La situación que atraviesa el negocio de la distribución del gas a hogares e industrias adquiere cada vez más dramatismo.

Una muestra de ello lo da lo ocurrido hace unos días, cuando la petrolera Pan American Energy (PAE) pidió la quiebra de Metrogas.

Este caso es apenas la punta del iceberg, ya que las compañías del sector vienen operando con grandes pérdidas desde hace al menos cuatro años.

Y estos quebrantos se traducen directamente en deudas por hasta $4.000 millones con las compañías encargadas de venderles a las distribuidoras el gas natural.

En el caso mencionado de Metrogas, indicaron a iProfesional especialistas del sector, hace más de diez meses (desde noviembre del año pasado) dejó de pagar por el combustible que luego distribuye.

Un cuadro similar presentan actores como Gas Natural BAN y Camuzzi Gas Pampeana.

Las dificultades para poder afrontar las deudas, que se han venido incrementando hasta llegar a niveles alarmantes, son producto de una combinación de factores que van desde el congelamiento de tarifas -que desde el 2002 apenas fueron retocadas- hasta encontronazos políticos entre funcionarios de la primera línea kirchnerista con el empresariado petrolero.

La situación financiera se fue haciendo más caótica al punto de que la mayoría de las empresas cerró el 2014 con elevadas pérdidas, tendencia que se mantuvo en el primer semestre de este año.

"Metrogas tiene patrimonio neto negativo", al tiempo que "Camuzzi y Gas BAN no están exentas de la problemática de la industria energética en general, dada la falta de actualización de las tarifas", advierte un informe del Instituto Argentino de la Energía (IAE) al que accedió iProfesional.

"Si comparamos la situación patrimonial (2014) respecto de la del año anterior, el crecimiento del pasivo de las empresas es muy importante, habiendo aumentado 57% (Metrogas), 49% (Gas BAN) y 36% (Camuzzi)". El caso de Metrogas es preocupante dado que en un año duplicó su pasivo corriente", resalta el documento.

El mismo también destaca que los activos de cada compañía no han aumentado al mismo ritmo, ya que lo hicieron al 19%, 22% y 8%, respectivamente.

"De esta manera -añade- los patrimonios decrecieron significativamente".

En otras palabras, las compañías que se ocupan de comprar el gas para luego distribuirlo a hogares e industrias deben más de lo que poseen.

El análisis de IAE señala que, en promedio, los ingresos de manera agregada de estas compañías en el último año "crecieron un 55% mientras que los egresos operativos lo hicieron a razón del 71%".

Corte de suministro por falta de pago

La magnitud de los pasivos acumulados observada en los players más relevantes -como Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana y Gas BAN- habla a las claras de que los incumplimientos no son producto de la "mala voluntad" sino que responden a una ecuación económica que no cierra desde hace años.

De hecho, en la lista de las complicadas no sólo figuran las mencionadas sino también otras firmas como Ecogas y Litoral Gas.

"Los ingresos no alcanzan, es así de simple. Mientras se mantengan las tarifas bajas por efecto de los subsidios, las distribuidoras no harán otra cosa que acumular más y más deudas", afirmó a iProfesional Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación.

Y, a modo de advertencia, señaló que lo ocurrido con PAE y su pedido de quiebra a Metrogas "se puede extender al resto de los proveedores".

"Lo único que frena a las petroleras para iniciar más demandas es que, en el plano doméstico, gozan de un precio del barril artificial más elevado que el internacional. Facturan más por el crudo que comercializan dentro de Argentina", agregó.

A mediados de este año, la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) envió una carta a la camporista Mariana Matranga, actual secretaria de Energía, exigiendo que el organismo presione a las compañías distribuidoras para que salden sus deudas con las petroleras.

La misiva respondió principalmente a pedidos de Wintershall y Pan American Energy.

Atentas a la presentación formulada a Matranga, las distribuidoras justificaron la falta de pago alegando que sus ingresos resultan insuficientes incluso para afrontar el mantenimiento de las redes o los salarios.

Según las firmas, los nuevos cuadros tarifarios que el Gobierno dispuso en abril del año pasado apenas pudieron aplicarse, dado que en numerosas jurisdicciones del Norte de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Necochea y Mar del Plata se interpusieron medidas cautelares que frenaron los incrementos. El "parche" que no fue

Es claro que la delicada situación de las empresas no pasa desapercibida para el Gobierno.

De ahí que en abril último el Ejecutivo autorizara el pago de $2.600 millones a las distribuidoras con el fin de que al menos cancelen sus rojos que datan del 2014.

La cifra se les iba a transferir en 12 cuotas, que luego se amplió a 36. Por supuesto, este "pedaleo" del pago generó malestar en el sector.

Por otro lado, la irrupción del componente político complicó el alcance del "parche" financiero.

Atentos al coqueteo que algunas productoras de hidrocarburos tienen con los presidenciables -como Mauricio Macri- desde el Ministerio de Economía partió la orden de demorar el flujo de dinero hacia Metrogas y "compañía".

"El Gobierno pagó tres cuotas juntas y después se frenó todo. A las distribuidoras no les quedó otra que renegociar sus deudas con las petroleras a 36 meses, régimen que nadie sabe si realmente se podrá cumplir", expuso a iProfesional una fuente vinculada al Instituto Argentino de la Energía.

"PAE, por lo visto, ya agotó su paciencia y da por sentado que Metrogas no pagará, más allá de que prometa hacerlo en cuotas", completó.

Mientras tanto, se siguen sumando los resultados negativos. Camuzzi cerró el primer semestre con una pérdida de $84 millones, siendo que en igual período del año pasado esa cifra no llegaba a los $2 millones.

"Este es el resultado de un estancamiento en los ingresos, un aumento de los costos de venta y gastos de administración", indicaron desde el IAE.

Por el lado de Metrogas, el resultado del primer semestre arrojó una pérdida neta de 94 millones de pesos.

Pese al quebranto, la cifra viene a ser mejor que el rojo de los $330 millones de igual período del año anterior.

Sin embargo, aclararon desde IAE, al poner la lupa en los balances, se observa que bajo el rubro ‘Otros Ingresos y Egresos' hay $335 millones que corresponden a una "ayuda" del Gobierno.Descalabro tarifario

Para Alieto Guadagni, referente de la industria energética, el rojo de las distribuidoras "es un síntoma de un sistema que se desmorona y que se explica en base a una política de cobro de impuestos atada a precios ficticios".

En diálogo con iProfesional, el especialista sostuvo que las tarifas pisadas son las causantes de todo este descalabro.

Remarcó que, lamentablemente, el oficialismo mantiene la ley de emergencia económica, pese a que no estén dadas las condiciones para que el país se sostenga bajo un esquema de subsidios injustificados (cabe recordar que esa ley es la que permite extender el congelamiento tarifario)

Según Guadagni, "incluso los sectores de mayor poder adquisitivo continúan abonando boletas con descuento. Y lo grave son las perspectivas: pese a que la recaudación es el más alta de la historia, el Estado es deficitario".

Guadagni anticipó que quien fuera que asuma no solucionará los problemas simplemente corrigiendo las tarifas. Además, consideró que los subsidios se mantendrán por un buen tiempo, a raíz de que la presión impositiva actual ya es altísima de por sí.

Frente a esta proyección, se pregunta cómo van a hacer las distribuidoras para sobrevivir, dadas las pérdidas acumuladas como las del "día a día" que vienen enfrentando.

"La situación financiera de Metrogas y de otras firmas es el resultado de una política nefasta", sostuvo Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación.

Añadió que "todas las compañías que conforman la cadena del gas tienen una situación altamente comprometida en lo patrimonial y con resultados económicos alarmantes".

"Las empresas que no están en quiebra se mantienen en cesación de pagos. En el sector eléctrico pasa exactamente lo mismo. Lo que está sucediendo con Metrogas no es más que un símbolo de los problemas que enfrenta la actividad".

Al igual que Guadagni, remarcó que en el país "la ley de emergencia económica lleva 12 años de vigencia, algo que ya no tiene sentido".

"Ese congelamiento tarifario alentó montañas de pesos en subsidios que nunca alcanzaron. El país tiene paralizadas desde hace tiempo inversiones en infraestructura, que se combina con la situación de empresas privadas con patrimonios en peligro", comentó.

Por último, Apud se refirió a los cambios que permitirían en cierta medida oxigenar a las distribuidoras: "Como primer paso, habría que sincerar las tarifas, lo que implica multiplicar por cuatro los precios actuales que pagan los hogares. La pregunta es si el Gobierno que viene asumirá ese costo político". 

"Mantener estos precios sólo en el 2015 le demandará al Gobierno unos u$s12.000 millones. Basta mirar el estado financiero de Metrogas y de otras empresas para darse cuenta que este tipo de desembolsos ya no sirven de nada. Los privados crujen y el servicio desmejora. Corregir tamaño desacierto no será inmediato", concluyó.