Para hacer frente a la inseguridad, el gobierno de Tabaré Vázquez, que asumió en marzo, propuso un cambio que, argumenta, podría disminuir los robos en la calle.

En la ley de Presupuesto Nacional enviado recientemente al Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso que se faculte al Poder Ejecutivo "a restringir el uso del efectivo (...) en aquellas actividades comerciales en las que el riesgo derivado de la utilización del efectivo justifique la adopción de tal medida".

El artículo aclara que la finalidad de esa restricción es "tutelar la integridad física de las personas que trabajan en dichas actividades, así como de sus usuarios".

Y da el poder al gobierno de habilitar a los establecimientos que así lo soliciten a restringir la aceptación del efectivo para el cobro de sus operaciones.

Reclamos

La medida, que debe ser aprobada por ambas cámaras del Poder Legislativo para entrar en vigor, se da a conocer en un contexto de presión por parte de algunos sectores que reclamaban esta iniciativa.

Uno de ellos es el de las empresas de taxis, que aumentaron sus reclamos la semana última tras la muerte de un conductor a quien robaron al final de su jornada laboral, cuando contaba sus ingresos del día.

El presidente de la gremial patronal del taxi, Oscar Dourado, aseguró a El País que 1.150 taxis ya tienen equipos para cobrar con tarjeta.

También la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A. (Cutcsa) viene reclamando que se deje de usar dinero en efectivo en sus servicios de ómnibus.

Según la Cutcsa, que traslada a 650.000 uruguayos cada día, a pesar de que hace 10 años se incorporó la tecnología para usar una tarjeta recargable, solo el 2% de los viajes se pagan de esta forma.

En tanto, los repartidores de bebidas, uno de los sectores que más sufre asaltos en la calle, convocaron a un paro en marzo pasado para exigir una nueva forma de cobranza que sustituya el efectivo.

La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y el Centro de Fabricantes de Bebidas sin Alcohol y Cervezas (CFB) buscan que los comercios usen otras modalidades de pago como los cheques, las tarjetas, los depósitos o los autos con cobrador automático.

Lo mismo desean los dueños de estaciones de servicio, que recibieron con beneplácito la nueva propuesta sobre el uso de efectivo, incluida en la ley de Presupuesto.

Inclusión Financiera

Uruguay ya había dado pasos para reducir la cantidad de efectivo en circulación con la aprobación, en abril de 2014, de la llamada ley de Inclusión Financiera.

Esta norma prohibió que se pague en papel moneda toda "operación de enajenación de bienes o prestación de servicios" cuyo importe total sea igual o superior a u$s4.400.

El nuevo artículo de la ley de Presupuesto simplemente agrega incisos a esta norma, cuyo nombre completo es: "Ley de acceso de la población a servicios financieros y promoción del uso de medios de pago electrónicos".

Pero aunque muchos comerciantes y empresarios den el visto bueno a la desaparición del dinero en efectivo, existe un problema. O más bien dos.

Según el Banco Central, "ningún comercio, banco o acreedor puede oponerse a recibir un pago en efectivo", algo que podría complicar los planes del gobierno.

BBC Mundo consultó sobre este tema al Ministerio de Economía y Finanzas, pero no respondieron la solicitud.

La economista Bibiana Lanzilotta del Centro de Investigaciones Económicas de Uruguay (Cinve), sugirió a BBC Mundo que el gobierno posiblemente busque limitar el uso de papel moneda en ciertas transacciones, pero no prohibirlo del todo.

De todos modos un segundo problema, quizás más relevante aún, es que según las propias estimaciones del MEF, cerca de la mitad de los trabajadores uruguayos no cobra su sueldo a través de una cuenta bancaria.

Eso significa que unas 800 mil personas no tienen acceso a una tarjeta de crédito, lo que les dificultaría el uso de aquellos servicios que funcionen principalmente con esta forma de pago.

En mayo pasado, el subsecretario del MEF, Pablo Ferreri, anunció la creación de un grupo de trabajo para estudiar de qué manera se puede acelerar el uso de medios electrónicos de pago.

El funcionario aseguró, no obstante, que la ley de Inclusión Financiera ya había logrado mejorar varios aspectos, por ejemplo otorgando mayores facilidades para la apertura de cuentas bancarias sin costo para las empresas.

Costos

Ferreri también dijo que se había logrado reducir los aranceles para las empresas que utilizan estos medios de pago y que se abarataron las transferencias.

El tema de los costos administrativos de usar tarjetas es uno de los que más preocupa a los empresarios.

Los emisores de tarjetas reciben comisiones equivalentes al 1,3% de la venta. Además, tienen un plazo de cuatro días para pagarle a la empresa cada compra.

En el caso de las bebidas, los fabricantes (el CFB) acordaron hacerse cargo de los costos de transacción.

Pero en otros rubros el tema está abierto a discusión.

El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Daniel Añón, advirtió que este tema se deberá resolver antes de poner en práctica la restricción del efectivo.

Otro problema que enfrenta ese sector es que en algunas estaciones de servicio la mayoría de los clientes no tiene otra forma de pago que el papel moneda.

Costumbre

En ese sentido, el mayor desafío que enfrenta esta nueva propuesta del gobierno es cultural.

Según las cifras del MEF, la vasta mayoría de uruguayos (cerca del 75%) prefiere seguir usando efectivo o cheques, a pesar de tener otras opciones.

Sólo el 12% del consumo se abona con tarjetas de crédito, mientras que otro 5% se paga con tarjeta de débito. El resto -entre un 7% y 8%- son débitos automáticos.

Bibiana Lanzilotta del Cinve dijo a BBC Mundo que a pesar de estos números el uso de medios electrónicos de pago ha ido en aumento en el último año.

"Hay un acostumbramiento de la población a pagar en efectivo pero cada vez se nota más el cambio", aseguró.

Sin embargo, la economista señaló que una de las limitaciones es que todavía hay muchos comercios que no tienen la tecnología para aceptar tarjetas, algo que podría estar relacionado con los costos de esas transacciones.

En el gobierno admiten que todavía hay un largo camino por transitar, pero se muestran optimistas.

Señalan que la cantidad de comercios preparados para recibir tarjetas se triplicó desde 2011, y que cada mes entre 800 y 1.000 comercios adquieren el sistema (llamado POS).

Según sus proyecciones, en dos o tres años el 40% de las transacciones en Uruguay serán electrónicas, una meta que seguramente dependa de cómo se apruebe e implemente esta nueva ley.