Contadores, escribanos e inmobiliarias uruguayas, entre otros agentes que están por fuera del sistema financiero son algunos de los obligados a reportar operaciones sospechosas en los que se prevé poner foco.

Es que según el gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de uruguay, Daniel Espinosa, si bien en total hay cerca de 10.000 agentes obligados a reportar operaciones sospechosas, "hay unos 9.000 que nunca vieron una operación sospechosa ni siquiera inusual".

Ambos funcionarios disertaron ayer en las IV Jornadas de Derecho Bancocentralista. Adelantándose al debate que se puede generar por las acciones previstas, Bergara dijo que "hay que seguir adaptándose para no ampararse en la opacidad y correr el riesgo de perder reputación. Esto es como el investment grade, es un sello internacional imprescindible para que Uruguay fortalezca su reputación" y "para su inserción internacional" porque "el mundo va a seguir girando con o sin Uruguay adentro".

Para cumplir con los "deberes" que tiene el país se deberán hacer algunos cambios normativos que se prevén promover el próximo año, según publica El País de Uruguay.

Entre ellos figura el transparentar el beneficiario final de las sociedades y fideicomisos uruguayos. En esto, la figura de los contadores, según Bergara, cobrará mayor dimensión y tendrá más responsabilidades a la hora de reportar operaciones sospechosas.

También se buscará tipificar los delitos fiscales como precedentes de lavado de activos (por ejemplo la evasión de impuestos será considerada precedente de lavado), lo que prevén que aporte más información.

Ya el presupuesto incluyó un incremento de fondos para la creación de una unidad de análisis dentro de la UIAF para que no solo opere de forma reactiva cuando reciba una denuncia sino que realice investigación propia. Asimismo, el presupuesto uruguayo previó la creación de una Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que tendrá, entre otras, la potestad de "practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados" en caso de que existan indicios de posibles operaciones ilícitas.

Asimismo le da potestad para exigir documentación y en caso de no recibirla podrá sancionar a los agentes.