la cual se debió mover Scioli.