El fallo de la Corte Suprema tomó por sorpresa a Miguel Galuccio, ya que se dio en uno de esos momentos en el que menos se lo esperaba. 

Iba caminando cuando se le consultó -para saber su opinión- y apenas pudo articular una escueta respuesta. 

El director de YPF terminaba de disertar en un congreso promovido por Techint cuando fue interpelado por algunos de los allí presentes quienes, enterados de la noticia, querían saber cómo iba a responder YPF ante la sentencia que la obliga a hacer públicas las cláusulas del acuerdo con Chevron. 

"No puedo decir nada", se limitó a contestar Galuccio.

La misma respuesta llegó desde el seno de la petrolera ante la consulta de iProfesional. Es que la sentencia también causó el asombro de todo el departamento jurídico de la compañía. 

La decisión de la Corte -basada en un amparo presentado por el senador socialista Rubén Giustiniani- vuelve a poner la lupa sobre las "cláusulas secretas" del contrato con la petrolera estadounidense. 

Es decir, obliga a revelar las facilidades que le habrían sido otorgadas a Chevron para que lleve a cabo una inversión millonaria en Vaca Muerta -destinada a extraer hidrocarburos no convencionales- y sobre las cuales hace dos años que se agitan sospechas.

La decisión de la Corte busca ponerle fin al secreto que rodea lo pactado por ambas compañías. Y, por cierto, golpea de lleno al relato oficial.

Sucede que en los últimos dos años el Gobierno no sólo negó la existencia de concesiones "a medida" de la estadounidense sino que, además, puso todos sus esfuerzos para posicionar a YPF como el símbolo del estatismo y de la soberanía energética.

"La Corte Suprema salió a decir que no existen los privilegios para el Gobierno. Y que no puede continuar haciendo y deshaciendo a su antojo aspectos que son clave en materia energética. El contrato con Chevron es uno de los puntos más oscuros de esta gestión", aseguró a iProfesional Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación.

El ex funcionario no oculta su enojo por lo que considera una falta grave del kirchnerismo, que es "haber llevado a YPF a manejarse en silencio y omitiendo datos, algo que jamás había pasado a lo largo de su historia". 

En su visión, viene a corregir un error hecho adrede y a medida para YPF, al momento de ser reestatizada: cuando fue redactada la ley de expropiación se incluyó un artículo (el número 15) por el que se dejó a la petrolera fuera de la órbita de la Auditoria General de la Nación (AGN). 

Con esta maniobra, "fue liberada del monitoreo de sus movimientos y de sus finanzas y se avaló la existencia de información pública vedada", sostuvo Lapeña.

Las cláusulas de la discordiaLas cláusulas que favorecen a Chevron fueron expuestas por iProfesional en octubre de 2013, en un artículo que detallaba la "letra chica" que no había sido dada a conocer. 

Entre las más controvertidas se destacan:

• Ley aplicable: en caso de incumplimiento o de eventuales disputas, regirá la normativa de la Ciudad de Nueva York y no la Argentina.

• Resolución de conflictos: en caso de que se suscitaren controversias entre las partes, la jurisdicción no sería la de los tribunales argentinos sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.

• Depósito en garantía: YPF depositará -en sucesivas semanas- u$s100 millones en un banco de los EE.UU. en concepto de "escrow". Chevron podrá, eventualmente, cobrarse de esa cuenta parte de las utilidades del negocio.

Pero el ítem que genera más polémica es el que se refiere al escenario que se abre en caso de que la actividad en el país no le sea rentable o la firma estadounidense pierda su interés. 

En este caso, Chevron podrá: 

• Retirarse de Vaca Muerta sin penalización alguna. 

• Continuar recibiendo regalías de todos aquellos pozos que alcanzó a poner en marcha antes de su retirada.

Uno de los más críticos de la forma en que la gestión kirchnerista manejó la negociación es Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), quien se manifestó convencido de que la revelación del contrato "puede derivar en un escándalo".

"Cuando se exponga el acuerdo se conocerá cuántos millones de dólares han ido saliendo del país, en momentos en los que escasean las divisas. Para el Gobierno, el costo político derivado del fallo de la Corte es altísimo. Es un acuerdo firmado con la lapicera de los años 90, cuando siempre buscó diferenciarse de esa década", argumentó. 

Dicha organización presentó en 2013 una demanda contra la presidenta Cristina Kirchner por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tentativa de contaminación ambiental a raíz del pacto con Chevron.

Un referente del mercado petrolero argentino aseguró a iProfesional que existe otra cláusula sumamente polémica: corre por cuenta y orden de YPF el eventual "costo ambiental" que pudiera generarse producto de la actividad que lleva a cabo la compañía estadounidense en la Patagonia.

Impacto políticoAlieto Guadagni, otro ex secretario de Energía, remarcó a iProfesional que el fallo de la Corte tomó por sorpresa a todo el sector: "Es razonable y claramente tendrá incidencia política por los días electorales que estamos viviendo".

"Una empresa no tiene por qué tener acuerdos secretos, que hasta son desconocidos por la mayoría de sus accionistas. En este caso, cuando hablo de esto me refiero a todos los argentinos", aseguró.

Emilio Apud, otro importante referente del sector, sostuvo que con esta sentencia se "termina con el privilegio de la petrolera de no tener que mostrar los papeles" de los negocios que lleva a cabo.

Este experto pone en duda la presencia de Chevron en la Argentina en caso de que la estatal argentina no le hubiese otorgado concesiones a medida. 

"Se avaló que se lleve las regalías, se le concedió exenciones impositivas. Todo esto sin que haya monitoreo de un organismo de control. Evidentemente, había cosas que ocultar", dijo.

Según Apud, la Corte Suprema puso fin a "una operatoria políticamente incorrecta".

"El fallo es claro en que cuando el Estado adopta formas societarias de tipo privado debe, de todas maneras, atenerse al decreto de acceso a la información pública, explicó Diego Fargosi, del estudio Fargosi & Asociados. 

Y completó: "Es un precedente para situaciones similares que podría aplicarse a cualquier empresa pública (también de las provincias) que utilice formas de derecho privado".

¿Vaca Muerta en jaque?

A ojos de los analistas, el fallo de la Corte pone sobre el tapete las ventajas comerciales de Vaca Muerta y abre un manto de dudas sobre la posibilidad de que el país pueda alcanzar el autoabastecimiento en el corto plazo.

Afirman que el hecho de ponerle fin a los acuerdos secretos le quita margen de maniobra a YPF a la hora de querer tentar a otras empresas recurriendo a la elaboración de cláusulas a medida.

En este sentido, Lapeña afirma que la sentencia "ejercerá influencia directa en el modo en que se gestionen futuros convenios", al tiempo que planteó el interrogante sobre las implicancias que pudiere tener en Vaca Muerta, la "joya energética" argentina. 

Afirmó que se han puesto todas las fichas en Neuquén (para el desarrollo de petróleo y gas no convencional) pero que la baja del crudo a nivel mundial ha tornado casi inviable la operatoria. 

“El nuevo Gobierno, a partir del fallo de la Corte en torno a los movimientos de YPF, necesariamente tendrá que reenfocar la política petrolera y energética del país", aseveró.

"Además de transparentar lo que ocurre con la empresa estatal también habrá que discutir si tantas facilidades, como las otorgadas a Chevron, realmente marcan una diferencia a favor del país. Yo, al menos, considero que no", concluyó.

El descargo de YPF

En septiembre de 2012, ambas empresas firmaron un memorándum de entendimiento para "explorar oportunidades de desarrollo de hidrocarburos no convencionales" en Vaca Muerta. 

Además, la estadounidense sostuvo su interés en asociarse con YPF para el desarrollo de un clúster no convencional que la estatal argentina planeaba en ese yacimiento. 

Tres meses después (diciembre 2012) se rubricó ese pacto en Houston, Texas, sede de la multinacional, firma que sirvió para dar inicio a la sociedad. 

En ese momento, Galuccio anunció la puesta en marcha de un "joint venture" por u$s1.000 millones pero se encargó de aclarar que si bien se apuntaba a una participación igualitaria de ambas firmas " no podemos precisar el número exacto".

"YPF le otorga a Chevron un derecho de exclusividad por cuatro meses, para negociar términos y condiciones por los cuales YPF cederá el 50% de participación en las áreas de Loma de la Lata Norte y Loma Campana, en Neuquén", señaló la compañía.

El entendimiento fue del tipo "farm-in": la Argentina aportaba la concesión y ambas empresas compartían los costos de exploración y explotación, know-how y tecnología. 

Meses después (julio 2013) se firmó el convenio definitivo con la gigante estadounidense. Curiosamente, para Cristina Kirchner y Axel Kicillof era "una muestra de soberanía". 

Pasaron algo más de dos años. Durante la tarde de este martes, la petrolera emitió un comunicado para referirse a lo dictaminado por la Corte, en el que informó que cumplirá con la decisión judicial de acuerdo con la normativa vigente.

Sin embargo, sostuvo que según la ley 26.741, "la empresa opera como una sociedad anónima abierta, no siéndoles entonces aplicables legislación o normativa que reglamente la administración, gestión y control de empresas en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación". 

Remarcó además que, tiempo atrás, "la justicia nacional de primera instancia en lo Contencioso administrativo Federal y la Cámara de dicho fuero habían entendido que no se encontraba alcanzada por el decreto de acceso a la información pública (...) y, por ende, no correspondía acceder a la entrega del contrato celebrado con Chevron".

A partir de ahora comienza a tejerse otro capítulo de esta controvertida historia. 

Y cuando se hagan públicas las cláusulas, posiblemente el relato este ahí lejos, en Santa Cruz, preparado para mostrar las bondades de haber pactado con la gigante estadounidense en pos de recuperar la soberanía energética para "todos y todas".