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Santa Cruz: no hay dinero para sueldos, el rojo fiscal es de $5.000 M y hay un Ministerio tomado

Alicia Kirchner anunció que implementará por decreto un "reordenamiento" de la administración pública. En Río Gallegos declararán emergencia económica
29/12/2015 - 14:44hs
Santa Cruz: no hay dinero para sueldos, el rojo fiscal es de $5.000 M y hay un Ministerio tomado

La gobernadora de Santa  Cruz, Alicia Kirchner, anunció que implementará por decreto un "reordenamiento" de la administración pública y confirmó que los ingresos propios no alcanzan para pagar los salarios, mientras avanzan los despidos y hay un ministerio tomado desde antes de Navidad. 

En simultáneo, el intendente opositor de Río Gallegos, Roberto Giubetich, anunció la declaración de emergencia económica para la capital provincial debido a las necesidades financieras urgentes que no podrá afrontar con recursos propios. 

Kirchner firmó un decreto que contempla la realización de una auditoria de los trabajadores de la Administración Pública provincial: "Hoy no sabemos a ciencia cierta cuántos son", sostuvo la gobernadora.

Tanto Kirchner como el macrista Giubetich acusaron por la crítica situación del fisco a sus antecesores, por mala administración del erario público e ingreso indiscriminado de personal a la plantilla de trabajadores.

En ambos gobiernos los ingresos totales por recaudación tributaria propia y Coparticipación Federal de impuestos no alcanzan para pagar los salarios de los empleados públicos, por lo que podría haber tensión social este verano. 

La deuda estimada por Giubetich sólo para Río Gallegos es de 1.500 millones de pesos, con un déficit mensual -sólo por el pago de sueldos- de unos 40 millones de pesos

Con ingresos de personal hasta el último día, obras pagadas también el 9 de diciembre sospechadas de sobreprecios y faltante en el patrimonio municipal, el intendente anunció que se pondrá en revisión todo lo actuado en los últimos seis meses.

Alicia Kirchner deberá afrontar un rojo fiscal estimado para 2015 de unos 4.600 millones de pesos, además de un faltante de 300 millones de pesos para cubrir los sueldos, que provendrían de una ayuda extraordinaria del Gobierno nacional. 

La gobernadora además debe responder al reclamo de quince municipios de la provincia que también tienen sus arcas vacías y con rojos fiscales que superan en algunos casos al presupuesto de todo un año.  

Hasta el 10 de diciembre, con un Gobierno nacional afín, tanto el gobierno provincial como los municipios que eran kirchneristas (ocho) recibían asistencia financiera en forma directa por parte de Nación.

Hasta el momento no ha existido confirmación alguna por parte de las autoridades nacionales que habrá asistencia para que Kirchner y los intendentes puedan abonar los salarios de diciembre, a principios de enero. 

Ante el escenario de emergencia financiera, cuatro de los cinco intendentes de Cambiemos se reunieron días atrás con el viceministro del Interior, Sebastián García De Luca, para pedir auxilio directo.   

Los cuatro jefes comunales ganaron localidades que eran asistidas en forma directa por el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner, por lo que la idea es que por ahora se continúe con ese mecanismo.  

No obstante, De Luca no dio certezas a ninguno de los cuatro jefes comunales que volvieron a sus pueblos con una fuerte incertidumbre que crece con el paso de las horas porque aún no saben si podrán pagar los sueldos. 

Alicia Kirchner, en tanto, enfrenta por estos días varios focos de conflicto, ante la decisión política de no renovar contratos que se vencían el próximo 31 de diciembre: afectará a unos 600 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. 

Un grupo de trabajadores, apoyados por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) tomaron el edificio de la cartera social y permanecen allí desde antes de Navidad: tras un corte de ruta el lunes, se abrió una mesa de diálogo que aún no arrojó resultados positivos. 

Alrededor de unos cien trabajadores se encontraron el lunes con que se les impidió el acceso al Consejo Provincial de Educación cuando se presentaron a cumplir con sus funciones: les notificaron del cese de su contrato. 

Entre los afectados por las cesantías había mujeres embarazadas y trabajadores que hace cuatro años prestan servicios como contratados, con renovaciones que se realizaban cada doce meses en forma casi automática.