En plena transición hacia el cambio de mando, el presidente electo, Mauricio Macri, no esperó al 10 de diciembre para resolver uno de los temas más complejos que hereda de la gestión kirchnerista. Uno de ellos el desarme del "otro cepo", el de las importaciones. 

Según pudo saber iProfesional, una misión conformada por un cuerpo de técnicos de confianza del nuevo jefe de Estado comenzará a negociar esta misma semana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para lograr posponer la entrada en vigencia del fallo que en enero pasado había condenado a la Argentina a levantar el 1° de enero de 2016 el controvertido sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). 

El objetivo del nuevo Gobierno es simple y concreto: lograr un waiver o "período de gracia" de seis meses para no tener que desarmar, de un día para el otro, todo el andamiaje que actualmente restringen las importaciones. 

La razón por la cual Macri pretende la contemplación de la OMC se basa en una cuestión central: recibirá un Banco Central prácticamente vaciado de reservas.  

Así, con una caja sin resto y hasta tanto no lleguen dólares frescos -principalmente de los sojeros, que esperan un cambio en la alícuota de las retenciones o en el tipo de cambio para liberar la cosecha- el verano que tendrá que atravesar no será fácil en materia de disponibilidad de divisas. 

El desafío que tiene por delante la misión ante la OMC no es sencillo. Cabe destacar que este mismo organismo había fallado en contra del país tras una demanda por prácticas desleales, originadas en épocas en que Guillermo Moreno era secretario de Comercio Interior. 

La denuncia había sido presentada inicialmente nada menos que por Estados Unidos, la Unión Europa y Japón. Para peor, a estos "peso pesados" se les sumaron otras 15 naciones en carácter de “afectadas”, tales como India, Canadá, Suiza y, paradójicamente, el país que más ayudó en los últimos meses al BCRA a sostener reservas: China. 

El fallo considera que las actuales DJAI constituyen una clara "restricción" al ingreso de bienes del exterior y, por lo tanto, conforman una práctica incompatible con el comercio internacional.

El fallo sin dudas condiciona a la administración macrista a la hora de fijar cualquier herramienta que tenga como objetivo el control de las operaciones aduaneras. 

En este contexto, lograr el waiver resultará fundamental para la nueva gestión si pretende minimizar los sobresaltos cambiarios durante sus primeros meses. 

Sucede que, en caso de que no se acate el fallo o que las modificaciones realizadas sobre las operaciones aduaneras no satisfagan a los países litigantes (Estados Unidos, la Unión Europa y Japón), entonces la Argentina podría sufrir duras sanciones.

En general, en esos casos la OMC permite imponer como represalia medidas arancelarias. Los productos nacionales que ingresan a esos tres mercados se verían encarecidos y esto dificultaría su acceso.

Según había trascendido, los denunciantes consideran que han visto afectadas sus exportaciones por entre un 20 y un 30% del total de lo enviado hacia la Argentina. En base a ese rango, entonces las sanciones plausibles podrían ser, como máximo, de u$s6.500 millones anuales. 

Consultado por iProfesional, Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, consideró que "al tratarse de una nueva gestión y que tiene un perfil más pro mercado, entonces es de suponer que la OMC podría dar el visto bueno y otorgarle un plazo al Gobierno argentino para la adecuación". 

"Es común que en estos casos el organismo no se niegue a dar una prórroga. Tal vez no sea de seis meses. Es probable que si negocian, terminen consiguiendo unos tres meses, pero igualmente es un lapso vital para pasar el verano", acotó. 

Ponce es uno de los referentes del comercio internaconal que viene señalando que la alternativa más viable para desarmar el "cepo" importador y todo el sistema de DJAI es, justamente, la que permita una salida ordenada.

Su postura se enfrenta a otras voces, como la del analista Félix Peña, quien afirmó recientemente que solicitar un plazo ante la OMC daría una primera imagen negativa y que había que acatar el fallo sin cuestionamientos. 

Sin embargo, Ponce consideró que, en un escenario marcado por la escasez de divisas y en momentos "en que no están los dólares que necesita el país para producir, esta última no sería la opción más realista".