Desde el Gobierno se pretende convencer de que no hay tope oficial para negociar subas de salarios, pero al mismo tiempo el mensaje es que hay que confiar en que la inflación de todo el año se ubicará entre 20 y 25%, tal como lo estipula la meta anunciada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.

Desde parte del sindicalismo, donde proyectan reclamar subas mayores para recuperar poder adquisitivo, se responde con la posibilidad de un camino intermedio: que haya acuerdos por seis meses en lugar de por un año, o incluso por menos tiempo, para monitorear qué pasa con la capacidad de compra de los ingresos.

Desde las empresas líderes de mercado, y al menos según los datos de la encuesta permanente de SEL Consultores hecha en enero, se admite que se presupuestó un aumento de 30% en el monto destinado al pago a los empleados.

Pero éste último no es un dato con el que se identifiquen todos los empleadores.

Entre ellos hay muchas diferencias, como las que se dan también entre asalariados: un segmento de asalariados está expectante por los cambios en el Impuesto a las Ganancias, luego de años en los que la carga fiscal afectó fuertemente y en forma creciente sus ingresos, por la desactualización del esquema y por las distorsiones que crearon las últimas medidas del kirchnerismo.

En el universo de asalariados, claro, eso es algo que para muchos no tendrá impacto por cobrar salarios más bajos.

De la mano de la meta de una inflación que baje hasta llegar a 5% en 2019, se plantea el objetivo de que cada año los sindicatos acepten una suba inferior a la del anterior.

La credibilidad y la confianza serán elementos vitales, según puntualizan los economistas Marcelo Capello y Vanessa Toselli del Ieral, de Fundación Mediterránea, quienes en un trabajo estimaron las fuertes diferencias en los efectos que puede haber de una reforma en Ganancias, según cuáles sean las modificaciones.

El informe estima también que, en términos de poder adquisitivo, el salario formal promedio se redujo 4% en 2015, tras una caída similar que ya había sufrido el año previo. Mientras tanto, la recaudación del impuesto que pesa sobre los trabajadores creció 10,7% en términos reales, es decir, corregidas las cifras por inflación.

"La tendencia será tratar de firmar acuerdos por seis meses y ahí ver qué pasa", dice Alberto Tomasone, abogado del Sindicato de Empleados de Comercio.

Agrega que ni siquiera se recurriría a la cláusula gatillo para disparar una nueva negociación en caso de que la inflación supere cierto límite durante la vigencia de un acuerdo, sino que directamente la idea es apuntar a vencimientos cercanos en el tiempo para volver a sentarse a negociar. Según trascendió, en los acuerdos "cortos" la demanda gremial podría ubicarse entre 15 y 20 por ciento.

Esa estrategia fue planteada ya por gremios como el docente y por dirigentes como Julio Piumato, del sindicato de judiciales. "Si un gremio hace un acuerdo anual y la desaceleración de la inflación no se produce, el trabajador estará perdiendo", explicó en declaraciones radiales. Incluso el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, dijo que la paritaria corta es una alternativa que no se descarta avalar.

Para Julián De Diego, abogado y representante del sector empresario en varias paritarias, la pretendida reducción del alcance temporal de los acuerdos se suma al reclamo de pago de montos fijos. todo bajo la presión provocada por los aumentos de precios recientes. "El Gobierno cree que la inflación va a ir bajando; por ahora la sensación es que hubo muchos aumentos en diciembre y enero y que se perdió poder adquisitivo", analiza.

"Que suba la luz no es sólo un problema en cada casa, sino que le sube al verdulero y al carnicero y ellos volcarán el mayor valor al precio del producto; si la gente compra menos, el riesgo es la recesión", afirma Tomasone.<

También se refiere a la tendencia de contar con el reclamo de montos fijos como una carta de negociación. Sumas fijas y a manera de una asignación "puente" para negociar luego porcentajes definitivos se dieron este año en gremios como bancarios y aceiteros.

Esos montos sirven para sentar las bases de la negociación posterior, pero si luego las sumas no se absorben de la mano de la aplicación de alzas porcentuales iguales para todos, provocan un achatamiento de la pirámide de ingresos.

Este año, y en términos de lo que llega al bolsillo, es cierto que quienes tienen niveles salariales medios y medio altos podrían beneficiarse por el efecto de los cambios en el Ganancias, aunque eso no haría más que corregir el efecto de mayor carga fiscal sufrido en los últimos años, aun sin mejoras reales en los ingresos.

Los no alcanzados por el tributo, si tienen cargas de familia sumarán, a las mejoras que puedan obtenerse por las paritarias, el alza de las asignaciones familiares, que desde el mes que viene se ajustarán con el índice de movilidad jubilatoria (habrá un próximo aumento de alrededor de 15% por seis meses).

¿Cuál podrá ser el efecto de los cambios en Ganancias? El informe del Ieral muestra diferentes escenarios.

Para un empleado con un salario de $30.000 en 2015 y una suba que lleve esa cifra a $37.500 en el promedio de 2016 (un alza nominal de 25%), podría casi no haber variaciones si la inflación fuera similar y si sólo se dispusiera llevar el salario mínimo gravado por Ganancias a $30.000. Esa es la cifra que anunció el presidente Mauricio Macri, aunque eso fue en 2015 y ahora se estaría analizando un número actualizado.

De todas maneras, que suba el mínimo no imponible sin otros cambios es un escenario poco probable, porque se dijo ya que habrá correcciones a la tabla que define, según el ingreso imponible, qué tasa se aplica.

Según el Ieral, si esos montos se actualizaran por inflación por todo el período en que estuvieron congelados (se fijaron en el año 2000), para el empleado del ejemplo se produciría una mejora de poder adquisitivo de 11,6% si la inflación fuera de 25%, y de 9% si el alza de precios fuera de 28%, en el caso de alguien sin cargas de familia.

Para un asalariado casado y con dos hijos a cargo, con ambos supuestos de inflación habría subas del poder adquisitivo de 8,9 y 6,3% en cada caso.

Y si, además de la base imponible y los valores de la tabla, se ajustaran también por inflación las deducciones descontadas del ingreso antes de calcular el impuesto (una medida esperable, que devolvería progresividad al esquema), entonces el efecto positivo en términos de salario real sería de 17,1% si la inflación fuera de 25%, y de 14,4% si los precios subieran este año 28%; esos resultados se dan en el supuesto de un asalariado sin cargas de familia y considerando una suba nominal que lleve el ingreso promedio del año a 37.500 pesos.

Para el tributarista César Litvin, el mínimo ingreso alcanzado por Ganancias debería equivaler a seis veces el salario mínimo (hoy esa cifra sería de $36.360) para quienes no tienen cargas de familia, y a ocho veces esa variable para quienes tengan cónyuge y dos hijos declarados a su cargo ($48.480 actuales).

Respecto de los valores tope de ingresos para estar alcanzado por una u otra tasa dentro de la tabla del impuesto, Litvin señaló a La Nación que las cifras deberían multiplicarse por 15, en línea con la inflación que se acumuló a partir de 2002. Así, se corregiría una falla de la normativa actual, que hace que a la mayoría de los alcanzados se les cobre la tasa más alta, desvirtuando el carácter progresivo del impuesto.