Hugo y Mariano Jinkis están detenidos en sus domicilios por el pedido de extradición hecho por la justicia de Estados Unidos porque los consideran partícipes del caso de corrupción en la FIFA.

Están acusados, junto el ex CEO de Torneos y Competencias Alejandro Burzaco, de haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol para quedarse con los derechos de transmisión televisiva de varios torneos internacionales de importancia.

El juez Claudio Bonadio les notificó a los Jinkis, quienes están detenidos en su mansión de Buenos Aires, que suspendió por 30 días el proceso de extradición -según informaron fuentes vinculadas al caso- de acuerdo a lo estipulado por el artículo 31 de la Ley 24.747 de "Cooperación Internacional en Materia Penal", que prevé que se le puede pedir al estado requirente que sea más específico respecto de la acusación de las personas a extraditar.

El pedido de extradición llegado desde Estados Unidos tiene como base la siguiente acusación: "Los delitos investigados y que se pretenden juzgar incluyen los delitos de extorsión, fraude electrónico y lavado de activos. Durante la investigación las autoridades estadounidenses obtuvieron evidencias de que Jinkis, ejecutivo de marketing deportivo, fue parte de una asociación ilícita con el objeto de pagar sobornos -que efectivamente se pagaron- y del pago de retornos a funcionarios de la FIFA con el propósito de obtener para sí y para otros ejecutivos de marketing deportivo el derecho comercial a competencias de fútbol, inclusive una competencia programada para llevarse a cabo en los Estados Unidos de América en 2016".

El juez le otorgó 30 días de plazo a la Justicia de Estados Unidos para que aclare qué acto concreto realizó cada uno de los Jinkis para que sus actividades fueran calificadas como los delitos de extorsión, fraude y lavado de activos.

Bonadio también quiere saber a qué persona física o jurídica se defraudó y de quiénes se obtuvieron bienes y/o dineros con pretensiones falsas o fraudulentas, como se explica en otra parte de la acusación.

A raíz de esta decisión, los defensores de los Jinkis pidieron el cese de la prisión domiciliaria y la excarcelación. El pedido fue girado por el juez al fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien deberá decir si está de acuerdo o no con el pedido de las defensas. Una vez que el fiscal dictamine, Bonadio está en condiciones de decidir si libera o no a los empresarios.