Trabajadores y funcionarios jerárquicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) expresaron su preocupación por el efecto del fallo de la Corte que ayer le ordenó al Gobierno devolverle a tres provincias fondos coparticipables.

Según advirtieron, la decisión del alto tribunal dejará al organismo fiscal sin ingresos suficientes para pagar los salarios de los 23.000 empleados de la DGI, la Aduana y la Dirección de la Seguridad Social. El faltante sería de $600 millones mensuales

Esto se debe a que la Corte declaró la inconstitucionalidad de varios artículos del decreto 1.399/01 del Poder Ejecutivo Nacional, que establecían una deducción del 1,90% de la recaudación neta total de los tributos nacionales, antes de repartir la coparticipación. Y de ese porcentaje, la AFIP -a cargo de recaudar dicha suma- se nutrió todos estos años para pagar los salarios de sus empleados.

Al respecto, la alternativa sería que la AFIP vuelva a depender en términos administrativos del Tesoro Nacional con una partida asignada por el Ministerio de Economía.

No sólo los funcionarios actuales están preocupados: también Alberto Abad, candidato a volver a ocupar el cargo de administrador federal, comenzó a analizar la cuestión apenas se conoció el fallo.