El presidente Mauricio Macri convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para la semana próxima con la intención de que se traten los pliegos de los candidatos a completar la Corte Suprema de Justicia y además se avale los nombramientos de los embajadores realizados durante el receso del Poder Legislativo.

Así, el Gobierno apunta a que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti ya estén nombrados como miembros del máximo tribunal de Justicia del país el próximo 1 de marzo, cuando Macri deba dar su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa. O, de no ser posible, que los trámites estén lo más avanzado posible.

"La convocatoria a la Cámara alta es para el jueves 11 de febrero", dijo la agencia oficial Télam citando fuentes gubernamentales. Las sesiones ordinarias del parlamento comienzan el 1 de marzo.

Macri trató de cubrir vacantes en el alto tribunal por decreto, pero encontró fuertes cuestionamientos en la oposición e incluso en el oficialismo, al plantearse dudas sobre la constitucionalidad de la medida.

A poco de que comenzara la gestión de Cambiemos, la oposición -principalmente el Frente para la Victoria- había planteado que se debía convocar a sesiones extraordinarias para evaluar los decretos con los nombramientos “en comisión” de Rosatti y Rosenkrantz para el máximo tribunal. 

En los hechos, esto implicaba que ambos juristas podían asumir como miembros de la Corte Suprema aún sin obtener el acuerdo del Senado por el término de un año.

Pero la cuestión se trasladó a la Justicia, por lo que la jura –que ya tenía fecha- fue postergada. Además, algunos magistrados dieron lugar a amparos para frenar estas asunciones. Para evitar una polémica mayor, Macri decidió seguir los pasos del decreto 222/2003 y esperar a que los postulantes logren el visto bueno de la cámara alta.

Ahora, a negociar

El requisito establecido por Néstor Kirchner -cuando se autolimitó en sus funciones mediante el decreto 222 de 2003- establece que cualquier nuevo integrante de la Corte deberá contar con la aprobación de los dos tercios del Senado (cuarenta y ocho votos sobre setenta y dos integrantes), cifra a la que el oficialismo por sí sólo no llega.

Pero la grieta que se generó en el Frente para la Victoria durante los últimos días en el Poder Legislativo, abrió una puerta para que Macri pueda imponer a sus candidatos. Es que varios defensores del "modelo" impulsado por Cristina Kirchner decidieron -a menos de un mes de iniciar las sesiones ordinarias en el Congreso- pegar el "portazo" para conformar una oposición “menos confrontativa y más responsable” que garantice gobernabilidad.

La fuga se dio en la Cámara de Diputados y podría llegar al Senado, pero aquí el kirchnerismo puro solo tiene cuatro miembros de los cuarenta y cuatro del Frente para la Victoria.

Tras cuestionar los nombramientos en “comisión” de los juristas Rosatti y Rosenkrantz, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, se puso al frente de diversos reclamos de gobernadores peronistas y planteó la necesidad de alcanzar un "acuerdo institucional" con la administración de Mauricio Macri. 

Ofreció a la Casa Rosada el apoyo del PJ a un paquete de iniciativas legislativas en temas sensibles, como la aprobación de los jueces de la Corte nombrados por decreto, el levantamiento de la "ley cerrojo" -que impide mejorar la oferta a los holdouts- y la autorización para tomar nueva deuda, entre otros temas.

"A cambio, nosotros le garantizaríamos al Gobierno la aprobación de varios temas, que podría incluir la designación de jueces de la Corte, la modificación de la ley cerrojo, un permiso para endeudarse en el exterior, la creación de una agencia federal de lucha contra el narcotráfico y la aprobación del presupuesto 2017", agregó.

De esta manera, el jefe de los senadores peronistas volvió a tomar distancia de la actitud combativa demostrada por los sectores del FPV que responden a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La pelea

La disputa por los nombres para ocupar los cargos en el máximo tribunal de Justicia comenzó luego de se conociera la renuncia de Eugenio Zaffaroni, a fines de 2014. Esto provocó que se redujese a cuatro la cantidad de miembros del máximo tribunal, en lugar de los cinco estipulados por la ley. 

En aquel momento, la oposición encabezada por el macrismo logró unir a casi todos bloques antikirchneristas, quienes prometieron no tratar el pliego de ninguno de los candidatos impulsados por Cristina Fernández de Kirchner. Así, pasaron al olvido las postulaciones de Roberto Carlés, Juan Sesín y Eugenio Sarrabayrouse.

El triunfo de Cambiemos alteró los planes del kirchnerismo, que se veía victorioso y creía que el candidato de su partido, Daniel Scioli, sucedería a Fernández de Kirchner.

El macrismo, ahora oficialismo, debía postular a dos candidatos ya que el juez Carlos Fayt renunció a su cargo en el máximo tribunal el pasado 11 de diciembre. 

El 14 de diciembre, Macri designó a Rosenkrantz y Rosatti como jueces "en comisión" de la Corte Suprema. Esto significaba que iban a ocupar inmediatamente el cargo, aún sin acuerdo del Senado, que tendría todo el 2016 para avalar los nombramientos.

Dos días después, el Ejecutivo publicó las postulaciones en el Boletín Oficial dándole inicio a los tiempos reglamentarios de consulta pública establecidos por el Decreto 222/2003 para la designación de jueces de la Corte.

Tras la postulación oficial, el Ejecutivo obtuvo 7.595 presentaciones y opiniones respecto de los candidatos hechas por organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos.

A principios de esta semana, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz.

De acuerdo con el Reglamento del Senado, los pliegos deberán ser ingresados formalmente en sesión pública del pleno de la Cámara y, durante los dos días siguientes, ser publicados en los medios. Es decir, el Poder Ejecutivo debe convocar a sesiones extraordinarias o esperar al 1 de marzo.

Quince días después, la Comisión de Acuerdos del Senado debería realizar las audiencias públicas previstas y, luego, enviar los pliegos al recinto de sesiones para que sean aprobados con los dos tercios de los votos positivos de los presentes.

Si no obtiene esa mayoría especial, se considerará que fueron rechazados por la Cámara alta.

El Ejecutivo también debería pedir durante las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo en 10 días el retiro de los pliegos de Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín, postulados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el 28 de octubre del año pasado.

En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia está compuesta por los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, luego de la renuncia de Carlos Fayt el 11 de diciembre del año pasado.