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Desde hace por lo menos dos años existe una guerra declarada entre comercios gastronómicos y hoteles contra las emisoras de tarjetas de crédito
30/11/2015 - 10:41hs

Los turistas que este año elijan pasar sus días de vacaciones en alguna de los balnearios de la Costa Atlántica se podrían llevar la sorpresa de tener que viajar con más dinero en efectivo que el necesario o de utilizar los cajeros automáticos en más oportunidades que las deseadas para cubrir los gastos que les demandarán ese periodo de descanso.

Ocurre que desde hace por lo menos dos años existe una guerra declarada entre comercios gastronómicos y hoteles contra las emisoras de tarjetas de crédito que se reitera cada vez que se acerca la temporada veraniega. La disputa tiene que ver con las comisiones que, según los bares y restaurantes, les cobran las emisoras de dinero plástico por el servicio. Localmente, ese monto llega al 3% de lo vendido por operación cuando en otros países como Estados Unidos o en Europa llega al 0,5 por ciento.

De hecho, un trabajo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) que evalúa los costos impositivos que pesan sobre el sector revela que el gasto de operar con tarjeta de crédito que deben afrontar sus socios ronda entre el 10% y el 20% dependiendo de la jurisdicción "y de estar o no en el padrón de riesgo fiscal".

El documento de la organización que agrupa a los empresarios gastronómicos y hoteleros del país identifica varios costos impositivos que deben abonar bares, hoteles restaurantes que van desde el arancel de la tarjeta de crédito, pasando por el IVA, retenciones a Ingresos Brutos, tasas financieras, impuesto a los débitos y créditos, entre otros.

Ante la queja de sus asociados por el cúmulo de costos a pagar, fuentes de Fehgra estimaron que este verano el 80% de los bares, restaurantes y hoteles de la Costa Atlántica, con Mar del Plata a la cabeza, no aceptarán el pago con tarjeta de crédito.

La mayoría se manejará con dinero en efectivo o con tarjeta de débito, instrumento que están obligados a aceptar por ley ya que los clientes perciben el 5% de devolución.

Para los turistas el no uso de la tarjeta de crédito representará un verdadero problema, ya que deberán recurrir a sacar dinero de los cajeros automáticos, escasos en las zonas balnearias, para lo cual es necesario armarse de paciencia para soportar largas colas. La situación generará también malestar entre aquellos que tendrán que perder algunas horas de playa y mar por estar haciendo una fila para sacar dinero de los cajeros. Y quejas que llegan a las ONG que defienden los derechos de los consumidores.

Si bien el "sólo efectivo" favorece la evasión fiscal, en Fehgra se defienden asegurando que la falta de bancarización tiene que ver con "los altos costos que pagamos y que la mayoría de la gente desconoce". Además de aclarar que las empresas de tarjetas suelen liquidar los pagos a los comercios con más de 20 días de retraso y de quejarse de la "alta comisión" del 3%, recuerdan que el costo que se torna "inmanejable" es el impositivo.

"Cuando todo tendría que apuntar a la mayor bancarización de las operaciones, los distintos fiscos, el nacional primero y los provinciales detrás, imponen diversos regímenes de retención, generando además el padrón de Riesgo Fiscal, que aún cuando por su título no debería afectar al cumplidor, su incorporación es muy frecuente, aumentando considerablemente Ingresos Brutos y generando saldos a favor de imposible recupero", dice el trabajo de Fehgra publicado por El Cronista.

"Lo más claro es mirar una liquidación de cualquier tarjeta de crédito donde en cada lote se ven cuatro ítems, la comisión; IVA; Ganancias e Ingresos Brutos, y luego su neto acreditado en la cuenta bancaria vuelve a padecer el Impuesto a los Débitos y una nueva retención de Ingresos Brutos, el Sircreb. Algo inimaginable en cualquier otro país", agrega el informe.

A cambio, los empresarios piden una menor comisión, similar a la que se paga en Estados Unidos o Europa, además del pago de un IVA diferencial que se aplica en el resto de América latina a este tipo de servicios. De hecho, existe una ley sobre este tema sancionada en el año 2000 pero que nunca fue reglamentada por lo cual no se aplica en la actualidad.

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